Rigoberto Martín Rodríguez
Expediente 1853/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1853/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rigoberto Martín Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.
- Principal
Glósense a los autos los oficios signados por el Director General y la Coordinadora de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, mediante los cuales informan que el impetrante Rigoberto Marín Rodríguez egresó del Centro Penitenciario a su cargo, al haberse ordenado su inmediata libertad, en virtud de haberse revocado la sentencia condenatoria dictada el siete de octubre de dos mil dos; además, remite las constancias que acreditan su dicho. Del análisis integral de la demanda, pone de manifiesto que, en la especie, el acto que el impetrante Rigoberto Marín Rodríguez, tilda de inconstitucionales en este juicio son: - la negativa de proporcionar la atención médica, por parte del personal médico del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato, así como de los especialistas en oftalmología y nutriología, así como la omisión de proporcionarle el tratamiento médico, suministro medicamentos necesarios y dieta adecuada para atender sus padecimientos. Acto que atribuyeron a las responsables Director General y Coordinadora de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato. Siendo así, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio toda vez que se advierte actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que por ser una cuestión de orden público, debe analizarse en forma preferente y aun de oficio, según lo dispuesto por el numeral 62 del mismo Ordenamiento. El motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de los quejosos, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo de la omisión por parte de autoridad, aun cuando ésta subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En la especie, Rigoberto Martín Rodríguez, acudió al presente juicio, impugnando la negativa de proporcionar la atención médica, por parte del personal médico del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato, así como de los especialistas en oftalmología y nutriología, así como la omisión de proporcionarle el tratamiento médico, suministro medicamentos necesarios y dieta adecuada para atender sus padecimientos, actos que atribuyó a las responsables Director General y Coordinadora de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato. Ahora bien, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, adjuntó las siguientes copias certificadas: 1. Estudio psicofísico del impetrante 2. Oficio SEGOB/CNS/OADPRS/5442/2017 de data veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, por el que autorizó la inmediata liberad del interno Rigoberto Martín Rodríguez, en virtud de haber revocado la sentencia condenatoria dictada el siete de octubre de dos mil dos. 3. Acta de egreso en virtud de que le fue revocada la sentencia condenatoria dentro del proceso penal 113/2001 del fuero común al quejoso Rigoberto Martín Rodríguez, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, al ser documentos públicos, calidad que se obtiene por la existencia de sellos y firmas en su exterior y haber sido expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En este contexto, en virtud de que los actos reclamados precisados con anterioridad, a causa de la orden de egreso en virtud de que le fue revocada la sentencia condenatoria dentro del proceso penal 113/2001 del fuero común al quejoso Rigoberto Martín Rodríguez,, es claro que los efectos perniciosos de los actos de autoridad impugnados, como sería la negativa de proporcionar la atención médica, por parte del personal médico del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato, así como de los especialistas en oftalmología y nutriología, así como la omisión de proporcionarle el tratamiento médico, suministro medicamentos necesarios y dieta adecuada para atender sus padecimientos, no se han concretado en su esfera jurídica, ni se concretarán, en virtud de que el entorno en el cual dichos actos sucedieron, se modificaron, pues en este momento el quejoso ya egresó del Centro Federal en donde, presuntamente, se le negaban los actos que se tildan de inconstitucionales. Por ello, se estima que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia a la que nos hemos referido, pues a pesar de que los actos reclamados subsisten, ya que no existe constancia que demuestre fehacientemente lo contrario, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues el objeto del mismo dejó de existir. En mérito de lo anterior, es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, se dejan insubsistentes las diez horas con trece minutos del dos de mayo del año en curso, señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Lo que antecede, hágase del conocimiento de las autoridades responsables y por medio de lista al impetrante, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, en relación con la manifestación que hacen las autoridades responsables en sus oficios, en el sentido de que no se imponga el apercibimiento decretado en autos, dígaseles que por única ocasión, no se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente para hacer efectiva la multa que les fue impuesta en el presente juicio, y se les conmina para que en lo subsecuente atiendan en tiempo y en debida forma los requerimientos que se les formulen, para no caer en obstáculos innecesarios que entorpecen la prosecución del procedimiento.
- Principal
Del análisis del sumario se advierte que las autoridades responsables, han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión de plano decretada en autos, y, que ante la desobediencia mostrada por parte de las responsables en proveído de ocho de febrero del año en curso, se les impuso a cada uno, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización que ascendió a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional); ahora bien, toda vez que a la fecha las autoridades responsables Director General y Coordinadora de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, no han acatado lo ordenado por este Tribunal, en proveídos de fecha trece y diecinueve de diciembre del año pasado, cuatro y trece de enero, ocho, quince, veintiuno y veintiocho de febrero, tres y dieciséis de marzo del presente año, se les hace efectivo el apercibimiento inserto en dichos autos, por lo que se les impone, por segunda ocasión, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos), monto que resulta de multiplicar cien Unidades de Medida y Actualización, cuyo valor es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional). De autos se advierte que en el auto admisorio se concedió de plano la suspensión, para efecto de que cesara la falta de atención médica que el quejoso alegaba y, consecuentemente, fuera valorado por el personal médico del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS-GUANAJUATO y, además, le fuera proporcionado el tratamiento que en su caso se le prescribiera. Ahora bien, las autoridades responsables, no han dado debido cumplimiento a dicha medida cautelar, ya que no han remitido la tarjeta del suministro del medicamento (aspirina tabletas), por lo que no se puede considerar cumplido el requerimiento. Por ende, se requiere nuevamente a las autoridades responsables para que dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes al momento en que reciban el oficio con trascripción de este proveído, acrediten fehacientemente ante este tribunal (con la tarjeta de suministro debidamente firmada por el amparista), que al quejoso Rigoberto Martín Rodríguez se le suministró el medicamento (aspirina tabletas) prescrito en la nota médicas de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete. Además, acrediten que el impetrante fue atendido por un oculista u optometrista, debiendo remitir todas y cada una de las constancias que así lo acrediten. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro de los tres días siguientes a aquel en el que reciban el oficio con trascripción de este auto, envíen a este juzgado federal copias certificadas completas, legibles y cronológicamente ordenadas de las siguientes constancias: 1. Expediente médico del amparista Rigoberto Martín Rodríguez; y, 2. Kardex de enfermería referente al peticionario de amparo Rigoberto Martín Rodríguez, o cualquier otro documento, con independencia de su nombre, con el que se demuestre cuáles son los medicamentos que se le han administrado a lo largo de su estadía en el centro de reclusión. APERCIBIMIENTO. Se les apercibe de que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, se les impondrá una nueva multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE ESTE AÑO. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Fernanda Goretti Ávila González, que autoriza. mmam
- Principal
Glósese a los autos el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, además se ordena dar cuenta con los mismos en la audiencia constitucional Como lo solicita la fiscal, expídasele copias autorizada de la sentencia que en su momento se pronuncie en el presente juicio.
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