Rigoberto Manuel Meza García

Expediente 749/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
749/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Rigoberto Manuel Meza García
  • Sindicatura Municipal de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Sin que pase desapercibido que no obra el talón de notificación del tercero interesado Sindicatura Municipal, con sede en Tijuana, Baja California, toda vez que en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, no se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA RIGOBERTO MANUEL MEZA GARCIA, EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el juicio contencioso administrativo 1681/2016 S.S., para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: La omisión de emitir resolución dentro del expediente 1681/2016 S.S., del índice del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, el uno de febrero del presente año, la autoridad responsable emitió la resolución cuya omisión aquí se reclama (fojas 66 a 100); por lo cual, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con el dictado de la determinación reseñada, con lo cual el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con el número de registro 250438, cuyo título y contenido dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." De igual forma, se estima aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan ONCE HORAS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, como nueva fecha para su celebración. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis XXVII.3o.7 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil cuatrocientos cincuenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el uno de febrero del presente año, se aprobó la resolución relativa al recurso de revisión promovido en el juicio 1681/2016 S.S., por lo que una vez que quede debidamente integrado remitirá copia certificada del mismo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.

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