Rigoberto Lopez Salas
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rigoberto Lopez Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio de ejecutoria. Agréguese a los presentes autos el oficio 632/2022-A de cuenta suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la resolución dictada en sesión de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión administrativo 598/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, en este juicio de amparo, en el cual se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por RIGOBERTO LÓPEZ SALAS, contra los actos y autoridades precisados en el considerando IV de la sentencia recurrida, por los motivos señalados en la presente ejecutoria." Acúsese recibo de lo anterior al tribunal oficiante. Glósese el cuaderno de antecedentes con sus actuaciones al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse voluminoso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese por oficio al citado órgano colegiado, a las autoridades responsables y por lista las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de abril de dos mil veintiuno. Interpone recurso de revisión. Agréguese el escrito de cuenta suscrito por el autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de abril de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte ocursante interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. En su oportunidad, remítanse los autos del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole además original y copia del escrito de expresión de agravios. En la inteligencia de que dicha remisión deberá efectuarse una vez que en el expediente obren las constancias necesarias para ello. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Notificaciones Electrónicas y acceso al expediente electrónico. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta que suscribe el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita nuevamente el acceso al expediente electrónico; en consecuencia, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, nuevamente se autoriza el acceso para consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, con nombre de usuario "********************", así como para imponerse de los autos, para ser notificado electrónicamente, y presentar promociones y recursos por así haberlo solicitado Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario Juan de Dios Velasco Romero, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veintisiete minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por dos de las autoridades responsables. Ahora, dada la naturaleza del acto reclamado, no se advierte la existencia de terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la quejosa junto con su demanda, así como la confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofertada por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 87/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno, a este juzgado de Distrito el dos de febrero siguiente, Rigoberto López Salas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en esta ciudad, y otras autoridades. En ocho de febrero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año. Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año. Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justiciado por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto. Si bien la autoridad responsable Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (antes Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del citado instituto), al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, también lo es que de su contenido se advierte la certeza del mismo. La autoridad responsable Subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, omitió rendir su informe justificado a pesar de haber sido legalmente notificado para ello8, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con la copia auténtica de los documentos relativos a las Actas del Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año, del Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año, y del Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año9, que adquieren el carácter de documentales públicas y, por tanto, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: por revocación; y, Por sustitución El primer supuesto -revocación- se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto -sustitución- se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto de los actos reclamados se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Esto es así, toda vez que la quejosa presentó la demanda de amparo que nos ocupa el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, combatiendo el Acuerdo J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año, el Acuerdo N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año, y el Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año. Ahora, del contenido de dicha demanda se advierte que la parte quejosa señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de su demanda, lo siguiente: Que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (acta 672), ordenó en un principio que ese incremento fuera por un 4%, para lo cual aplicó el parámetro del aumento salarial pactado con los trabajadores estatales. Luego, en el mes de marzo del dos mil veinte, aplicó un 3.8% adicional (Acta 700). Finalmente, el quince de julio de dos mil veinte (acta 705), ordenó corregir lo ordenado en el año dos mil diecinueve. Siendo que, como lo refiere la autoridad responsable, mediante acta 708 de la sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil veinte, se autoriza el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte, que se encuentra corroborado con las copias certificadas del mismo que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que mediante acta 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la cual se aprobó por unanimidad el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del instituto, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio dos mil diecinueve, por el periodo de enero a septiembre de dos mil veinte, por lo que con tal actuación sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, este último, como ya quedó precisado, se actualizó mediante actas 672/08 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 700 de siete de febrero de dos mil veinte, y 705 de quince de julio de dos mil veinte, por lo que no se puede entrar al estudio de fondo del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica imperante para la quejosa ante la autoridad responsable; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituidos los acuerdos J.D.S.O. 672/08, N°7.III.Bis-2020-SO- 700, y N°5.1-2020-SE-705, por el diverso acuerdo N°8.X-2020- SO-708, de treinta de septiembre de dos mil veinte y, en vía de consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. VI. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rigoberto López Salas, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el capítulo IV, precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado V. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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