Rigoberto Juárez Solís
Expediente 841/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rigoberto Juárez Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS EL OFICIO DEL SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL QUE ACOMPAÑA DOS ANEXOS CONSISTENTES EN LA CERTIFICACIÓN DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, Y RESOLUCIÓN DE DIEZ DE ENERO DEL AÑO EN COMENTO, MISMA QUE YA FUE ACORDADA EL VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. ACUSES RECIBO. LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, E INFORMESELE QUE EL VEINTIUNO DE OCTUBRE PASADO, E INFÓRMESELE QUE EL VEINTIUNO DE OCTUBRE PASADO, QUEDÓ FIRME LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 96/2020, QUE DESECHÓ EL RECURSO DE MÉRITO. FINALMENTE, Y TODA VEZ QUE SE TUVO POR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL FEDERAL DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE DERECHOS, ADEMÁS DE NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO; POR OTRA PARTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, 14 Y 21, INCISO D), DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE; EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO CITADO.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el presidente de este este órgano federal. Con fundamento en los artículos 81, fracción II; 86, 88, 89 y demás relativos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da trámite al recurso de revisión interpuesto por el quejoso; en consecuencia, distribúyanse las copias del escrito de agravios entre las partes. Ahora bien, en atención a la Circular 11/2014-AGP SEPTIES, de quince de febrero de dos mil diecinueve, se hace la precisión que en el presente asunto no subsiste una cuestión propiamente constitucional. En mérito de lo anterior, en su oportunidad, VÍA MINTERSCJN, remítase la demanda de amparo, la resolución recurrida, el escrito de agravios correspondiente, así como las constancias que permitan analizar tanto la oportunidad del recurso, como la legitimación procesal del recurrente. Además, en cumplimiento al Punto Primero, párrafo último, del Acuerdo General Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal, hágase la certificación correspondiente. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte, que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que Rigoberto Juárez Solís, haya impugnado la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, por la cual este tribunal desechó por improcedente la demanda de garantías promovida en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el expediente 624/2019; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En tal virtud, devuélvase el expediente aludido a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE:"A sus autos el oficio del Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; registrado en la oficialía de partes con el número 7642/2019, con el que remite cuaderno de amparo formado con el original del escrito de presentación, demanda de amparo promovida por Rigoberto Juárez Solís, y acuerdo de cuatro de octubre pasado; asimismo, remite certificación en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo; dos copias de la demanda; dos anexos certificados, con copia; nueve diversos anexos, con copia; oficio 2670/2019, con el que la autoridad responsable rinde su informe justificado; y expediente 624/2019; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, debe precisarse, que de los artículos 107, fracciones III, inciso a); V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo; así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar, que de la lectura de la demanda de amparo vista como un todo, y de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte, que seguido el juicio ordinario civil en sus etapas procesales, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, misma que el ahora quejoso señala como acto reclamado. Inconforme con dichas determinaciones, el quejoso promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Luego, como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente, toda vez que en contra de la sentencia que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de apelación, previsto por el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII; 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, los indicados en el escrito de demanda. En el momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la notificación que se ordena.
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