Rigoberto Javier Onofre
Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 02/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rigoberto Javier Onofre
- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de que, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, depúrese el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Incidental
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintiuno. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA IMPOSIBILIDAD Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido vía telegráfica por la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, a través del cual informa la imposibilidad de cumplir con la interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno dictada en los presentes cuadernos incidentales. PARTE QUEJOSA SOLICITA Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, a través del cual solicita se requiera al Tesorero Municipal a fin de dar cumplimiento a la suspensión dictada en los presentes cuadernos incidentales; en tal virtud, dígasele que no ha lugar, toda vez que mediante acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia de amparo que sobreseyó el presente juicio y, por tanto, dejó de surtir sus efectos la suspensión definitiva concedida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de julio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de julio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE II-215/2021, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II- 215/2021, promovido por Rigoberto Javier Onofre, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a)La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. b) Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán. c)Síndico y representante Legal del Ayuntamiento de Cuitzeo, Michoacán. d)Tesorera Municipal de Cuitzeo, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos diversas documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo II-215/2021, promovido por Rigoberto Javier Onofre, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de marzo del dos mil veintiuno veinte, en el buzón judicial, cuyo conocimiento por razón de turno, le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Rigoberto Javier Onofre, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Además, el promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Previa aclaración de la demanda de amparo, por auto de dieciséis de abril del dos mil veintiuno se desechó parcialmente la demanda de amparo, únicamente por lo que ve a los actos reclamados al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, consistente en la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitzeo, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, concretamente el artículo 18, fracción II. Por lo demás, se admitió a trámite la demanda; se requirió su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público Federal; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se combate una norma general autoaplicativa dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La inconstitucionalidad del artículo 18, fracción II, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuitzeo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del dos mil veintiuno, en su carácter de autoaplicativa.. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus respectivos informes justificados, tanto el Congreso, como el Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, así como la Síndico y Tesorera del Ayuntamiento de Cuitzeo, Michoacán, aceptaron los actos que les fueron atribuidos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.- 23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Cabe reiterar que, en el caso, los actos reclamados consisten en porciones normativas de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitzeo, Michoacán; entonces, no es el caso de que se requiera algún tipo de prueba para corroborar su existencia, precisamente porque existe el principio que reza: "la ley no es objeto de prueba". Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que ???? no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Luego, del libelo constitucional y de las constancias anexas ofrecidas como prueba, se advierte la actualización de una causal de improcedencia relativa a que la demanda de amparo es extemporánea, ya que el mismo quejoso aduce que la norma cuya inconstitucional reclama lo hace en su carácter de autoaplicativa, es decir, por considerar le causa afectación a sus derechos fundamentales desde su entrada en vigor. Por tanto, si la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitzeo, Michoacán para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno, fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y conforme al artículo primero transitorio de la referida legislación, la misma entró en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno; el término de treinta días hábiles a que se refiere el artículo 17, en relación con el 18 de la Ley de Amparo, para la fecha en que se presentó el libelo constitucional, esto es, el once de marzo del dos mil veintiuno, ya había transcurrido dicho plazo para la presentación del libelo constitucional. En efecto, los artículos antes relacionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, ??? conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzaran a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." De los preceptos legales antes expuestos se evidencia que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo, contra normas autoaplicativas, es de treinta días contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día de su entrada en vigor. Así, en la especie, la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitzeo, Michoacán, entró en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de los treinta días hábiles para la presentación de la demanda de amparo, empezó a correr a partir del doce de enero del presente año, para fenecer el veinticuatro de febrero de la misma anualidad, por lo cual, si como ya se vio, la demanda de amparo se presentó hasta el once de marzo de año en curso, es inconcuso que se hizo fuera el plazo que la ley establece para ello. Aunado a lo anterior, la norma de mérito, el quejoso no la impugna en su carácter de heteroaplicativa, y aunque en su escrito aclaratorio de demanda manifestó que el acto de aplicación lo hacía consistir en el cobro de la cantidad económica referida en el aviso recibo por concepto de Derecho de Alumbrado Público, en el presente expediente no existe constancia alguna de que el peticionario de amparo hubiere realizado el pago del mismo correspondiente a la facturación del periodo comprendido del diecisiete de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, del servicio número 191130200419, ubicado en San Agustín de Pulque, perteneciente al Municipio de Cuitzeo, Michoacán. Es decir, al no existir un primer acto de aplicación, no se está en condiciones de analizar en todo caso si dicho libelo fue presentado, dentro del plazo de quince días que para tal efecto prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya transcrito; y si la manifestación expresa de la parte quejosa fue la de combatir la inconstitucionalidad de dicha norma como autoaplicativa, es que para analizar la oportunidad de presentación de la misma, debe atenderse, como así se hizo al término de los treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la referida Ley de Ingresos, previsto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, reproducidos en párrafos precedentes. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 177265 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 95/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 328 Tipo: Jurisprudencia LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación. Contradicción de tesis 27/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 27 de mayo de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Tesis de jurisprudencia 95/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de agosto de dos mil cinco." En este orden de ideas, en virtud de que en autos quedó corroborado que el término para la interposición de la demanda de amparo que originó el presente juicio de amparo, excede de los treinta días que para tal efecto establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En consecuencia se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados a la autoridad precisada con antelación. QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. PRECISIÓN DE LA FIRMA FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LA SENTENCIA. Finalmente se hace la precisión de que la presente sentencia se firma de manera autógrafa por el titular de juzgado que la dicta y la secretaria que autoriza y da fe, en la fecha de su emisión, con independencia de que los mismos la firmen electrónicamente con posterioridad únicamente para efectos de su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rigoberto Javier Onofre, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Rigoberto Benito Pérez78/2020
- Rigoberto Bravo Estrada1492/2023
- Rigoberto Bravo Meza235/2019
- Rigoberto García Vaca1495/2023
- Rigoberto González Navarrete910/2016
- Rigoberto Hurtado Alegre949/2022
- Rigoberto Morales Gallegos1087/2022
- Rigoberto o Crisanto Mendoza Contreras481/2022
- Rigoberto Palomares Baeza522/2022
- Rigoberto Rodríguez López1227/2021
- Rigoberto Ruiz Valdez754/2021
- Rigoberto Vega Ochoa y Otros.654/2020