Rigoberto Guzmán Valles

Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Rigoberto Guzmán Valles

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 10235/2023, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, a través del cual hace del conocimiento que mediante proveído de veintiocho de los actuales, dictado dentro de los autos del amparo 702/2023-7, de su índice, avocándose al conocimiento de la demanda promovida por ********************, a favor de********************, en razón de que este Juzgado de Distrito no aceptó la competencia planteada en el presente asunto. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de marzo de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio número 7956/2023 con anexos, enviado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, que contiene inserto el proveído de siete del mes y año en curso, dictado dentro del juicio de amparo ********************, de su índice, formado con motivo del escrito de demanda promovida por ********************, a favor del directo quejoso ********************, contra actos del Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y personal a su mando, con sede en esta ciudad, por el que ese Juzgado de su adscripción, se declaró territorialmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Regístrese en el libro respectivo con el número 381/2023-VII, que es el que cronológicamente le corresponde. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que ante este tribunal se encuentra radicado el exhorto recibido número 160/2023-VIII, formado con motivo de la diversa comunicación oficial enviada 145/2023-A7, con número de orden 164/2023-A7, librada dentro del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, en cuyo asunto se advierte que se requirió la ratificación de la demanda de garantías promovida por ********************, a favor de ********************. En tal razón, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, se ordena glosar la diligencia actuarial de ocho de los actuales, donde se advierte que no se localizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, al directo quejoso ********************, documental derivada del citado exhorto que guarda relación con el asunto que nos ocupa; lo anterior tomando en consideración que este órgano jurisdiccional tiene la facultad de invocar de oficio como hecho notorio, además para que este tribunal se encuentre en aptitud legal de emitir un fallo estrictamente apegado a derecho; se invoca al respecto, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Así como la tesis número I.14o.C.10 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVIII, noviembre de 2003, de la página 971, la cual en su rubro reza: "HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO." Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, no acepta la competencia planteada por el homólogo federal de referencia, por las consideraciones que enseguida se exponen. La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material y que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, del juicio de amparo remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, se advierte que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en la indicada ciudad, el siete de marzo de dos mil veintitrés, el promovente ********************, promovió juicio de amparo indirecto a favor de ********************, en el que, como autoridad responsable y actos reclamados, señaló lo siguiente. Autoridad responsable: Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad; y, Actos reclamados: "Las Órdenes Verbales y Escritas de Privación de la Vida y de Infringir Tormento Psicológico, así como las órdenes de expulsión y destierro de los Estados Unidos Mexicanos y no preservar su Salud, incomunicación, malos tratos, no permitir visitas, estar aislado e intimidando a fin de que no se ampare, pues lo obligan a que no ratifique su amparo. Así mismo nos niegan el acceso a verlo para hablar con ellos personalmente, pues sus familiares y en esta caso su hermana ANABEL GUZMAN VALLES, los buscan desde el día que fueron privados de su libertad, ella tiene conocimiento de su estado de salud delicado y con temor a la atención inadecuada, pues es vulnerable." (sic) Así las cosas, mediante acuerdo de siete de los actuales, el juzgado oficiante determinó carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, a favor del directo quejoso ********************, y ordenó remitir el citado juicio a este órgano de control constitucional, exponiendo, en esencia, los siguientes razonamientos: En el caso, se analizará la competencia por territorio, puesto que del escrito de demanda se advierte que a favor de los quejosos se reclama la deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen; sin embargo de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la promovente del amparo, se advierte que el quejoso se encuentra retenido en la Estación Migratoria del instituto Nacional de Migración de Matamoros, Tamaulipas, por lo que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en específico, no está demostrado, ni indiciariamente, que en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado la orden de retención. Criterio que apoya con la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página 395, de rubro que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS." En virtud de lo expuesto, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver del presente juicio de amparo, toda vez que de la razón actuarial que en esta propia data se agrega al presente asunto, se advierte que el directo quejoso ********************, no se localizó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por lo tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase este expediente al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, para los efectos legales que corresponda. Toda vez que, a consideración de este juzgado, en este momento no resulta dable aceptar la competencia que se plantea, sin que ello se contraponga con las tesis en comento, pues dentro de las constancias que integran el expediente que se recibe, no existe dato objetivo alguno con el cual se acredite que el agraviado directo se encuentra retenido por el Instituto Nacional de Migración, con asiento en la localidad. Por tales consideraciones, se hace procedente que con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal de Control Constitucional, este juzgado no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena devolver al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, el presente juicio de amparo promovido por ********************, a favor de ********************, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, únicamente fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y demás constancias que se consideren necesarias. Sin que haya necesidad de ordenar de manera personal a la parte quejosa o a la autoridad responsable el sentido del presente acuerdo, en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este órgano de control constitucional no acepta la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por ********************, a favor de ********************, contra actos del Delegado o Responsable de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y personal a su mando, residente en esta ciudad; ello, con base en los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. SEGUNDO. Intégrese el legajo de generalidades con copia certificada de la demanda de amparo que se remite, para debida constancia y efectos legales conducentes. TERCERO. Comuníquese esta determinación con devolución de las constancias al Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, para su conocimiento sobre la determinación tomada en relación con la competencia planteada y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.

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