Rigoberto Diaz Elias
Expediente 1259/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
- Rigoberto Diaz Elias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo para interponer recurso de inconformidad en contra del proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el que se determinó que existía imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo protector, sin que se hubiera realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Es oportuno precisar que, aun cuando en la determinación de mérito, este órgano jurisdiccional señaló que el fallecimiento de la parte quejosa actualizaba una imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo protector, lo cierto es que, atendiendo a las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 344/2022, en realidad debió determinarse que el cumplimiento quedó sin materia. Esto es así, dado que el cambio de situación jurídica generado con motivo del fallecimiento de la parte quejosa, se traduce en la inexistencia por insubsistencia de materia que cumplimentar, pues -como se explicó en la determinación aludida- la protección constitucional constreñía a las autoridades responsables a dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación, de modo que, ante el deceso de la parte solicitante, la exigibilidad de la sentencia de amparo dejó de tener destinatario de su objeto. En tales condiciones, no resulta procedente remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2026767, de rubro: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES." Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17 fracción III inciso a) del referido Acuerdo General.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta firmado por la delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se le tiene informando que no han sido notificadas de algún juicio especial de declaración de beneficiarios del quejoso finado Rigoberto Díaz Elías. Sin que pase desapercibido que la autoridad remitente refiere en su oficio que exhibe las documentales correspondientes, sin que, al efecto, haya adjuntando constancia alguna; no obstante, tomando en consideración lo informado se estima innecesario requerir a dicha autoridad. Atento a lo anterior y visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha sobrevenido imposibilidad material para continuar con la ejecución del fallo protector, al estar demostrado el deceso del quejoso Rigoberto Díaz Elías, con la documental consistente en copia certificada del acta de defunción de dos de marzo de dos mil veintiuno, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto es así, porque el cumplimiento sólo es exigible respecto del directamente quejoso al versar sobre un derecho estrictamente personal, en tanto que sólo a él le asistía la prerrogativa de obtener la calidad de jubilado, de manera que ante su fallecimiento, resulta inconcuso que dicha condición en modo alguno puede ser alcanzada y, por tanto, la exigibilidad de la sentencia de amparo dejó de tener destinatario de su objeto. Sin que los efectos del fallo protector sean susceptibles de otorgarse respecto de familiares o de la sucesión del quejoso, en tanto que la categoría de pensionado le era exclusiva al haber sido trabajador al servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California, por lo que no comprende a los beneficiarios que, en su caso, les asista facultad de acudir ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California en su calidad de pensionistas, pues -en su caso- corresponderá a dichas personas iniciar el trámite -autónomo- que corresponda para obtener la pensión que este pendiente. De ahí que, el derecho tutelado en el presente juicio constitucional, se reitera, en modo alguno sea transferible a persona distinta del quejoso. Al respecto, por identidad jurídica, sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, Décima Época, página 1086, registro 2019390, que señala: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." Consecuentemente, se declara que existe imposibilidad material para el cumplimiento de la sentencia de amparo en el presente sumario constitucional. En su oportunidad, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno en acato de la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO."
- Principal
Mexicali, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha los autorizados de la parte quejosa no han realizado manifestación alguna respecto del requerimiento formulado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique este acuerdo, comunique si tiene conocimiento de la existencia de declaración de beneficiarios del quejoso finado Rigoberto Díaz Elías y, en su caso, informe el número de expediente relativo y la autoridad ante la que se tramitó. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Sub Oficial del Registro Civil 01 del 24 Ayuntamiento de Mexicali, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, remite copia certificada de forma electrónica del acta de defunción del quejoso ********************. Visto lo anterior, requiérase a las autorizadas del quejoso para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten si a la fecha existe declaración de beneficiarios del quejoso finado, y, en su caso, informe el número de expediente relativo, o bien, manifiesten la imposibilidad que tenga para ello; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto este juzgado acordará lo que en derecho corresponda.
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