Rigoberto de la Cruz Pereyra
Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rigoberto de la Cruz Pereyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Rigoberto de la Cruz Pereyra; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de????????????? que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, devuélvase al juzgado responsable un tomo de pruebas en copia certificada relativa al expediente natural 650/2019, que remitió como apoyo a su informe justificado, el cual se manejó por cuerda separada. Ahora bien, atendiendo al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la cual se desprende que el día de hoy, la oficial judicial "C" María Tila Izquierdo Jiménez, adscrita a este Juzgado, turnó el presente expediente a efecto de que se emita el auto mediante el cual se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, no obstante de estar agendada en tiempo para ello, por lo que, con fundamento en los artículos 1131 y 1152 de la Ley de "1Artículo 113. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, como autoridades resolutoras en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para aplicar las sanciones administrativas que correspondan: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, tratándose de faltas de las y los ministros y de las faltas graves cometidas por sus personas servidoras públicas; II. El presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de personas servidoras públicas de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior; III. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tratándose de faltas de las magistradas y magistrados adscritos a ella; IV. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; V. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las y los servidores públicos del mismo, con excepción de lo previsto en la fracción III de este artículo, y VI. La Comisión de Disciplina en los casos referentes a personal de naturaleza jurisdiccional no comprendidos en la fracción IV, así como la Contraloría para los supuestos restantes. Cuando de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un magistrado, magistrada, juez o jueza, y otra u otras personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto en la fracción IV de este artículo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán señalar, mediante acuerdos generales, los casos en que las Contralorías del Poder Judicial de la Federación sean competentes para resolver de las faltas administrativas no graves conforme a sus respectivas competencias. Las personas servidoras públicas responsables de la resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de justicia, cuando incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2 Artículo 115. Las sanciones por las faltas administrativas contempladas en el presente Título y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán las siguientes: A. Tratándose de faltas administrativas no graves las sanciones consistirán en: I. Amonestación privada o pública; II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Se podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Orgánica del Poder Judicial Federal en vigor, se hace un llamado de atención a la prenombrada oficial, a fin de que en lo conducente, sea más cuidadosa en el ejercicio de sus funciones, dado que tal proceder afecta la pronta impartición de justicia tutelada en el artículo 17 constitucional, aunado a que debe tener en cuenta las causas de responsabilidad de incumplir con las obligaciones inherente a sus funciones y en lo que manda el servicio público asignado. Notifíquese y personalmente a la oficial María Tila Izquierdo Jiménez.
- Principal
mesa En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 200/2021-2, promovido por Rigoberto de la Cruz Pereyra. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, a saber: Acuse original del escrito presentado ante el Juez familiar responsable el ocho de febrero de dos mil veintiuno, relativo al expediente 650/2019. [Foja 5] Copia simple de la cédula profesional número 8401276, a nombre del licenciado Diego Alberto García Camacho, expedida en su favor por la Secretaría de Educación Pública. [Foja 6] Copia simple de la credencial para votar a nombre del impetrante de amparo, expedida en su favor por el Instituto Nacional Electoral. [Foja 7] Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el juicio natural. Por su parte la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, al rendir su informe con justificación, remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente 650/2019 las cuales obran por cuerda separada debido a su voluminosidad, como Tomo I. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 200/2021-2, promovido por Rigoberto de la Cruz Pereyra, contra actos de la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, por estimarlo violatorio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dos siguiente, Rigoberto de la Cruz Pereyra solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS la omisión o falta de contestación al escrito de fecha ocho (8) de febrero del dos mil veintiuno (2021), presentado en la oficialía de partes (...), en la misma fecha, relativo al JUICIO ESPECIAL DE ALIMENTOS con número de expediente 650/2019. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El tres de marzo de dos mil veintiuno, se radicó y admitió la demanda con el expediente 200/2021-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco de proveer sobre el escrito presentado por el quejoso el ocho de febrero de dos mil veintiuno, relativo al expediente 650/2019 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado a la Juez Familiar responsable, puesto que así lo indicó al rendir informe con justificación [Fojas 19 a 21], condición que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 650/2019 de su registro [Tomo I]; de lo que se dio vista oportuna al impetrante en auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que desvirtuara lo anterior. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la copia certificada del juicio 650/2019, génesis del acto reclamado, se desprende que mediante auto de doce de febrero de dos mil veintiuno [Fojas 136 a 138 del Tomo I], la Juez responsable proveyó los escritos de Fernanda de la Cruz López, presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno [Fojas 131 y 132 del Tomo I] y de Rigoberto de la Cruz Pereyra -aquí quejoso- presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno Fojas 135 del Tomo Por una parte tuvo a la promovente allegando acta de defunción de la actora, le reconoció derecho para promover, le negó la solicitud de cancelación de pensión alimenticia decretada y la consiguiente reintegración de ese porcentaje al demandado -aquí quejoso- y ordenó que se le entregará el porcentaje que le corresponde directamente. Por otro lado, vista el acta de defunción de la actora y en virtud de la protección del interés superior del menor en favor de los hijos de las partes, ordenó inspección judicial en el domicilio de Rigoberto de la Cruz Pereyra -aquí quejoso-, a efecto de corroborar que los menores referidos viven en compañía del deudor alimentario. Finalmente, tuvo al demandado Rigoberto de la Cruz Pereyra -aquí quejoso-, presentando su promoción y ordenó que deberá estarse al contenido del proveído. Posteriormente, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno se dictó acuerdo [Foja 159 a 162 del Tomo I], que tuvo por practicada la inspección judicial [Fojas 156 a 158 del Tomo I] ordenada y con base en su contenido, decretó la modificación de la pensión alimenticia, para lo cual ordenó que el treinta y nueve por ciento del salario base y demás prestaciones del aquí quejoso le fuera reintegrado. Asimismo se declaró la subsistencia del porcentaje del trece por ciento en favor de Fernanda de la Cruz López y ordenó girar oficio a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que quedase sin efecto el porcentaje de descuento decretado en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta evidente que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la Juez responsable no solo dio atención al escrito, sino que además proveyó las diligencias que estimó necesarias para atender el planteamiento presentado ante su jurisdicción. Por ende, para estar en aptitud legal de examinar si dichos actos son violatorios de los derechos fundamentales a que se refiere el aquí quejoso, era imprescindible que demostrara su existencia, pues ninguna eficacia probatoria tiene para ello la circunstancia de su señalamiento en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo la existencia de la conducta omisiva que imputa a la Juez Familiar responsable, de donde se advierta la vulneración al derecho del que se duele, es inconcuso que tal omisión no existe, para efectos de este medio de control constitucional; por consiguiente, se tiene plenamente probada la inexistencia del acto reclamado respecto de la citada autoridad. En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rigoberto de la Cruz Pereyra en contra del acto reclamado a la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, por las razones apuntadas en el considerando TERCERO de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintiséis de marzo del año actual, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido, transcurre del cinco al catorce de abril de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, residente en esta ciudad, rinde informe justificado, al cual adjuntó un tomo de pruebas en copia certificada relativa al expediente natural 650/2019, constante de (167) ciento sesenta y siete fojas, según folio de la autoridad ocursante; en tal razón, con el contenido de ambos, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, las constancias que anexó, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, en virtud de la voluminosidad del tomo de pruebas remitido, manéjese éste por cuerda separada. Notifíquese.
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