Rigoberto Cruz Manuel

Expediente 1753/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1753/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Rigoberto Cruz Manuel
  • Rigoberto Cruz Manuel y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia que en su parte considerativa sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que por una parte se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA VI B Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1753/2015, y R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido a las diez horas con cincuenta y un minutos del quince de noviembre de dos mil quince, por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rigoberto Cruz Manuel, por conducto de Gabriel Morales Desales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Seguridad Pública, Director de Tránsito y Comisario Calificador en turno, todos del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: "1.- LA ORDEN DE DETENCIÓN, girada en contra de mi representado fuera de todo fundamento y legalidad. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO: 1.- La detención ilegal de mi representada en las instalaciones del Cuartel de la Policía Estatal". Anteriores actos que estima violatorio de los derechos humanos y las garantías para su protección contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. El quince de noviembre del año pasado (fojas 6 a 8), este Juzgado registró la demanda antes mencionada bajo el número 1753/2015, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención correspondiente, además, se concedió al directo agraviado la suspensión de oficio y de plano respecto del acto consistente en la incomunicación, privación ilegal de la libertad, o ilegal detención traducida en la orden de arresto, y se comisionó al actuario adscrito para que se constituyera en los separos de la Policía Estatal, en busca del directo quejoso para que lo requiriera si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor; y el propio quince de noviembre pasado el directo agraviado ratificó la demanda (foja 13); finalmente se programó la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad es competente para resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Federal de la República; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, punto cuarto, fracción XIII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, habida cuenta que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y tuvo ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación concreta del acto reclamado. Para efecto de mantener congruencia entre lo pretendido y lo que se resolverá en este fallo, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto atribuido. Así, el análisis integral del escrito de demanda y constancias que corren agregadas, permite advertir que la parte quejosa reclama a las autoridades ordenadoras: -La resolución de quince de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente PE/DSR/CPVE/CJ/0948/2015, a través de la cual se le impuso un arresto administrativo por veinticuatro horas, contados a partir del momento de su detención, por conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad (fojas 35 y 36). -De la autoridad ejecutora: el cumplimiento de dicha determinación. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, negó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del precisado acto a la señalada autoridad responsable, no desvirtuada por prueba en contrario por el impetrante de amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Coordinador Jurídico de Tránsito del Estado, en representación del Director de Tránsito del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, manifestando al efecto que el quince de noviembre de dos mil quince mediante parte informativo número PE/DSR/DPTE/CDSP/1820/2015, se tuvo a la Policía de Tránsito Yolanda Ballesteros Chiñas, informando a la Dirección de Tránsito que aproximadamente a la una horas con cincuenta y tres minutos al realizar un operativo de Alcoholímetro y Revisión de Documentos sobre Avenida Universidad y Símbolos Patrios Ex Hacienda Candiani, Oaxaca, al estar realizando el filtro de unidades, se le hizo el alto a un vehículo de motor, y conductor por lo que al realizar contacto con la persona se le notaba aliento alcohólico, por ello se le condujo a la mesa de control para realizarle la prueba de alcohol en aliento por el médico de guardia, solicitándole sus documentos, y resultando positivo en dicha prueba con un porcentaje de 0.64 mg/l (no apto para conducir un vehículo de motor), además se le notificó el procedimiento a seguir como lo son el motivo de su arresto y el resguardo del automóvil marca Nissan, color plata, tipo TIIDA, placas de circulación TLK7466, del Estado de México, número de serie 3N1BC1AS4BL456307, y en todo momento se le respetaron sus derechos fundamentales. Circunstancia corroborada con las documentales que anexó a su informe de ley, a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por autoridad competente en uso de sus funciones. Por su parte, si bien el Comisario Calificador del Tercer Turno, negó la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución del arresto ordenado en la resolución de quince de noviembre de dos mil quince; sin embargo, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto tal acto, ya que del contenido de su propio informe se advierte que reconoce haber dado cumplimiento al oficio signado por la Dirección de Tránsito del Estado, quien solicitó su colaboración para la ejecución de tal arresto. Quinto. Ausencia de causal de improcedencia, y transcripción innecesaria de conceptos de violación. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna, y no resulta necesario transcribir los motivos de disconformidad, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, como se estableció en la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. El examen de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, revelan que el quejoso reclama la resolución de quince de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente PE/DSR/CPVE/CJ/0948/2015, a través de la cual se le impuso un arresto administrativo por veinticuatro horas, contados a partir del momento de su detención, por conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad. Primeramente cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 98/2007-SS, realizó una interpretación del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente sobre la potestad de la autoridad administrativa para imponer sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, en el sentido de que dicho precepto constitucional no establece un derecho de opción a favor del infractor para que elija la sanción que le corresponde, sino que contempla la competencia exclusiva de la autoridad para imponer la sanción respectiva y para permutar la multa por el arresto hasta por treinta y seis horas, limitando su actuación a los casos en que el infractor no pague la multa que se le impuso, pero nunca se estableció la pertinencia de otorgar al infractor la potestad de decidir la sanción que se le imponga; pues es claro que ello hubiera trastocado la naturaleza de la competencia de la autoridad administrativa para imponer sanciones como el arresto administrativo. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 116/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto: SANCIONES ADMINISTRATIVAS. LA POSIBILIDAD DE QUE LA MULTA SE CONMUTE POR ARRESTO HASTA POR 36 HORAS, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, NO CONSTITUYE UN DERECHO DE OPCIÓN A FAVOR DEL INFRACTOR, SINO UNA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Del citado precepto se advierte que el legislador dispuso expresamente que corresponde en exclusiva a la autoridad administrativa definir e imponer la sanción pertinente por la infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, pudiendo aplicar la multa o el arresto hasta por 36 horas, según sea el caso, lo que conlleva el deber de la autoridad de calificar la existencia y la gravedad de la infracción relativa. Además, la redacción de la parte final del primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, genera la convicción de que se otorgó a la autoridad administrativa cierto grado de discrecionalidad para definir si la infracción cometida debe sancionarse con multa o arresto, lo que se evidencia con el uso de la conjunción disyuntiva "o" inserta en la parte que dice: "las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas", la cual realiza la función sintáctica de establecer una alternativa excluyente entre ambas opciones. Así, es claro que la intención del legislador fue establecer una competencia exclusiva a favor de la autoridad administrativa para imponer la sanción procedente, sin que pueda intervenir una autoridad que no sea administrativa, ni mucho menos el particular sancionado, pues si el legislador hubiera pretendido dar participación a un ente diferente, así lo hubiera establecido expresamente. En este contexto, la última parte del primer párrafo del referido artículo 21, que señala: "pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas", debe entenderse en el sentido de que es competencia exclusiva de la autoridad administrativa permutar la sanción de la multa por el arresto respectivo, cuando ocurra la circunstancia de que el infractor, incurriendo en una irregularidad más, se niegue a pagar la multa impuesta, pero no una prerrogativa a favor del infractor. En este punto es importante destacar no escapa a la consideración de este Juzgado de Distrito, que el análisis jurídico realizado por el Máximo Tribunal de la Nación, tuvo como propósito fundamental resolver sobre la constitucionalidad del artículo 102, párrafo primero, del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México); sin embargo, no debe perderse de vista que el tópico fundamental en que se sustentó el sentido de su resolución, es el relativo a los alcances que deben darse al texto del artículo 21 del Pacto Federal en torno a la potestad de la autoridad administrativa para imponer sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía (como es el caso del arresto inconmutable establecido en el referido precepto reglamentario); interpretación judicial que es el punto toral del que debe partir el examen de la constitucionalidad de la orden de arresto emitida en contra del quejoso en el presente asunto. Una vez precisados los alcances del artículo 21 de la Constitución Federal, en torno a la potestad de la autoridad administrativa para imponer sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía; enseguida, en suplencia de la deficiencia de la queja, se procederá a examinar si, en el caso, el arresto administrativo decretado en contra del quejoso infringe dicho postulado, por lo que resulta indispensable recurrir al texto del citado precepto constitucional, en su párrafo cuarto, que establece lo siguiente: Artículo 21. (.). - - - Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. El citado numeral dispone que la autoridad administrativa es la facultada para aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad. Por otro lado, los artículos 8°, fracciones I y VIII, y 30, fracción V, de la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca, prevén: Artículo 8o. Son atribuciones y obligaciones del Director de Tránsito: I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos, así como las que en materia de tránsito emanen del Titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Secretario de Transporte; (.) VIII.- Imponer las sanciones a que se refieren las Fracciones I, II, III y V del artículo 30 de esta Ley. Artículo 30. Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, se sancionarán con: (.) V.- Arresto. Finalmente, el numeral 53 del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado de Oaxaca, dispone: Artículo 53. Queda prohibido a las personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, conducir vehículos. De los citados preceptos legales tenemos que ante el incumplimiento de la Ley de Tránsito del Estado y sus reglamentos, el Director de Tránsito del Estado de Oaxaca, es la autoridad competente para imponer sanciones, entre ellas el arresto; además, que se encuentra prohibido por el Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado de Oaxaca, que las personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, conduzcan vehículos. En el caso concreto, el Director de Tránsito del Estado de Oaxaca, mediante resolución de quince de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente PE/DSR/CPVE/CJ/0948/2015 impuso a la parte quejosa un arresto administrativo por un término de veinticuatro horas con motivo de una infracción al Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado de Oaxaca, esto es, por conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad. Como se aprecia, el arresto se impuso por una autoridad facultada por un plazo de veinticuatro horas, esto es, que no excede las treinta y seis horas a que se refiere el artículo 21 constitucional; de ahí que la resolución reclamada no infringe los derechos fundamentales protegidos por la citada norma constitucional. Ahora, en tratándose de arrestos administrativos, si bien el artículo 21 constitucional faculta a la imposición de esa medida para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, lo cierto es que a través de esa figura se priva de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que su análisis también debe sujetarse a los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.). Del numeral transcrito se advierte que tutela el principio de legalidad que deben revestir los actos de molestia, los cuales deberán ser pronunciados por la autoridad competente por escrito en los que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Las precisiones anteriores ponen de relieve las bases sobre las que se funda el derecho humano de legalidad, las cuales servirán de pauta para examinar si el arresto administrativo decretado en contra del demandante del amparo, como sanción a una infracción administrativa, es violatorio de tal postulado, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado como se verá enseguida. De la revisión de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se tiene que el director de Tránsito del Estado, mediante la multicitada resolución de quince de noviembre de dos mil quince, sancionó a aquí quejoso con un arresto administrativo por veinticuatro horas, esto, por resultar responsable de infringir los artículos 53, 137, fracción I, en relación con el 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado de Oaxaca (fojas 35 y 49). Sobre tal base, resulta necesario acudir nuevamente al contenido de los ordinales 8, fracciones I y VIII, y 30, fracción V, de la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca, que enuncian: Artículo 8o. Son atribuciones y obligaciones del Director de Tránsito: I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos, así como las que en materia de tránsito emanen del Titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Secretario de Transporte; (.) VIII.- Imponer las sanciones a que se refieren las Fracciones I, II, III y V del artículo 30 de esta Ley. Artículo 30. Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, se sancionarán con: (.) V.- Arresto. De igual forma, resulta indispensable el estudio de los numerales 53, 137, fracción I y 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado de Oaxaca, que refieren: Artículo 53. Queda prohibido a las personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, conducir vehículos. Artículo 137. Los Delegados de Tránsito y los Agentes de la Policía de Tránsito están facultados para detener vehículos en los siguientes casos: I. Cuando el conductor se encuentre en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas enervantes, o en condiciones físicas o mentales que lo imposibiliten para manejar correctamente. No procederá la detención cuando otra persona, autorizada con licencia, y en pleno uso de sus facultades, se encargue del manejo del vehículo. No se considerará como estado de embriaguez el tener solamente aliento alcohólico. Artículo 158. Las violaciones a las disposiciones de la Ley de Tránsito Reformada, a las de este Reglamento y a las que con fundamento en estos Ordenamientos emanen de las autoridades de Tránsito, se sancionaran como sigue: (.) GRUPO ESPECIAL.- EBRIEDAD.- La conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, se sancionarán como sigue I. Por la primera vez, con multa de $500.00 y arresto inconmutable de 24 horas. Los preceptos transcritos constituyen la fuente legal de la prohibición dirigida a los particulares de conducir vehículos automotores en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, así como las sanciones que se impondrán a los infractores de tales disposiciones, las cuales consisten, por la primera vez, en multa de quinientos pesos moneda nacional, y arresto inconmutable por veinticuatro horas. En el caso, el quince de noviembre de dos mil quince, mediante parte informativo número PE/DSR/DPTE/CDSP/1820/2015, se tuvo a la Policía de Tránsito Yolanda Ballesteros Chiñas, informando a la Dirección de Tránsito que aproximadamente a la una horas con cincuenta y tres minutos al realizar un operativo de Alcoholímetro y Revisión de Documentos sobre Avenida Universidad y Símbolos Patrios Ex Hacienda Candiani, Oaxaca, al estar realizando el filtro de unidades, se le hizo el alto a un vehículo de motor, y conductor por lo que al realizar contacto con la persona se le notaba aliento alcohólico, por ello se le condujo a la mesa de control para realizarle la prueba de alcohol en aliento por el médico de guardia, solicitándole sus documentos, y resultando positivo en dicha prueba con un porcentaje de 0.64 mg/l (no apto para conducir un vehículo de motor), además se le notificó el procedimiento a seguir como lo son el motivo de su arresto y el resguardo del automóvil marca Nissan, color plata, tipo TIIDA, placas de circulación TLK7466, del Estado de México, número de serie 3N1BC1AS4BL456307. Luego, el Director de Tránsito del Estado, una vez analizado el certificado médico practicado al impetrante de mérito, en el cual advirtió que el presunto infractor resultó en primer periodo de ebriedad (no apto para conducir), mediante resolución de quince de noviembre del año pasado, determinó que el quejoso fue detenido en flagrancia cometiendo la falta administrativa prevista en los artículos 53 y 137, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, al ser sorprendido conduciendo en primer periodo de ebriedad, su automóvil marca Nissan, color plata, tipo TIIDA, placas de circulación TLK7466, del Estado de México, número de serie 3N1BC1AS4BL456307, por lo que le impuso el arresto administrativo de veinticuatro horas, que establece el diverso numeral 158, fracción I, del ordenamiento legal citado. Las precisiones anteriores ponen de manifiesto que el Director de Tránsito del Estado, no transgredió en perjuicio del impetrante el derecho fundamental de legalidad, pues antes de dictar el acto privativo temporal de su libertad (arresto administrativo por veinticuatro horas), se ajustó a las formalidades establecidas en los referidos numerales de la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca, y su reglamento. Para corroborar el aserto anterior, es importante mencionar que de acuerdo con el derecho humano que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que una autoridad cumpla con el derecho fundamental de legalidad que alberga dicha disposición constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin vulnerar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley, sino que su actuación cumpla los extremos previstos o contenidos en aquélla (fundamentación y motivación del acto). En el caso, de la sola lectura de la resolución administrativa (fojas 38 y 39), que contiene la orden de arresto decretada en contra del impetrante, se concluye que la autoridad responsable no transgredió el derecho fundamental que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, en tanto que dicha sanción la impuso el Director de Tránsito del Estado, que como se vio, resulta competente para emitirla; citó los preceptos que se adecuan a la hipótesis que prevé la sanción que ahora se analiza y expuso argumentos suficientes para determinar porqué la conducta del impetrante se adecua a lo establecido en la norma. Dicho de otro modo, la referida sanción la impuso una autoridad competente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8, fracción VIII, y 30 fracción V de la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca; con fundamento en una norma de carácter general, puesto que, entre otros numerales, citó los artículos 21, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, así como los artículos 53, 137, fracción I, y 158 del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado de Oaxaca, expresando por escrito los fundamentos legales que consideró violados por el impetrante, así como, argumentos suficientes para llegar a la conclusión de porqué el aquí impetrante se hizo acreedor a la sanción administrativa que le fue impuesta. Elementos que son suficientes para evidenciar la debida fundamentación y motivación del acto reclamado, y justificar la imposición del arresto administrativo al promovente del amparo. Se invoca en apoyo, la tesis número I.3o.C.52 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Con base en lo anterior, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rigoberto Cruz Manuel, contra el acto consistente en la resolución de quince de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente PE/DSR/CPVE/CJ/0948/2015, y sus consecuencias legales reclamado a las autoridades responsables Director de Tránsito y Comisario Calificador del Tercer Turno, ambos del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rigoberto Cruz Manuel, contra los actos atribuidos al Director de Tránsito del Estado, y Comisario Calificador del Tercer Turno, ambos del Estado de Oaxaca, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe, hasta hoy dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Se cierra el acta que se autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    MESA VI B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de enero de dos mil dieciséis. Vistos el estado de autos con la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el plazo de tres días que en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil quince (fojas 59 ), se concedió a la parte quejosa, para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en el aludido proveído, por lo que continúese el tramite con el acto y autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. Asimismo, glósese a los autos el escrito del quejoso Rigoberto Cruz Manuel; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, aplicado por mayoría de razón, expídasele copia simple de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, previa copia de su identificación y razón que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA VI B Visto el estado de los autos se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 54), y por otra, que en proveído de veinticinco de noviembre pasado, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Coordinador Jurídico de Tránsito del Estado, quien como apoyo a su informe justificado remitió copia certificada de la resolución de quince de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo PE/DSR/CPVE/CJ/0948/2015 de su registro, por el Director de Tránsito del Estado (fojas 35 y 36) En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, siguientes al de su legal notificación, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda en relación con la resolución de quince de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente administrativo PE/DSR/CPVE/CJ/0948/2015, en el entendido que deberá de hacerlo en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibido que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, se continuará con el tramite del juicio, únicamente con las constancias que obran en él. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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