Rigoberto Cortéz Reyes

Expediente 379/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
379/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
01/09/2016

Partes del expediente

  • Rigoberto Cortéz Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Causa estado sobreseimiento. Archívese el presente asunto como totalmente concluído. Es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor trámite el oficio de cuenta que remite el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, toda vez que en veintidós de julio de dos mil dieciséis se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    .........procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Roberto Cortez Reyes, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso C, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis........Vista la constancia secretarial de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante proveído de ocho de julio del año en curso, la cual le fue notificada en once de julio de dos mil dieciséis, respecto a la causa de improcedencia que envió mediante OF/AMP/3307, de fecha siete de los corrientes, por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por lo que la Suscrita procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, la parte quejosa Rigoberto Cortez Reyes, señaló como acto reclamado el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral burocrático 687/2009-IV en el cual se determina que se ha dado total cumplimiento al laudo dictado y ordena el archivo definitivo del asunto. Por su parte, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante oficio OF/AMP/3307, de fecha siete de los corrientes, anexó copia certificada del proveído de primero de julio del año en curso, del que se advierte se regularizó el procedimiento y se dejó sin efectos lo acordado en proveído de dieciocho de mayo del presente año (foja 91). Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que el impetrante Rigoberto Cortéz Reyes, señaló como acto reclamado el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral burocrático 687/2009-IV en el cual se determina que se ha dado total cumplimiento al laudo dictado y ordena el archivo definitivo del asunto; siendo el caso que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante oficio OF/AMP/3307, de fecha siete de los corrientes, anexó copia certificada del proveído de primero de julio del año en curso, del que se advierte se regularizó el procedimiento y ordenó dar vista a la parte actora con los autos de fecha de dieciocho de mayo y catorce de junio del presente año (foja 91), lo cual constituyó el acto reclamado a la responsable. De lo cual es dable desprender que cesaron los efectos del acto reclamado, en estas condiciones, al evidenciarse que los efectos de la omisión reclamada en este juicio constitucional ha desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" . Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" . En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" . Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA . Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el cual contiene informe justificado, al cual anexa copia certificada de algunas de las constancias que integran el expediente 687/2009-IV; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Por otra parte, de la lectura de las constancias, se advierte una causal de improcedencia; por tal razón, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a las causales de improcedencia en comento, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, se resolverá lo que en derecho corresponda.

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