Rigoberto Correa Arellano
Expediente 1161/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rigoberto Correa Arellano
- Tomasa Cortés Castañeda
Actuaciones
- Principal
El doce de enero de dos mil diecisiete, la secretaria da cuenta a la juez con un oficio registrado con el folio número 473. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se desprende que la Superioridad admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para conocer de la demanda de garantías promovida por Tomasa Cortés Castañeda, contra actos del Juez Primero de lo Civil del distrito judicial de Benito Juárez, con sede en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; el cual quedó registrado bajo el conflicto competencial civil 2/2017-2. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL CONMTENIDO DEL AUTO DICTADO EN CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL DICE LO SIGUIENTE: "En cuatro de enero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la juez con el oficio 4816/2016, registrado con el número de folio 102, suscrito por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por el cual remite los autos del juicio de amparo 1161/2016-1 del índice de este Juzgado. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por el cual remite el juicio de amparo indirecto 1161/2016-1 del índice de este Juzgado; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, determinó no aceptar la competencia por territorio declinada por este Juzgado Federal por las consideraciones ahí expuestas, asimismo, remitió dos copias de la demanda de amparo. Pues bien, este Órgano Jurisdiccional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Tomasa Cortés Castañeda, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Benito Juárez, con sede en Cuauhtémoc, Chihuahua, por las consideraciones expuestas por este Juzgado Federal, en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis. Lo anterior sin que pase inadvertida la circunstancia de que las razones que expuso el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas se refieran a que no se advierte que el acto reclamado se vaya a ejecutar en Ciudad Victoria o dentro de los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, Güemez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl, que corresponden a la jurisdicción de los Juzgado Primero, Segundo, Decimoprimero y Decimosegundo de Distrito, con sede en esa ciudad, ya que este Órgano Jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer del presente asunto, en razón de territorio, precisamente porque el acto reclamado se hace consistir principalmente en el auto notificado en lista de acuerdos el diez de octubre de dos mil trece, por el que se ordena el remate del bien inmueble ubicado en el kilómetro 65 de la carretera Tampico-Mante, con las siguientes medidas y colindancias: "Partiendo del punto cero (0) al punto uno (1) en doscientos seis metros lineales, colinda con la carretera MANTE TAMPICO, CON RUMBO Nor-Poniente; del punto número uno (1) al punto número (2) dos en (220.1) doscientos metros diez centímetros, con rumbo Nor-Oriente; del punto número (2) dos al punto número (3) tres, en línea que mide (54.00) cincuenta y cuatro metros, con rumbo Sur Oriente; del punto número (3) tres al punto número (4) cuatro en línea de (154.0) ciento cincuenta y cuatro metros, con rumbo Sur-Oriente; del punto número (4) cuatro al punto número (5) cinco (12.00) doce metros rumbo al Sur; del punto número (5) cinco al punto número (6) seis en (132.3) ciento treinta y dos metros, treinta centímetros, rumbo al Sur-Oriente, del punto número (6) seis al punto número (0) cero, en (135.5) ciento treinta y cinco metros, cincuenta centímetros, rumbo Poniente, y colinda al Sur con el señor JAMES WILLIAMSON. Comprendiéndose en la venta todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, construcciones y cuanto más de hecho y por derecho pertenezca al inmueble de que se trata". Razón por la cual se consideró que conforme a la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, dicho acto y sus consecuencias, que también se reclaman, tendrán ejecución en el lugar donde la promovente del amparo refiere se encuentra ubicado dicho bien inmueble, que corresponde al Estado de Tamaulipas; y, por ende, la competencia legal para conocer del juicio de amparo corresponde al órgano de control constitucional en cuya jurisdicción se ubica el mismo, que en el caso concreto resulta ser un Juez de Distrito con residencia en dicho Estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y numeral 37, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al plantearse el conflicto de competencia entre dos Juzgados de Distrito que no son de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano que declinó la competencia por territorio. Por tanto, en su oportunidad remítanse los autos del juicio de amparo 1161/2016-1 del índice de este órgano jurisdiccional, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que esa superioridad determine a cuál de los jueces de Distrito es al que corresponde el conocimiento del asunto; y, como consecuencia, se ordena actuar en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 1161/2016-1. Comuníquese la presente determinación al Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para que exponga lo que estime conducente respecto del conflicto competencial planteado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
En siete de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 18334. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la demanda de amparo promovida por Tomasa Cortés Castañeda, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Benito Juárez, con sede en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 1161/2016-1; y en atención a su contenido, se acuerda:Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma, de acuerdo con las consideraciones siguientes:En esencia, la competencia legal en el ámbito judicial, es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia relativa a que si la ley no faculta al órgano jurisdiccional, éste no puede intervenir legalmente en un asunto determinado.El tratadista Carlos Arellano García, afirma que es la aptitud que tiene el juzgador para intervenir con la debida incumbencia en el desempeño de la función jurisdiccional. En el ámbito gramatical, es la facultad legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Respecto al órgano jurisdiccional, en el proceso, la competencia aludirá a la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones referidos al desempeño de la función jurisdiccional ante el caso concreto controvertido en el que se ha tomado injerencia. A su vez, Escriche Joaquín, indica que es la controversia o disputa que se suscita entre dos o más jueces o tribunales sobre cuál de ellos, es el que debe conocer de cierta causa o negocio. Agrega que la palabra competencia, no sólo aplica al derecho de juzgar un negocio contencioso, sino también a la contienda de dos jueces sobre este derecho.De lo anterior se obtiene que las cuestiones de competencia se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados y los demás estados, de modo que si se presenta entre autoridades judiciales no debe existir tardanza en establecer a qué juzgador corresponde el conocimiento de determinado asunto.Asimismo, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción. Estos principios, doctrinalmente aceptados y recogidos en las leyes procesales, son importantes para solucionar conflictos competenciales.De acuerdo a lo estatuido por La Ley de Amparo vigente, se prevén diversos tipos de competencia:a) Competencia por vía;b) Competencia por territorio; c) Competencia por materia; d) Competencia por grado; e) Competencia auxiliar; y, f) Competencia por turno.De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio, que atañe al caso concreto que se plantea.Por dicha competencia legal debe entenderse como el espacio geográfico específico en donde los juzgadores ejercen su función jurisdiccional, esto es, resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su conocimiento de acuerdo a determinado límite geográfico al que se encuentran circunscritos.Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción.En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, en la actualidad, ha estado delimitada por diversos acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Al respecto, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y;3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en:"IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad mencionada como responsable ordenadora y ejecutora, reclamo el auto dictado dentro del juicio mercantil ejecutivo número 795/2013 que promueve el señor Silverio Ponce Legarda en contra de Rigoberto Correa Arellano, publicado en lista de acuerdos del diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual ordena sacar a remate el inmueble embargado dentro de dicho procedimiento; y reclamo también todas las demás actuaciones judiciales realizadas con posterioridad, dentro de dicho juicio.Conforme a lo anterior; así como al análisis integral de la demanda de amparo que se plantea, se obtiene que el acto reclamado consiste en el auto dictado dentro del juicio mercantil ejecutivo 795/2013, que promueve Silverio Ponce Legarda, en contra de Rigoberto Correa Arellano, por el cual se ordena sacar a remate el inmueble embargado y todas las demás actuaciones judiciales realizadas con posterioridad en dicho juicio.Ahora bien, en la demanda de amparo refiere la promovente que el treinta de abril de mil novecientos setenta y siete, en la oficina del registro civil de Florencia Benito Juárez, Zacatecas, contrajo matrimonio civil con Rigoberto Correa Arellano, bajo el régimen de sociedad conyugal; asimismo que el tres de febrero de dos mil seis, su esposo adquirió en propiedad el terreno rústico ubicado en el kilómetro 65 de la carretera Tampico-Mante, con las siguientes medidas y colindancias: "Partiendo del punto cero (0) al punto uno (1) en doscientos seis metros lineales, colinda con la carretera MANTE TAMPICO, CON RUMBO Nor-Poniente; del punto número uno (1) al punto número (2) dos en (220.1) doscientos metros diez centímetros, con rumbo Nor-Oriente; del punto número (2) dos al punto número (3) tres, en línea que mide (54.00) cincuenta y cuatro metros, con rumbo Sur Oriente; del punto número (3) tres al punto número (4) cuatro en línea de (154.0) ciento cincuenta y cuatro metros, con rumbo Sur-Oriente; del punto número (4) cuatro al punto número (5) cinco (12.00) doce metros rumbo al Sur; del punto número (5) cinco al punto número (6) seis en (132.3) ciento treinta y dos metros, treinta centímetros, rumbo al Sur-Oriente, del punto número (6) seis al punto número (0) cero, en (135.5) ciento treinta y cinco metros, cincuenta centímetros, rumbo Poniente, y colinda al Sur con el señor JAMES WILLIAMSON. Comprendiéndose en la venta todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, construcciones y cuanto más de hecho y por derecho pertenezca al inmueble de que se trata".De igual forma, la promovente refiere que el inmueble descrito fue adquirido por su consorte durante su matrimonio, mediante contrato de compra-venta por $1'055,000.00 (un millón cincuenta y cinco mil pesos cero centavos); bien que integra parte de la sociedad conyugal, del que tiene derecho al cincuenta por ciento, por ser parte de los gananciales matrimoniales, el cual fue embargado en su integridad dentro del juicio mercantil ejecutivo 795/2013, radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Benito Juárez, con sede en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, por lo que interpuso tercería excluyente de dominio ante dicha autoridad, radicándose el expediente con el número 290/2016; y atendiendo a que en la especie se reclama el auto notificado en lista de acuerdos el diez de octubre de dos mil trece, por el que se ordena el remate del bien inmueble descrito, así como todas las actuaciones posteriores; por ello se considera, que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto y sus consecuencias, tendrán ejecución en el lugar donde la promovente del amparo refiere se encuentra ubicado dicho bien inmueble; y, por ende, la competencia legal para conocer del juicio de amparo corresponde al órgano de control constitucional en cuya jurisdicción se ubica el mismo, que en el caso concreto resulta ser un Juez de Distrito con residencia en el Estado de Tamaulipas.Por las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado declina la competencia para que conozca de la demanda de garantías promovida por TOMASA CORTÉS CASTAÑEDA al Juez de Distrito el Estado de Tamaulipas, con residencia en ciudad Victoria, en turno, para que resuelva acerca de la competencia planteada, acompañándole el original del expediente. Fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese en el libro de gobierno. Se tiene a José Ramón Medina, como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, así como a Tania Patricia Navarro Zúñiga; y, atendiendo a que la quejosa señala los estrados de este órgano jurisdiccional para recibir notificaciones de carácter personal y en razón de que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación del presente auto, así como las posteriores de carácter personal, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado.NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA POR LA RAZÓN ASENTADA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia
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