Rigoberto Cervantes Gonzalez
Expediente 1243/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 43 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rigoberto Cervantes Gonzalez
- Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita A la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación Y Litigación En el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio CUMP. 813-50 relativo al acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Acatzíngo, Puebla, con la leyenda "persona desconocida, no existe en Acatzingo dicha autoridad", sin embargo, de las constancias que integran el controvertido en que se actúa, se advierte que la referida autoridad responsable fue emplazada al presente sumario constitucional y rindió informe justificado con esa denominación (foja 143) sin que haya informado su cambio de residencia; por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la notificación del acuerdo citado de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del tres al veintitrés de julio de dos mil dieciocho, sin que las partes hayan interpuesto dicho medio de impugnación. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en este expediente. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 637), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 330 a 352), por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra se negó la protección constitucional y por otra se concedió el amparo a Rigoberto Cervantes González para efecto que la agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 21. Agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: - Emita un acuerdo en el que deje insubsistente cualquier orden de aprehensión que hubiera librado en contra del quejoso Rigoberto Cervantes González y hecho lo anterior, remita las constancias que así lo acrediten." Inconforme con tal resolución, el quejoso Rigoberto Cervantes González interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia (foja 415), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que lo radicó con el número R-80/2018 de su índice (foja 528), y mediante ejecutoria de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 535 a 571) confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 573 y 574) se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 2821/2018/TECAM de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro del mismo mes y año (fojas 632 y 633). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto la agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla realizó lo siguiente: 1. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente cualquier orden de aprehensión que se hubiere librado contra Rigoberto Cervantes González (foja 633). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 08 DE JUNIO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 637), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 330 a 352), por una parte se sobreseyó en el juicio, por otra se negó la protección constitucional y por otra se concedió el amparo a Rigoberto Cervantes González para efecto que la agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla Tradicional realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 21. Agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: - Emita un acuerdo en el que deje insubsistente cualquier orden de aprehensión que hubiera librado en contra del quejoso Rigoberto Cervantes González y hecho lo anterior, remita las constancias que así lo acrediten." Inconforme con tal resolución, el quejoso Rigoberto Cervantes González interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia (foja 415), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, órgano jurisdiccional que lo radicó con el número R-80/2018 de su índice (foja 528), y mediante ejecutoria de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 535 a 571) confirmó la sentencia sujeta a revisión, por lo que en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 573 y 574) se requirió su cumplimiento. Así, por oficio 2821/2018/TECAM de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro del mismo mes y año (fojas 632 y 633). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto la agente del Ministerio Público de la Mesa Par adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla realizó lo siguiente: 1. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente cualquier orden de aprehensión que se hubiere librado contra Rigoberto Cervantes González (foja 633). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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