Rigoberto Cerezo Reyes

Expediente 2292/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2292/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2016

Partes del expediente

  • Rigoberto Cerezo Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación de la Secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil quince (fojas 10 a 15), con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que la audiencia constitucional fijada en el presente juicio de garantías se celebró a las DOCE HORAS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en cumplimiento al oficio STCCNO/1481/2015 de treinta y uno de agosto de dos mil quince, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al auxilio en el dictado de sentencias de amparo, por parte del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se ordena remitir el presente expediente y un anexo, a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el plazo establecido por dicha Secretaría Técnica en el punto de acuerdo C. CAR 164/2015-V de diecinueve de agosto de dos mil quince; expediente que corresponde a la remesa del mes de enero de dos mil dieciséis, para que por su conducto sea remitido al referido Juzgado de Distrito Auxiliar, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del punto quinto del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y, 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil quince. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Rigoberto Cerezo Reyes, contra actos del Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla (SOAPAP), en su carácter de órgano regulador de la moral "Concesiones Integrales" Sociedad Anónima de Capital Variable; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2292/2015; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, al advertirse que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto reclamado que consistente en: La falta de contestación por parte del Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla, al escrito de Rigoberto Cerezo Reyes de veinticuatro de abril de dos mil catorce, recibido el seis de mayo siguiente. Atento a lo anterior, debe señalarse que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, la afirmación de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, encuentra su fundamento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tomos 103-108, de la Sexta Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice "AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL. Bajo este orden de ideas, tratándose de amparo promovido en contra de funcionarios del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla o Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, debe decirse que estos carecen del carácter de autoridad, en atención a que en el presente caso entre las partes existe una relación de coordinación regulada por el derecho privado, ya que se actualiza un vínculo prestador de servicios-usuario; y por tanto, se denota que la relación existente entre funcionarios de la referida autoridad y la parte promovente del amparo es una relación derivada de actos entre particulares, actualizándose una relación de coordinación regulada por el derecho privado en donde el ente público actúa como particular. En efecto, el acto del que se duele la parte quejosa, no es un acto atribuible a una autoridad investida con imperio para efectos del juicio de amparo, dado que tiene su origen en un contrato celebrado entre las partes. Bajo estas apreciaciones sostenidas por el máximo órgano constitucional, en concordancia con los numerales de la Ley de Amparo que quedaron transcritos, resulta incuestionable que la relación jurídica entablada con motivo de la celebración de un contrato del que deriva el acto aquí reclamado al Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla o Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, no es un acto de autoridad para efectos del amparo. Cabe precisar que a juicio de este Secretario encargado del despacho, el criterio sostenido por el máximo tribunal del país, no pugna con las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por lo que es aplicable en el presente caso, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto transitorio de la citada legislación, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará vigente en lo que no se oponga a dicha ley. Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos a) Realice actos equivalentes a los de autoridad. b) Que se afecten derechos. c) Mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora, en el acto atribuido al Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla (SOAPAP), en su carácter de órgano regulador de la moral "Concesiones Integrales" Sociedad Anónima de Capital Variable, no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que dicho acto queda comprendido en una relación contractual, derivada del contrato de prestación de servicios celebrado entre una persona física ahora quejosa con Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, relación regulada por el derecho privado, en la cual el ente público actúa como particular, es decir, en un plano de igualdad y no como autoridad. Ello, porque como ya se señaló y así lo estimó el más alto tribunal del país, los contratos administrativos de adhesión para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, se suscriben, al igual que cualquier contrato entre particulares, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que implica que el incumplimiento de alguna de ellas otorga la facultad a la otra de no cumplir con la obligación co-respectiva, durante todo el tiempo que subsista la falta al cumplimiento de pacto de voluntades. Por lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de mérito. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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