Rigoberto Carreto Díaz
Expediente 1125/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rigoberto Carreto Díaz
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Cd.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de diez de noviembre de dos mil quince (fojas 26 a 29), mediante la cual sobreseyó el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria.- Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; glósese a los autos el incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente como asunto totalmente concluido.- Por otra parte y toda vez que el presente juicio carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, por tanto, de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO así como el incidente de suspensión relativo.
- Principal
Visto(s) el(los) oficio(s) de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el (los) informe(s) justificado(s), de la(s) autoridad(es) responsable(s), dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales.
- Incidental
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Rigoberto Carreto Díaz, en términos de lo expuesto en la segunda consideración de esta resolución incidental.
- Incidental
AUTO. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil quince. Visto en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo promovido por Rigoberto Carreto Díaz, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, en el que se indicó que al no estar vigente en este Distrito, el nuevo sistema de justicia penal establecido dentro del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución General de la República, publicado en el diario oficial de la federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, este incidente se regirá de conformidad con la Ley de Amparo que se abrogó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, conforme a sus Transitorios Segundo y Décimo, último párrafo. Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora Federal la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero, en el que se declara el inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad, por lo que en cuanto a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, comenzó el cinco de agosto de dos mil quince, inició en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, siendo sede para el desahogo de las audiencias procedimentales la ciudad de Tlapa de Comonfort, y el ocho de octubre del año en curso, en los Distrito Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, con sede para el desahogo de las audiencias procedimentales en esta ciudad capital del Estado de Guerrero, de conformidad con el ARTÍCULO SEGUNDO, fracción VI de la declaratoria en cita. Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se forma por duplicado este incidente de suspensión. INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 124, 130, 131, y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del término de veinticuatro horas siguientes en que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de garantías. Significándose a las responsables que residen fuera de esta ciudad, que de conformidad con lo previsto en el artículo 31, de la ley de la materia, deberá solicitarse el informe en cuestión, por las vías telegráficas y postal, al que deberán acompañar: a) Copia certificada de la declaración ministerial que, en su caso, hubiese rendido el quejoso; b) Copia del acto reclamado y de las constancias relativas que conlleven a determinar el daño patrimonial causado en caso de haberlo; el tipo de delito y los datos que arrojen la capacidad económica del quejoso; y, c) En su momento enviar copia certificada de la diligencia de declaración preparatoria. Apercibidas de que la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, sino que además, se les impondrá una de las correcciones disciplinarias previstas en el numeral 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia incidental en este asunto. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora, respecto de la orden de aprehensión y su ejecución, con apoyo en los artículos 124, 128, 130 y 136 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional que se solicita(n) para el efecto de que, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea privado de su libertad, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, quedando la parte quejosa a disposición de este juzgado por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la autoridad ordenadora por lo que se refiere a la continuación del procedimiento. Bajo esas condiciones, la suspensión que se concede contra la orden de aprehensión, surte sus efectos desde luego, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlo, si la parte quejosa dentro del plazo de setenta y dos horas contados a partir de la legal notificación de este proveído, no otorga garantía por la cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y a entera satisfacción de este Juzgado, suma que se fija como medida de aseguramiento con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 136, de la ley de la materia y se determina de manera discrecional acorde con lo dispuesto por el numeral 124 bis del citado cuerpo normativo, en atención a que en este momento procesal no se cuenta con mayores datos para determinar la naturaleza, modalidad y característica del delito imputado a la aquí quejosa, ni su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, se estima que son económicamente activos al no hacer manifestación en contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL" De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión.(Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226). REQUISITOS DEL DEPÓSITO Luego, en caso de que el quejoso dese exhibir dicha garantía en billete de depósito o póliza de fianza, deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre del quejoso; 2. Número del expediente dentro del que se gestiona la garantía; 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía (Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo); 4. Concepto por el cual se exhibe la garantía (para el caso de la suspensión, señalar que se otorga para efectos de garantizar la suspensión provisional); 5. Importe por el cual se exhibió el certificado o póliza para otorgar la garantía; 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía; 7. Para el caso de póliza, solicitar que la expedición se lleve a cabo por el tiempo que dure el juicio de amparo, dentro del que se está otorgando como garantía; 8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General sin número, del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante"; 9. Adicionalmente, en los términos del numeral 883 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos", en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo; 10. Del mismo modo, en caso de que la garantía se constituya mediante billete o certificado de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso del quejoso. Por tanto, conviene precisar que esta medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo establece el primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, tal y como lo establece la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, visible a página 375 del tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro señalan: "SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIO LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTO EL ACTO, LAS RESPONSABLES AUN NO HABIAN SIDO NOTIFICADAS. El primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, es claro y contundente al señalar el momento en que surte efectos la suspensión, pues establece: "El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego", disposición tajante, en virtud de que el legislador utilizó el modo adverbial "desde luego", que significa "inmediatamente, sin tardanza" (Diccionario de la Lengua Española, décima novena edición, 1970, página 821, bajo la voz "luego... desde luego"), así resulta claro que el momento en que surte efectos la suspensión es cuando, una vez solicitada la medida cautelar, o bien, si procede de oficio, el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio, examinando las constancias que tenga, determina que la medida suspensiva procede, y dicta el acuerdo o resolución en el que ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan. De esta manera, es en la fecha en que se dicta o emite el auto concediendo la suspensión (considerándose que el ideal es que sea la misma fecha en que se solicitó o que se reclamó la violación), cuando surte sus efectos paralizadores, debiendo ser acatadas por cualquier autoridad e incluso por cualquier persona que no obstante no teniendo el carácter de autoridad, tenga alguna ingerencia en la ejecución de los actos. En la práctica se presenta el problema de que el acuerdo o resolución en que se concede la suspensión, desafortunadamente ya no es notificado el mismo día en que se dicta, como fue el deseo del legislador sino que ahora media un tiempo, en ocasiones largo, entre la fecha del acuerdo en el que se concede la suspensión al quejoso, y la fecha en que se notifica éste a las autoridades responsables, sucediendo que en este lapso se llegan a ejecutar los actos suspendidos por el juez de Distrito, actos que son violatorios de la suspensión concedida, por haberse ejecutado con posterioridad a la fecha en que se emitió el auto de suspensión, por consiguiente, atendiendo a que la violación a la suspensión tiene dos consecuencias que son: el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión, y el determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desacató lo ordenado por un juez de Distrito, estas consecuencias pueden darse la una sin la otra, o bien, las dos juntas. Respecto a la primera consecuencia, esto es, el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión provisional, encontramos dos requisitos: el primero, que la naturaleza del acto ejecutado lo permita, y el segundo, que respecto a dicho acto se haya concedido la suspensión definitiva, en el supuesto de que ésta ya se hubiere resuelto, como es el caso que nos ocupa, en virtud de que la suspensión definitiva va a sustituir a la provisional, dejándola sin efecto en el caso de que se niegue la medida cautelar en contra del acto suspendido con la provisional; el primer requisito de la especie si se da, toda vez, el acto ejecutado después de concedida la suspensión provisional, es la clausura del negocio de la quejosa, acto que por su naturaleza puede dejarse sin efectos y ordenar el levantamiento del estado de clausura ejecutado cuando la quejosa ya disfrutaba de la medida cautelar concedida por la juez de Distrito, y el segundo requisito, relativo a que, de haberse resuelto sobre la suspensión definitiva, ésta se haya concedido por el acto cuya ejecución se reputa violatoria de la suspensión provisional, pues de negarse la definitiva, esto haría jurídicamente imposible volver las cosas al estado que tenían cuando se otorgó la provisional, también se surte, puesto que la juez a quo concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se clausure la negociación que defiende la quejosa. Por consiguiente, al darse los dos requisitos necesarios para que se actualice la primera consecuencia de resultar fundada la denuncia de violación a la suspensión provisional, consistente en que vuelvan las cosas al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional, procede declarar inexistente la clausura ejecutada y ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional. Por lo que hace a la segunda consecuencia que se deriva de la violación a la suspensión, consistente en determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desacató lo ordenado por un juez de Distrito, no se da, es decir, no es el caso de determinar la responsabilidad en que incurrieron las autoridades denunciadas, toda vez que, ésta no existe de conformidad con el artículo 206 de la Ley de Amparo, el cual señala que será sancionada la autoridad que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, lo que interpretado a contrario sensu significa que una autoridad que no se encuentra debidamente notificada de un auto de suspensión, al momento de ejecutar el acto suspendido o desobedecer lo ordenado en aquél, no será sancionada, esto es, no incurre en el delito de abuso de autoridad, por lo que de no darse exactamente los supuestos que prevé este numeral (que exista una suspensión concedida por el juez de Distrito, que esté debidamente notificada a la autoridad y que ésta la desobedezca), no es el caso de determinarle responsabilidad a esa autoridad, y en el caso a estudio no se dan los tres supuestos jurídicos mencionados, en virtud de que el acto violatorio de la suspensión provisional se ejecutó antes de que el auto que la concedió fuera debidamente notificado a las responsables. Es de concluirse que el hecho de que la autoridad ejecute un acto suspendido por un juez de Distrito, con desconocimiento de que existía tal medida cautelar con anterioridad a su ejecución, no impide que dicho acto se declare nulo de pleno derecho por ser violatorio de la determinación del juez de Distrito y se ordene volver las cosas al estado que tenían cuando se concedió la suspensión, pues el desconocimiento de la medida cautelar, por no haberse notificado legalmente a la autoridad denunciada, el auto suspensivo, sólo trae como efecto el salvar su responsabilidad para que no se le sancione, pero no el que subsistan los actos violatorios de la suspensión concedida." Asimismo, se previene al solicitante del amparo para que se presente ante la autoridad que, en su caso, haya ordenado el mandamiento de captura, a efecto de que le instruya el o los procesos correspondientes, dentro del plazo de tres días, a que se refiere el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído; y una vez que comparezca ante dicha autoridad, lo deberá acreditar con la certificación que solicite a la autoridad ante quien se presente, a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo fijado. De igual forma, de ser el caso, deberán presentarse ante la autoridad que haya ordenado su aprehensión en la que se trate, cuantas veces se le requiera, sin importar día o mes, en hora de despacho o al día siguiente, si cualquiera de éstos resultara inhábil y en el caso de incumplimiento por parte de la incidentista, dejará de surtir efectos la suspensión aquí obsequiada, quedando expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.- Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia". (Registro 188346, Jurisprudencia 1a./J. 94/2001, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 26, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, Materia Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En la inteligencia de que la medida decretada no surtirá efectos, si el delito o delitos por los que se haya girado la orden de aprehensión se encuentra comprendida dentro de aquellos que la ley reputa como graves, que no le permitan disfrutar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, en cuyo caso, este mandamiento no impide que sea privado de su libertad, y la suspensión solo producirá el efecto de que, una vez ejecutada la orden reclamada, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que la parte quejosa sea recluida, en cuanto a su libertad personal, quedando a disposición del juez responsable, por lo que hace a la continuación del procedimiento que se le instruya, sin perjuicio de la facultad de éste, para decretar su soltura en los casos en que legalmente proceda. Asimismo, la medida cautelar que se concede tampoco impedirá que se detenga a la quejosa, por órdenes de autoridades distintas de las señaladas como responsables o dictadas con posterioridad a la presentación de la demanda. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Como lo solicita la impetrante en el escrito inicial de demanda, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas nombradas en el escrito de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Jueza Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. En otro orden, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de la Materia, expídasele una copia fotostática certificada del presente proveído, previa identificación de validez oficial que contenga su fotografía y razón de su recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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