Rigoberto Carlos Sierra Arango
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rigoberto Carlos Sierra Arango
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio remitido por el Magistrado por Ministerio de Ley y Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa de recibo, el oficio 10456/2022, en que se transcribió la sentencia dictada el veintinueve de abril de la presente anualidad; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 80/2022; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Rigoberto Carlos Sierra Arango, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos omisivos que reclamó a la (1) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; (2) Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; y (3) Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca; los cuales estimó violatorio de su derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 80/2022; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. Este juzgador federal, por auto de veintidós de febrero y once de abril de dos mil veintidós, tuvo a las autoridades responsables (1) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; (2) Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; rindiendo el informe justificado que les fue solicitado, por lo que se ordenó dar vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que la materialización de los actos omisivios reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del juicio de nulidad 1216/19-PC4-7, por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables (1) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; (2) Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; al rendir su informe con justificación negaron la existencia del acto que se les reclamó. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que de las copias certificadas que exhibió la (1) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, junto con su informe justificado relativas al juicio de nulidad 1216/19-PC4-7; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo; se advierte que aún no se ha dado cumplimiento a la sentencia de nulidad en cuestión; por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte, la diversa autoridad responsable (3) Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca; fue omisa en rendir su informe justificado pese a haberlo requerido por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, por lo que de conformidad con el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, deben tenerse por presuntivamente cierto el acto omisivo que se le reclama a dicha autoridad. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente juicio constitucional, de conformidad con en el artículo 62 de la Ley de Amparo, es procedente analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Bajo ese contexto, del análisis de las constancias de autos, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que resguarda el principio de definitividad; hipótesis de improcedencia la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;[.]" En principio, debe decirse que el juicio de protección de derechos humanos tiene un carácter extraordinario, en donde su procedencia y tramitación está regulada por reglas y por principios fundamentales, que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para efectuar el control constitucional de los actos de autoridad, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho enjuiciamiento es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo implica que antes de acudir a dicho procedimiento constitucional se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Establecido lo anterior, en este punto, es necesario hacer relación de las actuaciones en controversia que se deducen del juicio de nulidad 1216/19-PC4-7, a saber: La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, resolvió en definitiva el juicio de nulidad 1216/19-PC4-7. La referida sala administrativa, por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, requirió a la autoridad demandada en el juicio de nulidad (1216/19-PC4-7) para que dentro del plazo de tres días informara el cumplimiento de la citada sentencia definitiva. La sala responsable en cita, por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, en atención a que la autoridad demandada en el juicio de nulidad (1216/19-PC4-7), no dio cumplimiento al requerimiento descrito, de nueva cuenta la volvió a requerir para que dentro del plazo de tres días informara el cumplimiento de la citada sentencia definitiva. Ahora bien, en relación con el tópico del principio de definitividad dentro de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 306/2021, estableció lo siguiente: Que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna, contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien se encuentra dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por dicho Tribunal Administrativo, compuesto por un procedimiento oficioso mediante el cual la sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o, incluso, requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Que por otro lado, ese precepto legal contempla, además, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja bajo diversas hipótesis. Que en el caso, es relevante la hipótesis del recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, de cuyo procedimiento el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente. Que ese recurso de queja forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Administrativo y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional. Que esos mecanismos de cumplimiento están desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos; siendo que el hecho de que el juicio de amparo permita aplicar medidas más duras (como lo es la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado), no implica la inutilidad de los mecanismos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluyendo el recurso de queja por omisión en el cumplimiento. Que sostener que para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. Que por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. Que no es óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. Que bajo ese supuesto, no se actualiza alguna excepción al referido principio de definitividad, puesto que el acto reclamado no es de aquéllos que carezcan de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Carta Magna, el recurso de trato no se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, y éste forma parte de un juicio dentro del cual está prevista la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. De la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 306/2021, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivó la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." Luego, si en el caso, de autos se advierte que previo a promover el presente juicio de protección de derechos fundamentales, el peticionario de amparo Rigoberto Carlos Sierra Arango no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de obtener el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada en el juicio administrativo 1216/19-PC4-7, por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, es inconcuso que el presente enjuiciamiento constitucional es improcedente, al no observar el principio de definitividad. En relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo (defintividad), lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso Rigoberto Carlos Sierra Arango contra el acto reclamado a la (1) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México; (2) Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado; y (3) Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca; por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.veintinueve de abril de dos mil veintidós NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Magistrado por Ministerio de Ley y Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora, del estado de los autos se advierte, que se encuentran señaladas las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que a esa fecha estará transcurriendo el plazo de ocho días con la vista del informe justificado de cuenta, por lo tanto, se difiere anticipadamente la misma, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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