Rigoberto Cantero Baez

Expediente 1100/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1100/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Rigoberto Cantero Baez

Actuaciones

  1. Principal

    SENTENCIA...se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por a Rigoberto Cantero Báez; respecto al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y último de este fallo. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio SF/DJTAIP/1532/2022, signado por el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa refiere que la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas envió oficio SF SSE/0529/2022, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el cual se aprecia el listado de los laudos laborales que a la fecha se tienen contemplados para cubrirse con el próximo presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, entre los que se encuentra el del quejoso Américo López Garza, en seis parcialidades en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2023. En ese sentido, de las constancias que se reciben se desprende que la autoridad responsable obligada al cumplimiento Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, no ha informado la totalidad de lo requerido en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acredite de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $3,579,207.16 (tres millones quinientos setenta y nueve mil doscientos siete pesos, dieciséis centavos) a favor del quejoso Américo López Garza, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio SF/DJTAIP/1532/2022, signado por el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa refiere que la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas envió oficio SF SSE/0529/2022, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el cual se aprecia el listado de los laudos laborales que a la fecha se tienen contemplados para cubrirse con el próximo presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, entre los que se encuentra el del quejoso Américo López Garza, en seis parcialidades en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2023. En ese sentido, de las constancias que se reciben se desprende que la autoridad responsable obligada al cumplimiento Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, no ha informado la totalidad de lo requerido en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acredite de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $3,579,207.16 (tres millones quinientos setenta y nueve mil doscientos siete pesos, dieciséis centavos) a favor del quejoso Américo López Garza, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio SF/DJTAIP/1532/2022, signado por el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa refiere que la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas envió oficio SF SSE/0529/2022, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el cual se aprecia el listado de los laudos laborales que a la fecha se tienen contemplados para cubrirse con el próximo presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, entre los que se encuentra el del quejoso Américo López Garza, en seis parcialidades en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2023. En ese sentido, de las constancias que se reciben se desprende que la autoridad responsable obligada al cumplimiento Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, no ha informado la totalidad de lo requerido en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acredite de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $3,579,207.16 (tres millones quinientos setenta y nueve mil doscientos siete pesos, dieciséis centavos) a favor del quejoso Américo López Garza, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.El Secretario que suscribe el presente acuerdo hace constar que se procedió a la captura de la presente determinación en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. CONSTE.- L'EICL- carolinaCiudad Victoria, Tamaulipas, a seis de julio de dos mil veintidós.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de julio de dos mil veintidós.

  3. Principal

    ...agréguese el escrito signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del oficio 10003/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en el que le impone una multa y le requiere a fin de que cubra a la quejosa Adriana Guadalupe Lina Marroquín, la cantidad de $ 1,840,415.96 (un millón ochocientos cuarenta mil cuatrocientos quince pesos 96/100 moneda nacional), por concepto de pago de diferencias salariales y otros, en cumplimiento a la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 173/E/2011. Sin embargo, la autoridad responsable no justifica haber enviado el oficio 10003/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y al Secretario de Educación en Tamaulipas, respectivamente, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente de Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado el citado oficios. Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad vinculada Director Jurídico, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, fue omisa en dar cumplimiento a lo requerido mediante auto de ocho de junio de dos mil veintidós, no obstante de esta debidamente notificada mediante oficio 21050/2022 recibido el diez de junio de dos mil veintidós, según acuse de notificación que obra en autos, en tal virtud, requiérase por última ocasión a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados informe la respuesta otorgada por el Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación, al oficio SSE/520/2022 y las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento al segundo pago del laudo dictado dentro del juicio laboral 173/E/2011, que se encontraba programado para los últimos cinco días hábiles del mes de mayo de dos mil veintidós. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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