Rigoberto Bernal Salais

Expediente 763/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
763/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Rigoberto Bernal Salais
  • Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial Con Residenica En Altamira, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el acuerdo de treinta de agosto del año en curso, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa, el acuerdo de treinta de agosto del año en curso, relativo al sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo, por los motivos que en la misma se indican; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al parte quejosa, el acuerdo de sobreseimiento de treinta de agosto del año en curso, y las subsecuentes actuaciones que se generen en el expediente en que se actúa, por lista de acuerdos en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se notifica al quejoso Rigoberto Bernal Salais, el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyo auto esencialmente dice: Visto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta a través del cual la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, rinde su informe justificado, y remite copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil de su índice, de donde derivan los actos reclamados en este asunto; sin que haya lugar a dar vista las partes con el informe y constancias de cuenta, por las razones que enseguida se exponen. La autoridad judicial responsable, con el oficio que se provee, remite copia certificada de la totalidad de constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ****. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De dichas documentales se advierte que el treinta de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, admitió a trámite, en la vía ejecutiva mercantil, la demanda promovida por ****, endosatario en procuración de "GT CREDIT, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R." en contra de ****, en su carácter de deudor principal, y **** (quejoso), en su carácter de obligado solidario. En esa fecha, dictó auto con efectos de mandamiento en forma, para que los demandados sean requeridos del pago de las prestaciones reclamadas, y de no hacerlo se les embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste; asimismo, ordenó que se emplazara al citado controvertido mercantil a los demandados, entre los que se encuentra el aquí quejoso; sin embargo, de las referidas documentales se observa que dicho auto de exequendo no se ha ejecutado en contra del demandado **** (quejoso), en virtud de que no se ha logrado localizarlo. Ahora, en la demanda de amparo el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, pues aduce que el treinta de julio de dos mil dieciocho, por medio de internet, se percató de que existe un juicio instaurado en su contra, el cual se encuentra radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, con el número de expediente *****, sin embargo, afirma, bajo protesta de decir verdad, no se le ha emplazado a dicho procedimiento mercantil. En ese tenor, el suscrito Juzgador advierte que en el presente sumario constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia que se estima actualizada, toda vez que el quejoso, ostentándose como tercero extraño a juicio, acude a esta instancia constitucional reclamando el auto de exequendo, así como la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil que se sigue en su contra, pues aduce que de llegar a ejecutarse el embargo ordenado en el citado controvertido sobre bienes de su propiedad se le ocasionarían daños de imposible reparación, no obstante que no ha sido llamado a juicio, aunado a que el Juez del conocimiento debe agotar las instancias necesarias para localizar al deudor principal. Sin embargo, tanto del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, como de las constancias que remitió en apoyo al mismo, se observa palmariamente que en el juicio ejecutivo mercantil ****, no se ha dictado sentencia, por lo que el juicio del que emana la materia del reclamo, se encuentra en trámite, pues no se ha logrado emplazar al demandado, aquí quejoso. En ese sentido, si el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, es inconcuso que se encuentra en posibilidad de comparecer al procedimiento mercantil de origen a combatir cualquier actuación realizada por la autoridad responsable, a través de la interposición de los recursos ordinarios que tiene a su alcance previstos en la ley que rige al acto reclamado (Código de Comercio). Por tanto, en la especie, se actualiza de modo pleno la causal de improcedencia mencionada, en virtud de que la parte quejosa no posee la calidad de tercera extraña por equiparación, no obstante que resulta ser parte demandada en el juicio natural y pretende combatir el auto de exequendo y la falta de emplazamiento a dicho controvertido, puesto que según se advierte de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil de origen a la fecha no se ha dictado sentencia, de tal forma que al ser parte en el juicio, puede impugnar las violaciones de que ahora se queja a través de los recursos o medios de defensa que la ley establece en su favor, haciéndolos valer ante la autoridad del conocimiento, y no a través del presente juicio de amparo, el que ciertamente procede en tratándose de terceros extraños a juicio por equiparación, cuando siendo parte en el juicio natural alegan la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo, pero siempre y cuando no se haya estado en aptitud legal de plantearlo ante la propia autoridad responsable; lo que no ocurre en la especie, pues en el juicio natural no se ha dictado sentencia; por tanto, es evidente que aún está en aptitud de comparecer ante el Juez del conocimiento para deducir sus derechos. Lo anterior es así, pues no obstante que la parte inconforme manifiesta que no se le ha emplazado y que se le pudieran embargar bienes de su propiedad, lo cierto es que hasta este momento no se ha emitido acto definitivo alguno que le genere un perjuicio de manera irreparable, pues como se dijo en líneas precedentes, el quejoso puede comparecer ante el Juez Segundo de Primera Instancia Civil, residente en Altamira, Tamaulipas, a deducir sus derechos, mediante la interposición de los recursos legales que tiene a su alcance. En ese sentido, no puede considerarse que el quejoso se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento que reclama le haya ocasionado un total desconocimiento del asunto que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro de dicho controvertido, ya que al no haber culminado el juicio de origen, se encuentra en posibilidad de apersonarse al mismo a hacer valer sus derechos. En esas condiciones, al encontrarse en trámite el juicio ejecutivo mercantil ****, se concluye que el quejoso no tiene el carácter de persona extraña y, en consecuencia, se encuentra en posibilidad legal de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, a efecto de ejercer su derecho de audiencia. Aunado a lo anterior, por lo que respecta al auto de exequendo emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el que ordenó requerir a los demandados el pago de las prestaciones reclamadas, y que de no hacerlo se les embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste, el suscrito Juzgador advierte que en contra de dicho acto el quejoso debe agotar el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo. En efecto, el auto de exequendo es la resolución judicial que, con efectos de mandamiento en forma, ordena que el ministro ejecutor se constituya en el domicilio de la parte demandada, la requiriera de pago y, en caso de no cubrir el adeudo reclamado, embargue bienes de su propiedad suficientes para garantizarlo. Por su parte, el artículo 1334 del Código de Comercio, establece: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Tal ordinal contempla el medio de impugnación denominado revocación y señala que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Luego, como quedó ya de manifiesto, en esta instancia se reclama el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el que se dictó un auto de mandamiento en forma, conocido comúnmente como auto de exequendo, o bien, auto de requerimiento de pago, embargo y/o emplazamiento, el cual fue precisado en líneas que anteceden. Por tanto, se considera que el referido acto reclamado no es una sentencia definitiva, tampoco una interlocutoria o auto definitivo que ponga fin al juicio de origen, por lo que, en la especie, contra el precisado auto no procede el recurso de apelación previsto en el Código de Comercio, pues se trata de un negocio cuya cuantía es de ******, y conforme al artículo 1340 del invocado código, el recurso de apelación sólo procede cuando el monto del asunto sea superior a $593,712.73 (quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal. De esta manera, del análisis del precepto invocado se desprende que la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el Juez de origen, revoque, sí así procede, los autos que emitió, en el supuesto de que, en contra de éstos no resulte procedente el diverso recurso de apelación. Por tanto, se considera que el auto en el que se contiene una orden de requerimiento de pago, embargo y/o emplazamiento en contra del aquí quejoso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, al no ser apelable conforme a la legislación mercantil respectiva, es revocable en términos del artículo 1334 del Código de Comercio. Así, se estima que el quejoso está obligado a agotar el aludido recurso de revocación previo a combatirlo a través del juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa puede hacer valer las alegaciones que expresó en sus conceptos de violación, y en vista de ellas, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada; y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo También debe decirse, que en el caso no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Por tanto, es evidente que en el caso no se cumplió con el principio de definitividad del acto reclamado, ya que contra éste aun procedía un recurso ordinario por medio del cual pudo ser modificado o revocado, actualizándose así, la causal de improcedencia en análisis. Se afirma lo anterior, pues de la ejecutoria correspondiente, se desprende que el punto a dirimir versó en torno a establecer si el auto de ejecución dictado en un juicio ejecutivo mercantil, como el que es origen del acto aquí reclamado, conocido también como de exequendo, constituye o no un acto de imposible reparación, consecuentemente, si en su contra procede o no el juicio de amparo indirecto; sin embargo, no fue materia de estudio si previo a la interposición de la demanda de amparo contra el auto que se analiza, el quejoso debía agotar el recurso ordinario legalmente procedente para impugnar dicha determinación y que puede revocar, modificar o anular dicho acto, es decir, si tiene o no la obligación de agotar el principio de definitividad previamente al ejercicio de la acción constitucional, conforme a la interpretación relacionada del artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se concluye que, en contra del auto de exequendo dictado en un juicio de cuantía menor procede el recurso de revocación, y una vez agotado éste entonces sí procede el juicio de amparo indirecto. Por las consideraciones legales antes expuestas, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas. En otro orden de ideas, cabe destacar que el hecho de que no se haya dado vista al quejoso con las documentales tomadas en consideración para sobreseer en el presente asunto, en términos del artículo 64, segundo párrafo, de la ley de Amparo, no le genera perjuicio alguno, antes bien, con esta determinación se da conocer al quejoso las posibilidades y recursos que tiene a su alcance para combatir, ante el Juez responsable, los actos que estimen le causen agravios; pues de continuar con la secuela del presente sumario constitucional, hasta su culminación, podría acontecer que el quejoso pierda oportunidad de comparecer ante el Juez a combatir las determinaciones emitidas en el juicio de origen, al resultar extemporáneos los recursos que en su caso intente. Resta decir que la determinación aquí adoptada en modo alguno conculca el derecho fundamental de acceso efectivo a la jurisdicción contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, en razón de que, el principio de tutela judicial efectiva, no entraña un derecho ilimitado, sino que su ejercicio está constreñido al cumplimiento de determinados requisitos; así, tratándose del juicio de amparo, debe verificarse que resulte procedente contra los actos reclamados, para poder estudiar los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa o, de lo contrario, deberá estimarse improcedente el juicio, al existir una justificación jurídica que impida analizar los planteamientos de fondo. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en este juicio para la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo para sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías, el hecho de que a la fecha no se haya emplazado a la parte a quien pudo resultarle el carácter de tercera interesada para efectos de este juicio de amparo, toda vez que el resultado de este fallo no le produciría perjuicio alguno, sino que por el contrario, deja las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la instauración del presente juicio de garantías.

  4. Principal

    Visto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta a través del cual la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, rinde su informe justificado, y remite copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil **** de su índice, de donde derivan los actos reclamados en este asunto; sin que haya lugar a dar vista las partes con el informe y constancias de cuenta, por las razones que enseguida se exponen. La autoridad judicial responsable, con el oficio que se provee, remite copia certificada de la totalidad de constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por las consideraciones legales antes expuestas, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causas de improcedencia antes analizadas. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en este juicio para la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.

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