Rigoberto Arvizu Mancilla
Expediente 1421/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1421/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rigoberto Arvizu Mancilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, como en el presente asunto obra documento original, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlo; apercibida que de no hacerlo, será destruido, como lo dispone el artículo 18, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, el disco versátil digital que contiene el expediente laboral 144/2021 de su índice, que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1421/2022-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado recibido el seis de diciembre de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado, el siete posterior, Rigoberto Arvizu Mancilla, por conducto de su apoderado Rubén Adán Romero García, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. El ocho de diciembre del presente año, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; de igual forma, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables: La omisión de efectuar el emplazamiento de la parte demandada PACKSTAR, sociedad anónima de capital variable al juicio laboral 144/2021. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades: Secretario Instructor del 1. Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, en representación de éste y del 2. Titular de dicho órgano, así como por la 3. Notificadora adscrita al citado Tribunal (promociones 19880 y 19881), no obstante que al rendir su informe con justificación negaron su existencia; sin embargo, se tiene por cierto, toda vez que queda desvirtuada por las manifestaciones que realizan en el propio informe. Orienta a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de Julio de 1994, materia común, con número de registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas al procedimiento laboral ordinario 144/2021 de su índice, que remitieron las autoridades responsables en disco versátil digital, las cuales gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido; ello, sustentado con el criterio de la jurisprudencia 3a./J. 21/91, registro 207000, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, foja 49, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes que aquí interesan: 1. El ocho de abril de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, radicó la demanda con el número de procedimiento laboral en la vía ordinaria 144/2021, promovida por Rigoberto Arvizu Mancilla, por conducto de su apoderado Rubén Adán Romero García, contra PACKSTAR, sociedad anónima de capital variable, ordenando, a través de la notificadora adscrita al referido Tribunal, el emplazamiento de la accionada en el domicilio ubicado en "cerrada Campanas, número 3, edificio T 1, interior 206, colonia Los Pirules, municipio de Tlalnepantla, C.P. 54040, Estado de México". 2. La Notificadora adscrita a dicho Tribunal, respecto al referido domicilio, asentó la razón de imposibilidad de doce de abril de dos mil veintiuno, de la que se desprende en esencia que fue informado que la buscada se encuentra en colonia diversa, y que al constituirse en aquélla, le fueron solicitados más datos como número de piso, despacho u oficina, por lo que al no contar con los elementos suficientes y falta de certeza, se abstuvo de efectuar la diligencia. 3. Mediante proveído de veintiocho de mayo de ese año, se tuvo al accionante aclarando el domicilio de la demandada, respecto a la calle, precisando que es "Calle Cerro de las Campanas"; por tanto, se comisionó a la diligenciaria para que efectuara el llamamiento a juicio. 4. La Notificadora adscrita a dicho Tribunal, por cuanto hace al referido domicilio, asentó la razón de imposibilidad de tres de junio de dos mil veintiuno, donde al constituirse en el lugar, fue informado que en esa calle no se encuentra ningún edificio y que aquélla continúa pero que es una colonia diversa sin que conozcan a la moral buscada, y al cuestionar por la demandada, le fueron requeridos mayores datos correctos y completos como número de despacho, piso u oficina, dado que incluso, la colonia también es diversa. 5. A petición del actor, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, la responsable giró oficios a distintas dependencias, a efecto de que informaran al Tribunal, el último domicilio de la accionada, mismos que se libraron el veinte de mayo siguiente; de igual forma, ante su incumplimiento, se requirió nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que proporcionara la información requerida. 6. Mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la parte actora para que dentro del término de tres días precisara el domicilio de la moral, con los documentos o elementos convenientes para su localización, bajo el apercibimiento que en caso de no realizarlo, procedería conforme a los numerales 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo. 7. Derivado de lo informado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en acuerdo de doce de octubre siguiente, se turnaron los autos a efecto de que el notificador realizara la diligencia de emplazamiento en el domicilio que proporcionó la referida institución, ubicado en "Cerrada Campanas 3, Edificio T1, interior 216, Pirules, Tlalnepantla de Baz, México, código Postal 54040". 8. La Notificadora adscrita a dicho Tribunal, respecto al referido domicilio, asentó la razón de imposibilidad de catorce de octubre de dos mil veintidós, pues al constituirse en el lugar fue informada que no conocen a la buscada, le mencionaron que no hay cerradas en esa colonia, por lo que ante la falta de certeza y a efecto de evitar posibles nulidades, se abstuvo de realizar la diligencia. 9. Con la razón de imposibilidad de mérito, así como atento a lo que solicitó el accionante, en auto de veintinueve de noviembre de ese año, se comisionó nuevamente a la notificadora para que llevara a cabo el emplazamiento de la moral demandada en el citado domicilio, señalando las nueve horas del catorce de diciembre siguiente, para que en compañía del actor, se constituyeran en el inmueble a efecto de practicar el llamamiento a juicio, acuerdo que fue notificado a la parte actora el treinta de noviembre posterior. 10. No obstante la incomparecencia del promovente requerido, la Notificadora adscrita a dicho Tribunal asentó la razón de imposibilidad de catorce de diciembre de dos mil veintidós, pues al constituirse en el domicilio, fue informado que hay oficinas de varias morales pero que con quien se identificó, no ha escuchado el nombre de la buscada, que al localizar el número de interior, encontró un horario de atención de martes y jueves, sin que nadie atendiera a su llamado, por lo que ante la falta de certeza y a efecto de evitar nulidades, se abstuvo de realizar la diligencia. 11. En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, vista la razón de imposibilidad de mérito, se requirió nuevamente al actor, para que dentro del término de tres días proporcionara o aclarara el domicilio de la moral accionada, apercibido que en caso de no realizarlo, comenzaría a transcurrir el plazo concedido para la caducidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 17, 48, 604, 605, 610, 685, 742, fracción II y 773 de la Ley Federal del Trabajo. Sexto. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, el primero, en torno a que las responsables actúan en perjuicio de lo previsto en los artículos 8 y 17 Constitucionales, que consagran las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, incumpliendo con lo establecido en diversos dispositivos de la Ley Federal del Trabajo, al omitir practicar el emplazamiento sin razón actuarial que lo acredite, transgrediendo con ello, el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita; y el segundo argumento que vierte, en relación a que el domicilio proporcionado por algunas de las dependencias requeridas por la responsable ("INFONAVIT y SAT") "son verdaderos", por lo que -al tratarse de documentales públicas- existe prueba en contrario a lo asentado por la notificadora por cuanto hace a la imposibilidad para practicarlo. En efecto, contrariamente a lo que refiere la parte quejosa, de autos se desprende que en la especie no se actualiza una notoria dilación atribuible a las responsables que repercuta en las demás etapas del procedimiento laboral, vulnerando con su actuar lo establecido en el segundo párrafo del precepto 17 Constitucional, de contenido siguiente: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En ese orden, del análisis del citado precepto constitucional se advierte lo siguiente: I) El derecho que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. II) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. III) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. El precepto legal aludido pertenece a la especie de los principios de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia, han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, tomando como punto de partida la Ley Federal del Trabajo vigente, en lo relativo procedimiento que debe seguirse a fin de emplazar al demandado en determinado procedimiento laboral, debe decirse que la autoridad responsable no ha incurrido en violación del derecho de impartición de justicia que alega la parte quejosa. Con el objeto de justificar la aludida determinación, se estima pertinente indicar que la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 742 fracción I, 750 y 873-A establecen los presupuestos que deben satisfacer las notificaciones de carácter personal y los plazos legales dentro de los cuales deben practicarse, en específico el emplazamiento a la parte demandada, numerales que establecen: "Artículo 742.- Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; . Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. Artículo 873-A.- Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en ésta, para que produzca su contestación por escrito dentro de los quince días siguientes, ofrezca pruebas y de ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en dicho término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención. Asimismo, deberá apercibirlo que de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 de esta Ley, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo establecido en esta Ley. A toda contestación de demanda deberá anexarse el documento con el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del demandado. El escrito de contestación de demanda deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho en los que se sustenta, las excepciones y defensas que el demandado tuviere a su favor, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las manifestaciones que estime convenientes y, en su caso, objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho de objetar las pruebas de su contraparte. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre los que no se suscite controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, implica la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho. En caso que el demandado niegue la relación de trabajo podrá negar los hechos en forma genérica, sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento; de oponerse éstas, sólo se admitirán como pruebas la documental y pericial, salvo en el caso de la litispendencia y conexidad, de las que se podrá ofrecer también la prueba de inspección de los autos. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda; si no lo hace y el Tribunal se declara competente, se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley. Las mismas consecuencias correrán a cargo del demandado si éste no da contestación a la demanda o la formula fuera del plazo concedido para hacerlo, sin perjuicio de que hasta antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas en contrario para demostrar que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. La parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de contestación a la demanda, acompañando las copias respectivas para que se corra traslado con ellas a la parte actora. No se recibirán pruebas adicionales a menos que se refieran a hechos relacionados con la contrarréplica, siempre que se trate de aquellos que el demandado no hubiese tenido conocimiento al contestar la demanda, así como las que se ofrezcan para sustentar las objeciones hechas a las pruebas de las demás partes, o las que se refieran a la objeción de testigos. Lo anterior sin menoscabo de que se puedan ofrecer pruebas sobre hechos supervenientes. Las pruebas deberán acompañarse de todos los elementos necesarios para su desahogo, para lo cual se estará a lo dispuesto en el capítulo XII del Título Catorce de esta Ley. En caso de que el demandado se allane a la demanda el Tribunal citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días, en la que se dictará la sentencia respectiva. Presentada que sea la contestación de demanda, el Tribunal le asignará al demandado un buzón electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y la clave de acceso correspondiente, mediante el cual podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos que emita el órgano jurisdiccional. Si el Tribunal admite la reconvención, deberá emplazar a la parte actora corriéndole traslado con ésta y con las pruebas que ofrezca la actora reconvencionista, para que dentro del término de quince días siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho e interés corresponda y ofrezca pruebas, y en su caso objete las de la contraria. De no dar contestación a la reconvención la parte trabajadora, se le tendrá por contestada negando los hechos aducidos en la reconvención y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. La reconvención seguirá las mismas reglas establecidas para la demanda." Ahora, de las normas legales aquí reproducidas, se obtiene que cuando se trate del emplazamiento, la autoridad laboral contará con el plazo de hasta cinco días siguientes a la admisión de la demanda, para practicarlo. Sin embargo, en el caso en particular resulta relevante traer también a análisis el contenido del diverso proveído 712 de esa Legislación, que establece: "Artículo 712.- Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que ésta gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. De no obtener la información que permita al Tribunal conocer el domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos y en el sitio de Internet que para tal efecto establezca el Poder Judicial federal o local cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. En este caso, el procedimiento seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercerse, sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer pruebas en contra para demostrar que el actor no era trabajador o patrón; que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. En este caso, los edictos se publicarán por dos veces, con un lapso de tres días entre uno y otro, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días. Asimismo, se publicarán en el medio oficial de difusión del Tribunal, incluyendo su portal de Internet." Ahora bien, de los antecedentes antes descritos, se advierte que el Tribunal laboral responsable no ha llevado a cabo la práctica del emplazamiento del demandado en el término de cinco días; sin embargo, se advierte que no es por cuestiones de negligencia o mala fe en su actuar, o bien, por incurrir en prácticas reiteradas de dilación procedimental; pues si bien transcurrieron más de un año y siete meses desde la emisión del auto admisorio de demanda -ocho de abril de dos mil veintiuno- a la fecha de la presentación de demanda -seis de diciembre de dos mil veintidós- sin que se haya realizado, como se dijo, de los autos de origen se aprecia que no hay constancia que acredite que tal dilación sea por causas atribuibles de manera directa al actuar del Tribunal responsable. Máxime que el plazo de cinco días al que alude el referido numeral para la práctica del llamamiento a juicio no es una regla absoluta, pues en la secuela procedimental se pueden presentar eventualidades que por sí mismas no sean atribuibles al órgano jurisdiccional del conocimiento, ya que también tiene injerencia la participación de la parte actora, como acontece en el caso, dadas las cargas procesales que adopta al promover la demanda para dar continuidad a las etapas procesales y evitar así, ante la pasividad de los promoventes, que opere la caducidad de la instancia en su perjuicio en términos de lo previsto en los numerales 771 a 773 de la Ley Federal del Trabajo. En el presente caso, se destaca que la norma laboral impone al actor la carga procesal de proporcionar un domicilio cierto del demandado para lograr el emplazamiento de la parte accionada; sin embargo, de las constancias de autos se desprende que la parte quejosa no ha desahogado la vista concedida por la responsable el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós respecto a la imposibilidad para emplazar al demandado, aunado a que no se advierte que no acudió a la cita programada a efecto de que, en compañía del fedatario adscrito al Tribunal responsable, se constituyeran en el domicilio que afirma que corresponde al del accionado. En efecto, dado que el dispositivo 712 de la Legislación laboral federal establece la obligación procesal a cargo del actor de señalar el domicilio de la parte demandada, cabe precisar que ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, el Máximo Tribunal del País ha establecido que ante la eventual imposibilidad para la práctica del emplazamiento a juicio, al menos tratándose de pluralidad de accionados, el Tribunal Laboral debe requerir a la actora para que proporcione en un término de tres días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.), registro 2004225, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, página 794, Décima Época, Materias(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. Conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. Por tanto, cuando no haya podido emplazarse a todos los demandados señalados en el escrito inicial, por no haberse proporcionado su domicilio o no ser el correcto y, ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la Junta competente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas inicial a la que haya citado a las partes, deberá fijar de oficio una nueva fecha para su celebración, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de 3 días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, y apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados." En el entendido que si la parte actora no señala un domicilio diverso, contrario a lo que argumenta el impetrante, la responsable no está obligada a proceder a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo, pues así lo sostuvo la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 126/2016 (10a.), registro 2013079, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1364, Décima Época, Materias(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." En ese orden de ideas, no pasa inadvertido el criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), registro 2019400, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Dado que, conforme a lo anterior, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica de las partes, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; lo que en este caso no acontece, si se toma en consideración que la falta de emplazamiento de la parte demandada no es atribuible -en estricto sentido- a la autoridad responsable. En ese contexto, se considera que el Tribunal Laboral no vulneró en perjuicio de la parte quejosa lo tutelado por el artículo 17 Constitucional, puesto que realizó las gestiones a fin de girar los oficios respectivos para allegarse del domicilio correcto y completo de la moral accionada, comisionando incluso, en cuatro ocasiones a la fedataria de su adscripción para emplazarla; empero, la falta del llamamiento a juicio, como se desprende de las razones de imposibilidad, derivan del cercioramiento efectuado por la fedataria, es decir, por no corresponder a la calle o colonia, y las otras dos, por falta de certeza de que en el lugar señalado para tal efecto, sea localizable la moral demandada, así como porque en el domicilio proporcionado para su práctica, fue informada la notificadora que en el domicilio proporcionado por las dependencias requeridas y señalado por el actor, no es localizable la accionada, y no por una inacción absoluta del tribunal responsable. Destacando con ello que, si bien no se ha verificado dicha diligencia, ello fue por motivos ajenos al operador de justicia, esto es, por circunstancias externas a quien buscó emplazar, dado que no se pudo localizar a la parte demandada. Por lo tanto, de la exégesis narrada se extrae, en lo conducente, que al haber impulsado mediante actuaciones judiciales y aplicando como mecanismo legal haber girado los oficios correspondientes a fin de llevar a cabo el emplazamiento pretendido, se obtiene que la conducta de la autoridad responsable fue acorde a la ley adjetiva, respetando con ello, el derecho de impartición de justicia reconocido constitucionalmente. Pues incluso, el hecho de que diversas dependencias hubieran proporcionado un posible domicilio en el cual pudiera ser emplazada la empresa demandada, ello no significa que invariablemente en ese domicilio pudiera ser localizada, de ahí que -correctamente- la autoridad responsable requirió a la parte actora para que en compañía del fedatario acudieran a esos lugares, sin que el aquí quejoso hubiera acudido a la cita; no obstante ello, comisionó al actuario para el desahogo de la diligencia, obteniendo un resultado negativo, según ha quedado evidenciado. En consecuencia, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, del actuar de la responsable no se advierte que sea en contravención a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, tampoco existe transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica que engloba dicho precepto Constitucional en perjuicio de la parte quejosa. Por tanto, no prosperan los argumentos vertidos por el impetrante; en consecuencia, lo que procede es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al fedatario adscrito al Tribunal de origen, en virtud de que lo impugnado de dicha autoridad, fue exclusivamente en vía de consecuencia; por tanto, si entre los actos reclamados principalmente y su ejecución existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquélla, entonces lo procedente es hacer extensiva la negativa del amparo en cuanto a dicha autoridad ejecutora. Es aplicable, la jurisprudencia 88, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 70, registro digital 917622, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantía la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Similares consideraciones sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión auxiliar 147/2022, en auxilio de las labores jurisdiccionales del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, respecto de la sentencia que resolvió este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rigoberto Arvizu Mancilla, por conducto de su apoderado Rubén Adán Romero García, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; de igual forma, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Así lo resolvió Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Julio César Tolentino Trejo, que da fe. Julio C. Tole.
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"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no se celebra toda vez que transcurre la vista de ocho días que se otorgó a las partes mediante auto de dos de enero del año en curso; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese..."
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Naucalpan de Juárez, Estado de México; dos de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los informes justificados rendidos por el Secretario Instructor del 1. Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, en representación de éste y del 2. Titular de dicho órgano, así como por la 3. Notificadora adscrita al citado Tribunal, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba el disco versátil digital que se adjunta al primero de los ocursos de cuenta, el cual contiene el expediente laboral ******************** en formato electrónico; sin perjuicio de hacer nueva relación de ello en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en los oficios recibidos. Con relación al correo electrónico y teléfono que proporcionan las autoridades, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Notifíquese.
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