Rigoberto Alvarez Madrigal
Expediente 1179/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/11/2019
Partes del expediente
- Rigoberto Alvarez Madrigal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional y para su verificativo se fijan las diez horas con seis minutos del doce de diciembre de dos mi diecinueve.
- Principal
Notifíquese personalmente. se notifica a la parte tercero interesada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., la resolución de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar: Causó ejecutoria sentencia que concedió el amparo, se requiere el cumplimiento a las responsables...
- Principal
se tiene al coordinador área penal zona costa defensoría publica estatal, con residencia en esa ciudad, asignando defensores públicos adscritos a la citada institución, para brindar el servicio de asesoría jurídica al quejoso.
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual acusa recibo de los oficios 51492 y 51493, mediante los cuales se notificó el proveído dictado en este expediente, el diecinueve de septiembre de esta anualidad, los cuales fueron recibidos el diez de octubre último; en consecuencia, toda vez que este asunto, se encuentra debidamente integrado como se ordenó en el proveído antes citado, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que emita la resolución correspondiente en relación a la contumacia de la autoridad responsable Ayuntamiento de Tecate, Baja California; lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes para constancia. Por otra parte, glósese a los autos el diverso oficio telegráfico enviado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual informa que fueron recibidos en ese tribunal dos cheques que exhibió la autoridad demandada por conducto de su apoderado legal, expedidos a favor del aquí quejoso Macario Zúñiga Barragán, valiosos por la cantidad de $5,000.00 pesos (cinco mil pesos moneda nacional) cada uno. Asimismo, informa que hizo efectiva la multa a la Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, así como al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Oficialía Mayor y Tesorería Municipal, todos del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por no haber dado cumplimiento al requerimiento que se les formuló en el expediente de origen. De igual manera, formuló nuevo requerimiento a la autoridades demandadas del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que paguen a la parte actora, aquí quejoso, el monto total que le adeuda, con motivo del laudo dictado en los autos del expediente 244/2011-VII; de lo que se toma la nota respectiva. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Presidente y Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, para que dentro del término de tres días, continúen informando lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en favor del quejoso Macario Zúñiga Barragán, por parte de la diversa responsable Ayuntamiento de Tecate, Baja California, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, como lo es en el caso, la copia certificada de la constancia que acredite el pago total efectuado al impetrante de mérito de las cantidades a que se refiere el cumplimiento del laudo arbitral que nos ocupa. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá como medio de apremio una multa consistente en cien unidades de medida y actualización, medida de apremio que se fija en dicho monto, atento a lo señalado por el Tribunal de Alzada, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables Presidente y Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, para que ordenen a éstas cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la referida ley, toda vez que las autoridades laborales carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad ninguna. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número 36/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto dicen: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, esto es, efectúe a favor del quejoso Macario Zúñiga Barragán, el pago total de las cantidades correspondientes al cumplimiento con el laudo burocrático de que se trata, en los términos que le han sido requeridos por la diversa responsable Presidenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que acrediten dicho cumplimiento. Apercibida la autoridad obligada al cumplimiento con la ejecutoria de amparo de que se trata, Ayuntamiento de Tecate, Baja California, a través del Síndico Procurador, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá como medio de apremio una multa consistente en doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, ello, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que se fija en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable Ayuntamiento de Tecate, Baja California, para que ordene a esta última cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la referida ley, toda vez que carece de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, el criterio contenido en la tesis número P. LVIII/2009, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro dice: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES." Cabe instruir al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, que el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. De la porción normativa antes descrita, se desprende para lo que aquí importa, que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, al servidor público con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo que resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas dentro del procedimiento. Por ende, de determinarse en el caso concreto la posibilidad de encontrarnos ante un hecho delictuoso como lo es resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a un mandato u orden dictada en materia de amparo, con fundamento en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, se ordenará dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo anterior para los efectos legales que en derecho proceda.
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