Rigoberto Aguilar Torres
Expediente 1250/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Rigoberto Aguilar Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo y, a la fecha, las labores de este órgano constitucional no han permitido el dictado de la sentencia correspondiente debido a la carga de trabajo y la cantidad de asuntos que se tramitan en este Juzgado. En tal virtud, conforme a lo ordenado en el punto de acuerdo 178/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará en el dictado de las sentencias referentes a los juicios de amparo que se tramitan ante este Juzgado, que se comunicó mediante el oficio SECNO/STCCNO/1019/2023 de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordena vincular el expediente electrónico respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante José Manuel Basio Aguilar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo y, a la fecha, las labores de este órgano constitucional no han permitido el dictado de la sentencia correspondiente debido a la carga de trabajo y la cantidad de asuntos que se tramitan en este Juzgado. En tal virtud, conforme a lo ordenado en el punto de acuerdo 178/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, apoyará en el dictado de las sentencias referentes a los juicios de amparo que se tramitan ante este Juzgado, que se comunicó mediante el oficio SECNO/STCCNO/1019/2023 de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordena vincular el expediente electrónico respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante José Manuel Basio Aguilar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
nueve de octubre de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Rigoberto Aguilar Torres, el acuerdo dictado (a) el tres de octubre de dos mil veintitrés, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, que rinde la autoridad señalada como responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En otro orden, ya que de la certificación de cuenta se advierte que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, el día de hoy, se tuvo a la autoridad responsable informando que el veintinueve de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal 322/2023 de su índice y previo debate entre las partes, determinó procedente imponer las medidas cautelares siguientes: i) presentación periódica quincenal en dicho Centro de Justicia, los días quince y treinta de cada mes, ii) exhibición de una garantía económica por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional) y iii) la prohibición de salir sin autorización de la jurisdicción territorial, por lo que ordenó su inmediata libertad. Ahora visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su perjuicio en la audiencia de quince de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 322/2023. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en perjuicio de Rigoberto Aguilar Torres en la audiencia de quince de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 322/2023; sin embargo, la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, informó que el veintinueve de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal 322/2023 de su índice, determinó procedentes las medidas cautelares siguientes: i) presentación periódica quincenal en dicho Centro de Justicia, los días quince y treinta de cada mes, ii) exhibición de una garantía económica por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional) y iii) la prohibición de salir sin autorización de la jurisdicción territorial, por lo que ordenó su inmediata libertad. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda, se dejó insubsistente la resolución de quince de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 322/2023 del índice de la autoridad responsable y previo debate entre las partes, impuso las medidas cautelares antes aludidas; por tanto, es inconcuso que hubo un cambio de situación jurídica, por lo que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo remitidos por el Juez Quinto de lo Civil, en esta ciudad, mediante el cual, informa el cumplimiento al fallo protector y remite las constancias que así lo acredita. Ahora bien, a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector y, atendiendo al segundo punto de la concesión del presente juicio, requiérase al Juez Quinto de lo Civil, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído, informe lo relativo a la consecuencias derivadas de la sentencia en el juicio de origen y, en el caso que existan afectaciones, deje sin efecto las anotaciones realizadas en oficina registrales o bien las escrituras emitidas por fedatarios, para lo cual deberá girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad a fin que proceda a realizar las cancelaciones o anotaciones respectivas, así como a los Notarios que correspondan. En consecuencia, se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el presente auto en el término concedido, o manifestar la imposibilidad que para ello tengan, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/Grcg/cepm
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