Richard Zuñiga Chávez
Expediente 1004/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/10/2023
Partes del expediente
- Richard Zuñiga Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído el juicio de amparo por todos los actos, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción III, del mismo acuerdo. Por último, glósese copia del presente acuerdo en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del dispositivo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, la determinación emitida por el Juez responsable, en audiencia celebrada el doce de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, de su índice, en la que declaró improcedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso al quejoso. Posteriormente, en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y haciendo disponibles diversas constancias relativas a la causa penal de origen, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de las que se advierte que en la audiencia celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, resolvió dejar sin efectos la indicada medida de prisión preventiva oficiosa, y en su lugar impuso al quejoso las medidas cautelares previstas en las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: - Presentación periódica semanal ante ese Centro de Justicia Penal Federal; asimismo, dentro del plazo de quince días naturales deberá exhibir un comprobante de su domicilio. - Exhibición de una garantía económica por la cantidad de $15,000.00 pesos (quince mil pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, ordenó la inmediata libertad del quejoso por lo que hace a la causa penal de origen, como consecuencia de haber levantado la medida restrictiva de la libertad, -acto que en esta vía constitucional se reclama-. Documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si con posterioridad a la fecha de presentación de demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la autoridad responsable determinó levantar la prisión preventiva de carácter oficioso y en su lugar impuso al quejoso diversas medidas cautelares, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha el quejoso cuenta con diversas medidas cautelares, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO." En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
R E S O L U C I Ó N Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 998/2023-B, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular, Ángel Navarro Cervantes, contra actos del Juez de Distrito en función de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de demanda. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, por conducto de su defensor particular, Ángel Navarro Cervantes, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. Actos reclamados: "Reclamo la negativa imposición de la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia de 12 de agosto del 2023, en donde se solicitó la modificar medida a una distinta, dictado en contra del quejoso, por el juez responsable dentro de la causa penal ********************, notificado el suscrito el mismo día en la audiencia, pero conforme al código nacional de procedimientos penales surtió efectos al día siguiente hábil, por considerarlo probable participante del delito de posesión de narcóticos de los artículos 194 y 195 fracción II, de la ley general de salud por el cual fue formalmente imputado por el representante social." Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en la determinación emitida por el Juez responsable, en audiencia celebrada el doce de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, de su índice, en la que declaró improcedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso al quejoso. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, ya que así lo manifestó al momento de rendir su informe previo. Cuarto. Suspensión definitiva sin materia. Ahora bien, atendiendo a que en auto dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida por este Juzgado, en audiencia celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal de origen ********************, determinó dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a ********************, -acto que en esta vía constitucional se reclama-, y le impusieron las medidas cautelares previstas en las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente que al no haber materia sobre la cual decretar la suspensión de los actos a ésta atribuidos, debe negarse la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede acordar lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que el tres de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se concedió la protección de la Justicia Federal a ********************. Luego, inconformes con la misma, la parte quejosa y las autoridades responsables Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California y Gobernador del Estado de Baja California, interpusieron recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, quien mediante ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión ******************** de su índice, resolvió lo siguiente: "Primero. Se desecha los recursos de revisión interpuestos por el secretario de Hacienda estado de Baja California y director del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración segunda de esta resolución Segundo. En la materia de la revisión se modifica la sentencia dictada el tres de agosto de dos mil veintiuno, por el juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en el juicio de amparo ********************, de su índice. Tercero. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra el acto que reclamó del secretario de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y del director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en la parte final del considerando tercero de la resolución recurrida. Cuarto. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por conducto de su apoderado ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables expuestas en los considerandos quinto y sexto de la resolución recurrida, y para los efectos que se precisan en el considerando sexta de esta resolución. [.].." En esa tesitura, mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector para los siguientes efectos: "a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 11 Bis, inciso VI, subinciso A, numeral 2 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte; y b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad: 1. Aplique a la parte quejosa la cuota de 30.00 Unidades de Medida y Actualización que es la mínima que prevé el artículo 11 Bis, inciso VI, subinciso A, numeral 1 de la ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de dos mil, por servicios de control vehicular en vehículos de Empresas de ********************que presta el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California; y, 2. Por consiguiente, una vez descontado el citado monto, deberá devolver a la quejosa la cantidad que pagó por concepto de derechos de registro de los actos jurídicos mediante recibo oficial ********************, respecto a la cantidad superior a las cuotas mínimas establecidas en el dispositivo combatido, debidamente actualizada. c) Se desincorpore de su esfera jurídica los artículos 152, 153, 154, 155 y 156 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California que regulan el impuesto adicional para la Educación Media y Superior, en relación con el artículo 7º de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y, en consecuencia, el impuesto adicional para la Educación Media y Superior y como consecuencia de lo anterior, se devuelva a la parte quejosa, lo que sufragó por concepto de estos preceptos." Seguidamente, en once de noviembre del año en curso, las autoridades responsables Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, solicitaron una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector. Por lo que en dieciocho de noviembre siguiente, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, exhibió el cheque número ********************, expedido por la Institución Bancaría ********************, valioso por la cantidad de ********************(********************), a nombre de la moral, solicitando que el mismo fuera entregado a la misma, por conducto de quien legalmente la representara en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto; lo cual ocurrió en dos de diciembre de dos mil veintidós, tal como se advierte de autos. Por su parte, la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en veintiocho de noviembre anterior, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, remitiendo el oficio dirigido a la Tesorera de dicha secretaría que le fue enviado para realizar las gestiones administrativas correspondientes para la emisión del cheque y en proveído de dos de diciembre siguiente, se le tuvo comunicando que se había desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa las obligaciones contenidas en la Ley de Ingresos Estatal y que había remitido a la Tesorería de Tijuana, el cheque número ********************, de treinta de noviembre del año en curso, valioso por la cantidad de ********************(********************), a nombre de la quejosa, solicitando que por conducto de este órgano jurisdiccional se hiciera del conocimiento de la parte promovente del amparo para acudiera para su entrega, motivo por el cual en dicho proveído se requirió a la parte quejosa para que en el término de cinco días compareciera a las instalaciones de la Coordinación de la Tesorería de Tijuana, a efecto de recoger el mismo. Luego, mediante oficio recibido el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en este órgano jurisdiccional la delegada de la Procuraduría Fiscal del Estado, actuando en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, anexó copia certificada de la entrega del cheque número ********************, de treinta de noviembre del año en curso, valioso por la cantidad de ********************(********************), recibido por el apoderado legal de la parte quejosa. Posteriormente, el nueve de enero del año en curso, se requirió al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que en el término de tres días remitieran los desgloses de las cantidades que le fueron devueltas a la parte quejosa; motivo por el cual, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la primera de ellas dando cumplimiento a lo solicitado. Asimismo, con motivo del informe remitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, el veinticuatro de enero del año en curso, se requirió al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que remitieran la información y datos que sirvieron de sustento para determinar las cantidades que a su juicio quedaron obligadas a devolver a la parte quejosa. Posteriormente, el tres de febrero siguiente, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió el desglose de la cantidad actualizada y anexó el cheque número ********************, valioso por la cantidad de $********************(********************), con el cual se le dio vista a la parte quejosa; motivo por el cual, el dieciséis de febrero del año en curso, se tuvo al autorizado de la moral quejosa realizando diversas manifestaciones. Asimismo, previas gestiones y solicitud de prórroga el dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, comunicando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos e informando que había desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa las obligaciones contenidas en la Ley de Ingresos Estatal y que había se remitido a la Tesorería de Tijuana, el cheque número ********************, de tres de marzo del año en curso, valioso por la cantidad de ********************(********************), a nombre de la quejosa, el cual, previa comparecencia ante la Tesorería de Tijuana, fue entregado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, al apoderado legal de la parte quejosa, lo que se corrobora con lo informado por la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, actuando en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y apoderado legal de la moral quejosa. De igual forma, el once de agosto del año en curso, se realizó la entrega del cheque número ********************, valioso por la cantidad de $********************(********************Moneda Nacional), remitido por el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con en esta ciudad, al autorizado ******************** previa carta poder suscrita por ******************** apoderado legal de la moral quejosa ******************** Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 19, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, de las constancias remitidas se advierte que las autoridades responsables desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del artículo 11 Bis, inciso VI, subinciso A, numeral 2 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte; y se expidieron los cheques que enseguida se detallan: Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con en esta ciudad, expidió los cheques números ******************** y ********************, valiosos respectivamente por las cantidades de ********************(********************) y $********************(********************Moneda Nacional). Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, expidió los cheques números ********************, valioso por la cantidad de ********************(********************) y ********************, valioso por la cantidad de ********************(********************). Mismos que fueron recibidos por los apoderados de la moral quejosa ********************, como se advierte de autos, manifestando su conformidad mediante escrito con folio 11682; por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
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