Richard Zarur Vergara
Expediente 461/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Richard Zarur Vergara
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto desechatorio... Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido... Consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN...
- Principal
Visto; atento a la cuenta que antecede, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 461/2022. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso, ********************, reclama: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio hipotecario 347/2021-C, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintitrés de febrero pasado, en que se citó a las partes para la celebración de la audiencia final de juicio, toda vez que no existían pruebas pendientes por desahogar. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 107 fracción V, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII en relación al 107 fracción V, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento ". cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio hipotecario 347/2021-C, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintitrés de febrero pasado, en que se citó a las partes para la celebración de la audiencia final de juicio, toda vez que no existían pruebas pendientes por desahogar. Por lo que, a efecto de estar en la posibilidad de determinar si la indicada resolución resulta o no impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es menester tomar en consideración, si en el caso concreto y específico, trae o no una ejecución de imposible reparación. En esta condición, se estima que la determinación contenida en la resolución que se reclama, se vincula con el desahogo de la prueba confesional que se admitió a cargo del representante legal de la sociedad actora, específicamente con la certificación de inasistencia de la absolvente y la omisión de emitir la declaratoria de confesa de la aludida parte, lo cual es considerado por el promovente como ilegal; lo que desde luego, no puede estimarse como de imposible reparación. En efecto, el indebido desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, se encuentra previsto como una eventual violación que afecta sus defensas al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De ahí que la violación de que se trata, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales. Lo anterior, porque que existe la posibilidad de que la afectación a sus derechos humanos desaparezca si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en el contradictorio génesis de los actos reclamados; y, en caso contrario, goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que lo hayan dejado sin defensa. Se arriba a la conclusión que antecede, cuenta habida que la resolución que confirmó el auto en que se citó a las partes a la celebración de la audiencia final de juicio al no existir medios probatorios pendientes de desahogo, que se emitió en el juicio de origen, no afecta los derechos fundamentales del peticionario en razón de que ello será valorado en el fallo definitivo y únicamente en caso de que la sentencia sea desfavorable a sus pretensiones, estará en aptitud de combatir dicha resolución y la violación procesal en comento, en caso de que haya trascendido el sentido del fallo. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.3o.C.20 K sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 904, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "PRUEBA DE CONFESIÓN. SU ADMISIÓN Y CONSECUENTE CITA PARA EL ABSOLVENTE, POR REGLA GENERAL, NO ENTRAÑAN PARA ÉSTE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. La admisión de una prueba de confesión no afecta los derechos sustantivos del absolvente, pues éste no puede ser obligado a declarar, esto es, no puede ser compelido a comparecer, aun teniendo la carga procesal de hacerlo, por lo que su eventual inasistencia sólo reportará perjuicios adjetivos como el relativo a que, en su caso, se le declare confeso ficto al tenor de las posiciones que sean calificadas de legales; hipotético resultado de la prueba que no afectaría directamente sus derechos fundamentales, sino que será valorado al dictarse el fallo definitivo y únicamente en caso de que se considere apto para probar causará al absolvente o a la parte contraria, un perjuicio que podrá ser reparado en el amparo directo que en su caso y oportunidad se llegare a promover, de ser la sentencia desfavorable a las pretensiones del quejoso, en virtud de que ahí se podrá analizar si la prueba debió o no admitirse y en el supuesto de que se determine que su admisión violó garantías, la confesión ficta no tendría ningún valor; es más, puede suceder que aunque se considere que fue correcta la admisión de la prueba, se concluya que esa confesión no reporta ningún beneficio probatorio, hipótesis cualquiera de las cuales haría desaparecer el agravio adjetivo. En este contexto, no puede considerarse que la admisión de esa probanza sea un acto de imposible reparación, pues para considerarlo así es necesario que el acto afecte de manera cierta, directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, lo que sucedería sólo en el evento de que se obligara al absolvente a comparecer al desahogo, a través del empleo de cualquier medio coactivo o mediante el apercibimiento en cuanto a la aplicación de una medida de apremio." Así, resulta claro que la determinación reclamada no debe ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos de la quejosa, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con la determinación adoptada. En otras palabras, los efectos perjudiciales de la resolución que confirmó el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, eventualmente se actualizarán hasta el dictado del fallo definitivo, pues hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de tal determinación se vulneraron las defensas del promovente del amparo y, con ese motivo, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia. Ante este panorama de hechos, al actualizarse según se ha visto, de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a estudio, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en los 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en su escrito de cuenta puesto que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogados, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto, debiendo tener en cuenta para ello la normatividad aplicable que rige lo relativo a la atención al público en general en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo ***/2022. En el caso, ********************, reclama: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio hipotecario ***/2021-C, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintitrés de febrero pasado, en que se citó a las partes para la celebración de la audiencia final de juicio, toda vez que no existían pruebas pendientes por desahogar. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 107 fracción V, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII en relación al 107 fracción V, de la Ley de Amparo... Así, resulta claro que la determinación reclamada no debe ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos de la quejosa, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con la determinación adoptada. En otras palabras, los efectos perjudiciales de la resolución que confirmó el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, eventualmente se actualizarán hasta el dictado del fallo definitivo, pues hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de tal determinación se vulneraron las defensas del promovente del amparo y, con ese motivo, si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia. Ante este panorama de hechos, al actualizarse según se ha visto, de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a estudio, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías...
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