Richard Lago Alberteris

Expediente 117/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
117/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Yaniel Romero Gongora
  • Richard Lago Alberteris

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra el auto de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar el presente asunto. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el capítulo quinto del acuerdo señalado. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo General indicado con anterioridad, este expediente aun y cuando se tuvo por no presentada la demanda, debe ser considerado depurable, porque se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano, ello, en términos del artículo 18 del citado Acuerdo General, en relación con el capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte. Por ello, deberá conservarse por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, en términos del artículo 18, del multicitado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha, en términos del numeral 18 del acuerdo en cita, procédase a su depuración. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración, deberán ser anotados en la carátula del presente expediente.

  2. Principal

    agréguense a los autos los oficios y escritos de cuenta; visto los dos primeros oficios de cuenta se les tiene rindiendo el informe, la primera autoridad respecto a los oficios dirigidos al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Jefe de Departamento Jurídico y de atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y del Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, todos con sede en Hermosillo, y la segunda autoridad en su carácter de Encargado de Despacho de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Por lo que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor de los solicitantes de protección de derechos fundamentales, informan que no han emitido ni intentado ejecutar acto alguno de incomunicación, deportación, expulsión fuera de procedimiento o repatriación asistida, así como golpes, tomentos, malos tratos o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contrala vida e integridad de dicha parte y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional e instrumentos internacionales mencionados; asimismo, indica que es cierto que los quejosos cuentan con registro de ingreso de once de mayo del año en curso, a la Estación Migratoria en Hermosillo, correspondiente a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, en donde se les instruye procedimiento administrativo migratorio. Por otra parte, las citadas autoridades oficiantes designan delegados, los cuales se les tiene como tales en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngaseles señalando los domicilio que citan para oír y recibir notificaciones, respectivamente. De igual forma, téngase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Sonora, en Hermosillo, Sonora, proporcionando los correos electrónicos jsilvag@inami.gob.mx y anvilla@inami.gob.mx, para efecto de entablar comunicaciones no procesales; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tienen por señalados tales correos electrónicos que precisa, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario, sin que ello implique que las notificaciones personales que se llegaren a instruir, se le realicen a través de dicho medio, dado que esa forma de notificación, no se encuentra contemplada en la Ley de la Materia ni en el referido Acuerdo General. Por otro lado, téngase al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, remitiendo debidamente diligenciado el exhorto 93/2022, número de orden 265/2022 de este índice, exhorto 229/2022, número de orden 2079/2022 de su índice, derivado del juicio de amparo en que se actúa, enviado a fin de notificar el auto de once de mayo del año en curso a diversas autoridades y ordenar la búsqueda de los aquí quejosos. Asimismo, se tiene a la actuaria del juzgado antes citado, enviando interconexión sise, en alcance al oficio por el cual adjuntó la comunicación citada en el párrafo que antecede, la notificación realizada al diverso quejoso Richard Lago Alberteris. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de comunicaciones libradas de este órgano jurisdiccional y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; es decir, dese de baja. Sin que necesario acusar de recibo, toda vez que la comunicación en comento fue enviada vía Sistema Integral de Expedientes (SISE), por lo que el propio sistema expide de manera automática el comprobante de su remisión por ese medio. Ahora, vistas las notificaciones de doce de mayo del año en curso, se aprecia que la actuaria adscrita al juzgado exhortado se constituyó en las instalaciones de la Estación de Migración de aquella ciudad, donde el encargado de guardia de dicha institución le indicó que los quejosos *** sí se encuentran ahí, poniéndolos ante la vista, quienes manifestaron no ratificar el escrito de demanda. Asimismo, los antes citados manifestaron que no han sido objetos de tortura y malos tratos. En atención a los anterior y toda vez que los quejosos Richard ***, no ratificaron la demanda de amparo, como se advierte de las razones actuariales de notificación de fecha doce de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada y quedan sin efectos las providencias decretadas.

  3. Principal

    se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Carlos Valenzuela Orci en nombre de ***, de nacionalidad cubana, en contra de las autoridades responsables siguientes: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo; 2. Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Agua Prieta, Sonora; 3. Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en Agua Prieta, Sonora; 4. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo; 5. Subdirector de la Estación Migratorio del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora; 6. Jefe de Departamento Jurídico y de Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora; 7. Subdirector de Control y Verificación Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. Fórmese expediente y resérvese proveer acerca de su admisión, hasta que se ratifique la demanda de amparo que se atiende, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 117/2022. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: "ACTOS RECLAMADOS: a) La incomunicación de la cual están siendo objeto los quejosos, toda vez que en ningún momento se le ha permitido tener comunicación con el exterior, ni con su abogado. b) La ilegal detención, aseguramiento y retención de los quejosos por parte de las autoridades migratorias señaladas como responsables, que afecta su libertad personal. c) La inminente emisión y ejecución de una orden de deportación o retorno asistido decretado por las autoridades responsables, sin seguir las formalidades del procedimiento. d) La emisión y ejecución de la Orden de Traslado de los quejosos a otra Estación Migratoria del país. e) el impedimento para que los quejosos puedan presentar la solicitud de reconocimiento de la Condición de Refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) f) El impedimento para que los quejosos puedan gozar de la libertad bajo la figura de custodia provisional prevista en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración." No pasa desapercibido para este juzgador, que la demanda de amparo no cuente con firma electrónica, toda vez que de conformidad con el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que no es exigible que el archivo que contenga la demanda de amparo, sea firmado electrónicamente, tratándose de aquéllas en las que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, como en el caso acontece. Suspensión de plano Por cuestión de orden, dada la variedad y diversidad de los actos reclamados, se proveerá de manera separada sobre la suspensión de plano.  De la incomunicación; así como la deportación fuera de procedimiento. En torno a la concesión de la suspensión de plano y de oficio, conviene establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la medida cautelar en cita, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o alguno, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales); o bien, cuando se trate de un acto que si se llegara a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano reclamado. De igual forma, se debe precisar que conforme al diverso numeral 1º Constitucional, que establece, en lo que aquí interesa, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Respecto de los mencionados actos, también son aplicables los siguientes preceptos y principios: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto." "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión "Principio 6 Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes." "Principio 18 1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado. 3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación. 5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona detenida o presa a menos que se relacionen con un delito continuo o que se proyecte cometer." "Principio 19 Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho." Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos "7. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción." Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos "Disciplina y sanciones" [.] "31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias." "32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental." Contacto con el mundo exterior "37. Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas." Expuesto el marco jurídico aplicable al caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, así como en los numerales antes transcritos, se concede a los quejosos Richard Lago Alberteris, Yaniel Romero Gongora y Juan Enrique Águila Rodríguez, la suspensión de plano para que de inmediato cese todo acto de incomunicación, deportación, expulsión fuera de procedimiento o repatriación asistida, así como golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad de dicha parte y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los instrumentos internacionales mencionados. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, se reitera a las autoridades responsables que bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique lo anterior. Asimismo, se concede la suspensión de plano a la parte quejosa, a fin que le sean comunicados los derechos que tiene en su calidad de migrante, en razón que ello constituye un derecho fundamental de las personas que reúnen esa condición, conforme a los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención.  Del aseguramiento, privación de la libertad, retención y detención. Conviene señalar que el artículo 126 de la Ley de Amparo, relativo a la suspensión de plano, dispone una serie de actos o supuestos en los que la medida deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza, claramente pudieran contrariar a la Constitución Federal, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, por lo que se impone el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación. Lo que es acorde al contenido del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que de ser procedente la suspensión y, al atender a la naturaleza del acto, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Se dice lo anterior, porque el juzgador de amparo, en cada caso concreto puede conceder la medida cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la parte quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a un fin proteccionista de los derechos fundamentales que es acorde con la reforma al artículo 1o. Constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. Por tanto, en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza -conservativa-, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, dado que por su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado, al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. Por otra parte, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de texto: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio". Además, el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. Es de exacta aplicación a lo así expuesto, la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 7, junio de 2014, tomo I, página 41, con registro digital 2006590, cuyo rubro dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. ..." Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario." Así se determinó en la tesis 2a. XXXV/2007 (9a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página 1186, con registro digital 172433, que a la letra dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. .." Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, en consecuencia, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Lo anterior converge con el artículo 2°, párrafo tercero, de la Ley de Migración, donde se establece que el hecho de que una persona extranjera se encuentre en territorio nacional de manera irregular (indocumentada) no implica que se cometa un delito, ni que se realicen actos contrarios a derecho. Es decir, mientras no se demuestre lo contrario, no se puede presumir que la falta de documentos que justifiquen la estancia legal del extranjero, implique la comisión de un delito o que se realicen actos contrarios a la ley, como se advierte de la siguiente transcripción: "Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada[.]" Robustece lo anterior lo señalado en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional -el que si bien no es vinculante para los juzgadores, sí constituye una herramienta orientadora respecto de los deberes que tienen cuando estén ante la presencia de casos como el que nos ocupa-, donde se precisa que el propósito del legislador nacional ha sido despenalizar la irregularidad en el ingreso migratorio, el cual en todo caso deberá ser considerado como una falta administrativa y, en consecuencia, la privación de libertad a que se encuentren sujetos migrantes objeto de un procedimiento administrativo, deberá ser una medida excepcional que se encuentre debidamente justificada, y proporcional al objeto que se busque proteger. Lo anterior se justifica, pues conforme al marco legal nacional e internacional, que regula el fenómeno social migratorio en nuestro país, para estar en posibilidad de emitir una determinación ajustada a derecho, en materia de suspensión, debe atenderse no sólo a las disposiciones normativas que resultan vinculatorias para este órgano de control constitucional, sino que, esencialmente, deben observarse los lineamientos internacionales que se dirijan a salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, dada su especial situación de vulnerabilidad (en el presente caso suscitada por su calidad de migrantes aparentemente indocumentados). En efecto, entre las personas extranjeras, que por diferentes motivos transitan o residen en el país, aquéllas en condición migratoria irregular enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, debido a diversos factores, a saber, su situación de marginación, el desconocimiento de la cultura, idioma y leyes nacionales, el miedo de ser descubiertas por las autoridades migratorias, el verse orilladas a huir de sus países de origen porque su vida, integridad, seguridad o libertad corren peligro, y las condiciones en las que viajan; circunstancias a las que, en algunos casos, se aúnan aspectos como la edad, el género o la identidad étnica. En ese contexto, en nuestro país el acceso a la justicia de las personas extranjeras se perfila como un derecho fundamental, que subyace desde la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en mil novecientos noventa, la adhesión en el año dos mil a la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de mil novecientos cincuenta y uno, y la promulgación de la otrora Ley General de Población. Sucesos todos que, si bien resultaron positivos, lo cierto es que hasta nuestros días el acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional aún enfrentan barreras y obstáculos de facto, en particular de orden cultural -idioma, religión y el desconocimiento de la legislación mexicana-, así como de índole económico -carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio-. A estas barreras se suman los trámites burocráticos, traducidos en la exigencia de requisitos adicionales; el poco tiempo del que muchas de estas personas disponen para dar seguimiento a sus procedimientos legales, sobre todo en los horarios definidos institucionalmente para ello; la carencia de un domicilio estable para recibir notificaciones, así como la desconfianza en las autoridades, especialmente cuando se tienen documentados casos de corrupción de agentes migratorios, quienes obtienen ganancias con el uso y traslado de personas migrantes, aunado al temor de ser víctimas del crimen organizado, detenidas en una estación migratoria, o bien, a ser deportadas a sus países de origen. Esta situación propicia que las personas migrantes y sujetas de protección internacional puedan ser blanco de una gran cantidad de violaciones a derechos humanos, tales como su detención arbitraria; lo que resulta inaceptable porque, de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos y a las recientes reformas constitucionales, México está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas nacionales y extranjeras de manera igualitaria, lo que en el caso, se logra a través de la suspensión de plano de dicho acto. En efecto, el veinticinco de mayo de dos mil once, se publicó la Ley de Migración actualmente en vigor, la cual no sólo reconoce derechos no garantizados anteriormente para los extranjeros -educación, salud, actos del registro civil y personalidad jurídica-, sino que, además retoma aquéllos de los que ya gozaban, tales como el acceso a la procuración e impartición de justicia, el debido proceso y la posibilidad de plantear quejas ante organismos de derechos humanos, lo que incluye que en su favor se decreten medidas cautelares eficaces para suspender los efectos de los actos que afecten su derecho de libertad sin aparente procedimiento. De igual modo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece que la jerarquía entre las normas constitucionales y los tratados internacionales de los que México es parte, ya no es relevante para decidir qué norma debe ser aplicada en materia de derechos humanos, puesto que ahora, el criterio que prevalece es el que atiende al mayor grado de beneficio para la persona humana. Este escenario proporciona al Poder Judicial de la Federación una oportunidad única para primar las normas -sean de origen nacional o internacional-, que signifiquen una mayor protección a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para sentar precedentes que supriman las barreras que actualmente impiden el acceso efectivo a la justicia. Acorde con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación instrumentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, como un mecanismo auxiliar que sirva como orientador para una mejor y más adecuada toma de decisiones en el ámbito jurisdiccional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales; documento que en su capítulo octavo, intitulado "Reglas Específicas de Actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a excepcionalidad de la detención, en los términos literales siguientes: "[.] La despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento. Esta irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. [.] Lo anterior constituye una excepción a las disposiciones migratorias del país. Para quienes se ubican en este supuesto, la detención administrativa es una medida altamente indeseable. La privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes ha recomendado abolir progresivamente la detención de personas migrantes y sujetas de protección internacional por razones administrativas. Sin embargo, hasta en tanto este objetivo se logre, la detención administrativa sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por otra parte, el artículo 21 de la CPEUM establece como término máximo de la privación de la libertad personal, como sanción administrativa, el de treinta y seis horas. Diversos precedentes lo adoptan también como término máximo para las medidas de apremio. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Sería un contrasentido que la despenalización fuera sustituida por una intervención judicial que tuviera resultados más lesivos para la libertad de esta población, o bien, que colocara a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en condiciones de mayor vulnerabilidad en la defensa de sus derechos frente a cualquier persona procesada en un juicio penal. [.] La privación de la libertad no debe tener una finalidad punitiva. Por ello, debe realizarse únicamente cuando fuere necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo, así como asegurar que sea realizada durante el menor tiempo posible. Existe jurisprudencia sobre las restricciones a los derechos humanos que se encuentra acorde con la normativa de origen internacional, estableciendo que deben cumplirse los siguientes requisitos: i) ser admisibles bajo el ámbito constitucional; ii) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos humanos; iii) ser proporcionales, esto es, que la persecución de un objetivo constitucional no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte IDH en el caso Vélez Loor contra Panamá, en donde se especifica que, de incumplir con estas características, se está frente a una detención arbitraria. Lo anterior se complementa con la normativa de origen internacional aplicable en México, en la que se encuentra la prohibición de la detención arbitraria, así como el principio de excepcionalidad en la detención, por lo que resulta necesario recurrir a medidas alternativas. [.] Por otro lado, las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano. Se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias, así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación. [.] Las medidas cautelares surgen para evitar que la intervención judicial tenga resultados más lesivos o coloque a las personas migrantes y sujetas de protección internacional en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando están privadas de su libertad. Ahora bien, por la naturaleza de los actos que motivan a las personas migrantes y sujetas de protección internacional a acudir a tribunales, la medida jurídica más utilizada es la suspensión del acto con el amparo. Cuando el acto reclamado es la deportación -acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar del territorio nacional a la persona extranjera que no reúna los requisitos migratorios para su permanencia en el país- el Pleno de la SCJN ha emitido jurisprudencia en el sentido de la procedencia de la suspensión de oficio. La suspensión también puede solicitarse para el acto consistente en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes y sujetas de protección internacional en estaciones migratorias. Al ser ésta una detención hecha por autoridades administrativas, el otorgamiento de la suspensión debe darse para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes. En este sentido se han pronunciado Tribunales Colegiados de Circuito, que reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional y quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez o Jueza de Distrito por cuanto hace a su libertad personal." [Énfasis añadido]" Como se observa, el Máximo Tribunal del País sostuvo que la privación de la libertad, aun cuando en principio persiga un objetivo legítimamente regulado, se trata de una medida de carácter excepcionalísimo que debe atender en todo momento al principio de proporcionalidad en relación con el fin perseguido y su aplicación debe estar constreñida al menor tiempo posible. De ahí la trascendencia de las medidas cautelares instrumentadas por el legislador ordinario en los diferentes cuerpos legales que componen el sistema jurídico mexicano, en específico, la figura suspensional en materia de amparo, a que se hizo referencia en párrafos que anteceden, en tanto que tal mecanismo se erige por antonomasia como el contrapeso ideal contra la actuación arbitraria de la autoridad estadual. De igual forma, para el caso que nos ocupa, se destaca la circunstancia de que en el protocolo de referencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmarcó los diferentes criterios asumidos por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación como un referente de lo flexible y amplísimo que debe ser la tutela constitucional en pro de abolir la práctica reiterada de la detención indiscriminada por parte de las autoridades migratorias, al hacer incluso posible, que la medida cautelar se obsequie para el efecto de que la persona en cuestión sea puesto en libertad provisional, con las medidas de aseguramiento que se estimen pertinentes (en aras de garantizar que no se sustraiga del procedimiento administrativo respectivo). En estrecho vínculo con lo que antecede, los artículos 162, primer párrafo y 164, primero y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por su orden, prevén: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Acorde con las citadas disposiciones normativas, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. En consecuencia, toda vez que al solicitar la suspensión se pidió de plano respecto de los actos reclamados, entre otros, en los consistentes en el aseguramiento, privación de la libertad, retención y detención, y para que cesara la detención poniéndolos en inmediata libertad, se concede la suspensión de plano, para efecto de que los quejosos Richard Lago Alberteris, Yaniel Romero Gongora y Juan Enrique Águila Rodríguez, sean puestos en inmediata libertad, por lo que las autoridades responsables deberán actuar en consecuencia. Dicha suspensión surte efectos desde luego, y lo seguirá haciendo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: I. Proporcionar domicilio ubicado en esta ciudad, designándolo como el lugar en el que permanecerán los quejosos. II. Designen un fiador moral, el cual deberá contar con identificación oficial. En la inteligencia, que para la subsistencia de la medida cautelar otorgada, la parte quejosa deberá cumplir con los siguientes lineamientos y medidas de seguridad. III. No podrán ausentarse de habitar en el domicilio que señalen ni tampoco de esta ciudad, sin previa autorización de este juzgado. IV. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa como obligación la de comparecer ante las autoridades migratorias señaladas como responsables, con residencia en esta ciudad, tantas y cuantas veces sea requerido para la prosecución del procedimiento administrativo de migración, asimismo, presentarse los lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil; V. Acreditar ante este juzgado tal presentación ante las autoridades migratorias responsables, con residencia en esta ciudad, los lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil; dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a cada presentación; VI. De igual forma, comparecer ante este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, como obligación, cuantas veces sea requerido para ello. Apercibidos dicha parte que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión aquí otorgada y, entonces será bajo el cuidado de las indicadas responsables que tenga lugar el seguimiento, para su debido cumplimiento. En el entendido de que la parte quejosa queda a disposición, en cuanto a su libertad de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. Similar criterio aplicó en relación a decretar la libertad sin fijar garantía el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los autos de la queja administrativa 221/2021, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131 período ordinario de sesiones celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: a) Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. b) Igualdad y no discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. c) Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. d) Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. e) Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010 (9ª), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 26, con registro digital 163167, con rubro: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. ." Lo anterior siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, antes precisadas de lo cual deberán informar también las autoridades responsables periódicamente. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis aisladas emitidas por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que este tribunal comparte, mismas que fueron transcritas en párrafos que anteceden, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." Para el debido cumplimiento de esta suspensión, se reitera a las autoridades responsables que, bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique violación a lo anterior.  Del traslado fuera de procedimiento. Respecto del acto reclamado, también son aplicables los siguientes preceptos y principios: De la propia Constitución Federal: "ARTÍCULO 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Del derecho internacional: "Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión" "Principio 6 Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes." "Principio 18 1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo. 2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado. 3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden. 4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación. 5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona detenida o presa a menos que se relacionen con un delito continuo o que se proyecte cometer." "Principio 19 Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho." Expuesto el marco jurídico aplicable al caso, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la ley de la materia, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO contra el acto reclamado, consistente en la orden de traslado que se pretende ejecutar en contra de los promoventes, de la Estación Migratoria de esta ciudad o de la diversa de Hermosillo, Sonora, donde se encuentren actualmente internos, a diversa en México; suspensión que se concede a fin de que no se ejecute dicha orden, es decir los quejosos, no sean traslados a otra estación migratoria. Ello, al considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. Por otra parte, respecto del acto identificado en el capítulo correspondiente del escrito de demanda con el inciso e), reclamado a las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional se reserva proveer en su momento procesal oportuno lo que en derecho corresponda, por no encuadrar en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no basta la cita o manifestación del solicitante de protección de derechos fundamentales para que este juzgado proceda a proveer sobre ellos. Cobra aplicación por las razones que indica, la tesis aislada I.1o.A.E.14 K (10a.), con número de registro 2007221, de Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, visible en la página 1967, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. PARA DECRETARLA NO BASTA CON AFIRMAR QUE SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS NORMATIVOS PARA SU PROCEDENCIA, SINO QUE DEBE PONDERARSE LA MANIFIESTA IRREPARABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO Y LA URGENCIA DE LA MEDIDA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). ." Informe sobre suspensión de plano Por tal motivo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen lo siguiente: 1. El cumplimiento que dé a cada punto de la suspensión de plano que se concede; 2. Asimismo, únicamente las autoridades con residencia en esta ciudad, para que periódicamente, posterior a la comparecencia de la parte quejosa, el lunes de cada semana o el día siguiente hábil, comuniquen el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; y, 3. Acrediten haberlo prevenido sobre los lineamientos, obligaciones y las medidas de aseguramiento de la suspensión de plano para que gocen de la libertad antes decretada. Hágase del conocimiento de las partes que de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, a efecto de que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta Ciudad, procediendo a la búsqueda de la quejosa Richard Lago Alberteris, Yaniel Romero Gongora y Juan Enrique Águila Rodríguez, y los requiera para que en el acto de la notificación de este proveído o dentro de los TRES DÍAS siguientes, manifiesten su voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor. Apercibidos, que de no hacerlo así en el acto; o bien, en el término que para tal efecto se les concede, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas; así también, deberá dar fe si presentan lesiones a simple vista, interrogándolos en relación a si están siendo torturados y qué tipo de tortura están sufriendo. En el supuesto de que los agraviados se encuentren en dicho lugar, y el encargado del mismo se niegue a ponerlos ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorase si se encuentran en el mismo, deberá apercibir a dicho encargado que, de persistir en su conducta se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a tales hechos que pudiera tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad del funcionario respectivo. Notificación por exhorto a las autoridades responsables foráneas. En otro tenor, dada la naturaleza de la suspensión de plano concedida, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 17 constitucional; en aplicación eficiente de las tecnologías de la comunicación, mediante versión digitalizada por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con transcripción de este proveído, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Hermosillo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva notificar el presente proveído a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, Subdirector de la Estación Migratorio del Instituto Nacional de Migración, Jefe de Departamento Jurídico y de Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Subdirector de Control y Verificación Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, mediante oficio girado por esta autoridad, al que se anexe copia de la demanda de amparo. De igual manera, para que comisione al Actuario de su adscripción, con el fin de que se constituya en las instalaciones de las autoridades antes citadas, procediendo a la búsqueda de los quejosos Richard Lago Alberteris, Yaniel Romero Gongora y Juan Enrique Águila Rodríguez, a quienes deberán requerir y apercibir en los términos indicados en párrafos que anteceden.

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