Richard Hernández Alemán
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Richard Hernández Alemán
- Presidente de la República Mexicana
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Atento al oficio de mérito téngase al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, remitiendo diligenciado el exhorto 103/2021, número de orden 141/2021 mismo que se envió con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Sin que haya necesidad de acusar el recibo correspondiente, cuenta habida que el trámite de la comunicación oficial en línea es visible para ambos órganos jurisdiccionales en el apartado de "Consulta de Expedientes Electrónicos relacionados", dese de baja en la estadística de este Juzgado de Distrito y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta de la ACTUARIA JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Atento al oficio de mérito téngase a la ACTUARIA JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, informando a este órgano que se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia en la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a sus autos los oficios 30108/2021 y 30323/2021 de Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado al que se anexa la demanda de amparo promovida por RICHARD HERNÁNDEZ ALEMÁN, visto su contenido, se provee: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por RICHARD HERNÁNDEZ ALEMÁN, contra actos del Presidente de la República Mexicana y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 619/2021. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia la parte quejosa señala como acto reclamado el ataque al derecho de la vida, ello con motivo de encontrarse interno en el Centro Federal de Reinserción Social número Cuatro Noroeste de Tepic, Nayarit, y de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, pues refiere que se ubica en el grupo de personas vulnerables debido a sus múltiples afecciones médicas y de que las autoridades penitenciarias no cuentan con las instalaciones, medidas sanitarias ni médicas para solventar dicha contingencia. En mérito de lo cual se precisa que el acto reclamado lo constituyen las condiciones de internamiento relacionadas con la prevención de la propagación del virus SARSCoV2. Sin que obste la circunstancia de que el quejoso manifieste que de continuar interno se pondría en riesgo su salud y vida, pues podría contagiarse del virus COVID-19, ello en razón de que las autoridades responsables están obligadas a adoptar las medidas de prevención que se han establecido por los distintos órganos del Estado, las cuales se basan en el distanciamiento social, para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARSCoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad. Además de que, si bien, es cierto, entre las medidas que se han adoptado es la de evitar la asistencia de trabajo, espacios públicos y lugares concurridos, a través de la suspensión de actividades no esenciales de los sectores público social y privado, lo cierto es que, en términos del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, emitido por el Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, tal suspensión no ha sido total y absoluta, por virtud de la permanencia de aquellas consideradas como esenciales, a saber, las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria; las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales, la procuración e impartición de justicia y la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; la de los sectores fundamentales de la economía; entre otras. De manera que, al tratarse de una actividad esencial, el personal que labora en el centro de reinserción social en el cual se encuentra recluido, permanece trabajando y son los encargados de vigilar las cuestiones inherentes a su salud respecto del virus COVID-19 que refiere. INCOMPETENCIA En mérito de lo cual, se advierte que a este juzgado federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, debe destacarse que en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado tenga ejecución será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que: a) Deba tener ejecución; b) Trate de ejecutarse; c) Se esté ejecutando; o, d) Se haya ejecutado. En el caso, el impetrante reclama cuestiones relacionadas con sus condiciones de internamiento relacionadas con la prevención de la propagación del virus SARSCoV2, pues aduce que debido a sus múltiples afecciones médicas, constituye el grupo de mayor riesgo y de vulnerabilidad, y que en razón de que las autoridades penitenciarias no cuentan con las instalaciones, medidas sanitarias, ni médicas para solventar la contingencia sanitaria generada por el citado virus se pone en riesgo su derecho a la vida. De ahí que resulte evidente que el acto reclamado se está llevando a cabo en un territorio distinto al en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, según lo manifestado por el promovente de amparo, toda vez que el quejoso se encuentra interno en las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social número Cuatro Noroeste de Tepic, Nayarit. Por tanto, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer respecto de la referida demanda de amparo, por lo que declina dicha competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: PC.XVI.P. J/3 P (10a.), visible en la página 2124 décima época del Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." De igual manera, sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia: 1ª./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En consecuencia, al consistir el acto reclamado en las condiciones de internamiento en que se encuentra relacionadas con la prevención de la propagación del virus SARSCoV2, resulta evidente que el mismo tiene ejecución en el lugar de su reclusión; por ende, es competente el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que el quejoso se encuentra recluido, en el caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, en conformidad en los acuerdos segundo, fracción XXIV, y cuarto, fracción XXIV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. Por ende, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, el original del presente juicio de amparo. Asimismo, se solicita al homólogo federal se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente y la resolución que determine al respecto. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y, una vez que el juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto. En su momento archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. SOLICITUD DE LIBERTAD Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno en relación a la solicitud de libertad que refiere, pues ello lo hace depender de las supuestas ilegalidades de los procesos en los que es parte y a partir de que se declara inocente de los hechos que se le atribuyen. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "NOROESTE", con sede en Tepic, Nayarit, gírese exhorto vía sise al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, para que en auxilio de la labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el contenido del presente proveído a RICHARD HERNÁNDEZ ALEMÁN, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "NOROESTE", con sede en Tepic, Nayarit; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso en cita, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 619/2021; Le notifique el presente acuerdo; Le corra traslado con copia del presente proveído; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este Juzgado por la misma vía. Se solicita al juez exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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