Ricardo Zamudio Alvarez

Expediente 1878/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1878/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
07/07/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Zamudio Alvarez
  • Director General de Prevención y Readaptación Sicial en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado su exhorto 285/2016, del índice de este juzgado, por medio del cual se ordenó notificar al quejoso en el lugar de su reclusión. Acúsese recibo de estilo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la razón actuarial, mediante la cual el actuario judicial de la adscripción hace del conocimiento que no pudo notificar a la parte quejosa el auto de treinta y uno de mayo por las razones que expone. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), así como 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para que en auxilio de las labores del juzgado se sirva notificarle a Ricardo Zamudio Álvarez, la determinación aludida, en el Centro Penitenciario mencionado, para los efectos legales conducentes. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, se faculta al juez requerido para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado, incluso en días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.), facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 54 a 64) 2. Por auto de veintinueve de marzo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. (Folio 69 a 71) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México: "a) Deje insubsistente el oficio DGPRS/324/2012 de veintitrés de enero de dos mil trece, por medio del cual ordena el traslado de Ricardo Zamudio Álvarez, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, al ubicado en Sultepec, ambos del Estado de México; y, b) Ordene las acciones necesarias para que la impetrante de amparo sea reinstalado en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México." En ese tenor, a través de misiva DGPRS/DTL/3040/2016, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, remitió copia certificada del diverso DGPRS/DTL/3039/2016, de esa misma data, por el cual hizo del conocimiento del Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que se dejó sin efectos la orden de traslado contenida en el oficio DGPRS/324/2012, de veintitrés de enero de dos mil doce. (Foja 211 autos) Constancia a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregada a las presentes actuaciones. Por auto de quince de marzo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que lo hubiesen hecho. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El treinta de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México dejó sin efectos la orden de traslado contenida en el oficio DGPRS/324/2012, de veintitrés de enero de dos mil doce, única y exclusivamente por lo que se refiere al quejoso Ricardo Zamudio Álvarez, y a efecto de que se le restituyera en sus derechos, instruyó al Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, a fin de que girara sus instrucciones a quien correspondiera, a efecto de llevar a cabo con las medidas de seguridad institucionales y con la responsabilidad legal de quien ejecute el traslado del interno, quien en ese momento se encontraba recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Sultepec, al similar de Tlalnepantla, ambos en el Estado de México. Derivado de ello, el uno de abril del año en curso, se mandó exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se sirviera notificar al quejoso dicho acuerdo en el Centro de Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México, lo cual aconteció el veintidós de abril siguiente. (Foja 162 de autos) Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México dejó insubsistente el oficio DGPRS/324/2012 de veintitrés de enero de dos mil trece, por medio del cual ordenó el traslado de Ricardo Zamudio Álvarez, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, al ubicado en Sultepec, ambos del Estado de México; y, ordenó las acciones necesarias para que el impetrante de amparo fuera reinstalado en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, en la entidad. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruir, pues se negó la medida cautelar solicitada; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, resulta innecesaria su glosa al presente expediente. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta a través del cual la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 146/2016 (número de orden 260/2016), derivado del juicio en que se actúa, que se libró a efecto de notificar a la parte quejosa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos; intégrese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, acúsese el recibo de estilo al oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano