Ricardo Villalvazo Herández

Expediente 1047/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1047/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Villalvazo Herández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés que sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Ello, con independencia de la notificación a las demás partes, pues con motivo del sobreseimiento, quedó intocado lo que se reclamó y las cosas quedaron en el estado que guardaban antes de la substanciación del presente juicio, de ahí que dicha determinación solo podría causar perjuicio a la parte quejosa. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis XI.3º.4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a foja 306, tomo VII, junio de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, es destruible, ya que se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, una vez cumplido el término de tres años, contado a partir del presente acuerdo y previo a la realización de la visita de inspección correspondiente, deberá destruirse y remitirse, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. b) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 34 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y A DIVERSAS TERCERAS INTERESADAS LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE MAYP DE DOS MIL VEINTITRÉS.RSO

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 31 DE MAYO DE 2023, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte tercera interesada no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "(...) A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá: Demostrar que en continuidad al acuerdo de ********************, se notificó a la parte demandada su contenido; y, transcurrido el término exacto de tres días concedidos para que las autoridades correspondientes den cumplimiento al laudo, dicte un nuevo proveído en el que acuerde lo conducente para la ejecución del laudo, lo que implica, que en caso de que la demandada no hubiese atendido los lineamientos de dicha actuación, haga efectivos los apercibimientos ahí realizados, y requiera nuevamente a dicha dependencia para tales efectos, bajo apercibimiento de ley. O bien, de no poder llevar a cabo lo anterior, manifieste la imposibilidad legal o material que tenga para ello. Lo resuelto significa un mandato, para que la responsable sea la que deba realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales y no que este juzgado de distrito vigile paso a paso su actuación, pues a ella corresponde hacerlo. De manera que una vez encauzado el procedimiento, es decir, cumplimentado el punto destacado a que se circunscribió el análisis constitucional, será obligación de la responsable el vigilarlo, sin que ello signifique que este juzgado deba solicitar cada actuación que realice, sino que, enderezado el procedimiento, la autoridad, bajo su estricta responsabilidad, lo debe culminar, acatando las normas constitucionales y convencionales." (Lo subrayado es propio) Por su parte, la autoridad responsable, mediante oficios recibidos en la oficialía de partes en las siguientes fechas: 12 de septiembre y 05 de octubre, ambos de 2022. 03 y 31 de enero; 03 y 23 de febrero; 07 de marzo; 17 y 28 de abril; 02, 10 y 17 de mayo, todos ellos del 2023. Informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio de origen, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que: Notificó a la parte demandada el contenido del acuerdo dictado el ********************, en el juicio de origen; asimismo, hizo efectivo el apercibimiento realizado en el diverso auto de ******************** y requirió nuevamente a la demandada por el cumplimiento del laudo. De igual forma, la autoridad responsable ha realizado las gestiones pertinentes para cumplimentar el laudo emitido en el juicio de origen, pues ordenó la apertura del incidente de liquidación para efecto de determinar las cantidades que se deberán pagar a los trabajadores actores, mismo que a la fecha se encuentra en trámite. Lo anterior, demuestra que el procedimiento laboral se encuentra enderezado y ahora corresponde a la autoridad, bajo su estricta responsabilidad, culminarlo, acatando las normas constitucionales y convencionales. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones que realizó la parte quejosa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el sentido de que a su consideración es innecesario el desahogo del incidente de liquidación en el juicio laboral, pues a su dicho, no existe complejidad alguna para emitir la resolución, dado que se trata de simples operaciones aritméticas; asimismo, que en caso de llevarse a cabo el desahogo del aludido incidente, este juzgado debe requerir para que se emita la resolución correspondiente. Sin embargo no le asiste la razón a la parte quejosa, pues como se vio, los efectos del amparo fueron claros y éstos ya fueron cumplimentados en sus términos, es decir, el cumplimiento de la ejecutoria quedó supeditado al actuar de la responsable, en relación a los efectos antes señalados, sin comprender actos que no fueron ordenados en su texto. Es preciso señalar que dicha sentencia causó ejecutoria, es decir, adquirió firmeza legal al no haber sido recurrida por las partes. Máxime, que en la sentencia de amparo, se precisó que la responsable era la encargada de realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, así como que a este Juzgado de Distrito no le correspondía vigilar paso a paso su actuación, pues a ella correspondía hacerlo. Es decir, se especificó que una vez encauzado el procedimiento, (cumplimentados los efectos de la sentencia de amparo), sería obligación de la autoridad responsable vigilar el cumplimiento del laudo, sin que ello significara que este juzgado tuviera la obligación de solicitar cada actuación que realizara, sino que, ENDEREZADO EL PROCEDIMIENTO, LA AUTORIDAD, BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD, LO DEBÍA CULMINAR, ACATANDO LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES. No obstante lo expuesto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedito su derecho para realizar las acciones que estime necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando, en caso de que obren físicamente, la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, a través del cual, el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, devuelve el oficio 17894/2023 del índice de este órgano jurisdiccional por los motivos que ahí expone y solicita se aclare a qué juicio de amparo indirecto se encuentra dirigido. Por tanto, se informa al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que por auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 22128/2023, de su índice, por el cual dicho órgano, solicitó en el juicio de amparo 918/2023-VIII de su índice, que se habilitara la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En esas condiciones, envíese nuevamente el oficio 17894/2023, con copia del oficio 22128/2023, de su índice, e infórmese a dicho órgano jurisdiccional que el oficio 17894/2023, corresponde al juicio de amparo 918/2023-VIII. Notifíquese.

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