Ricardo Villa Trevizo
Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Villa Trevizo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En el entendido de que el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, atendiendo que no existen documentos originales, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se deberá remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, agréguese copia del mismo a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin que surta efecto legal alguno. Ahora bien, toda vez que del oficio FGR/CHIH/252/2023, que remite el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vía electrónica al presente juicio de amparo, se advierte que el mismo va dirigido al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, promovido por ********************en tal virtud, remítase el oficio antes referido al citado órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la demanda inicial de amparo y lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el escrito aclaratorio signado por Ricardo Villa Trevizo y Refugio Imelda Bejarano Olivas, por su propio derecho, así como los anexos que la complementan, por lo que, se le tiene a la parte quejosa dando cumplimiento en tiempo y forma, a la prevención realizada por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno 510-2023-III-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda y si se advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, desecharla de plano. De manera que el desechamiento de plano de una demanda de amparo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. b). - La emisión o realización de cualquier acto que tienda a ejecutar la sentencia que se reclama en esta demandada". Luego, del testimonio de resolución en sesión celebrada el doce de abril de dos mil veintitrés, que anexan los promoventes, dentro del Amparo Directo Civil 482/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en la localidad, se advierte que los promoventes por su propio derecho, mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de Turnos de la Segunda Instancia, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, promovieron demanda de amparo directo en contra de los siguientes actos:, relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por el Licenciado Ricardo Gustavo Tuda Vargas y/o Luis Ernesto Díaz Moreno en su carácter apoderados de Banco Santander de México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, antes denominado Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de los suscritos hoy quejosos, por cuanto que dicha sentencia condeno al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, así como de las costas del juicio, recurso de apelación interpuesto legal y oportunamente ante el Juez Primero, en contra de la sentencia definitiva, en este Juicio Ordinario Mercantil, la Responsable dice, que conforme al Código de Comercio, contra las resoluciones pronunciadas en este Juicio, no se dará recurso ordinario alguno. En consecuencia, se revoca la calificación y admisión realizada por el Juez y no se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarándose firme la sentencia impugnada. De la Segunda autoridad responsable, JUZGADO PRIMERO CIVIL POR AUDIENCIA DEL DISTRITO GALEANA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, se reclama: a).- La sentencia condenatoria dictada en fecha trece de mayo del año dos mil veintidós, por el Juez del Juzgado Primero Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Galeana, con residencia en la Cuidad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; en autos del expediente número, relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por el Licenciado Ricardo Gustavo Tuda Vargas y/o Luis Ernesto Díaz Moreno en su carácter apoderados de Banco Santander de México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, antes denominado Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de los suscritos hoy quejosos, por cuanto que dicha sentencia condeno al pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, así como de las costas. b).- La emisión o realización de cualquier acto que tienda a ejecutar la sentencia que se reclama en esta demandada." Luego, de la lectura comparativa de los actos reclamados, se obtiene que respecto de los actos reclamados en esta vía de amparo indirecto o bi-instancial, la Superioridad ya se pronunció al respecto al resolver lo planteado en el Amparo Directo Civil 482/2022, de su índice y que al establecer que ese Tribunal colegiado, sí fue competente para conocer de la demanda de amparo, promovida en contra de la citada sentencia; precisó lo siguiente: ". SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta Ciudad, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con los autos del toca , así como el juicio oral mercantil, que acompañó con dicho informe. TERCERO. Causa de improcedencia. Se estima innecesario transcribir y examinar tanto la sentencia reclamada, como los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en virtud de que, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso, atento lo dispuesto en el artículo 62, del citado ordenamiento legal. El precepto 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Lo transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos concedidos por la ley que reglamenta la materia. Por su parte, los numerales 17, primer párrafo, y 18 de la citada ley, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos reproducidos se advierte, que la presentación de la demanda de amparo debe realizarse en un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3) Se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los citados artículos, se advierte que de no promover la demanda dentro del término establecido para ello, procede sobreseer en el juicio de amparo, porque la presentación extemporánea de la misma, debe entenderse como consentimiento tácito del acto reclamado. Asimismo, conforme al transcrito numeral 18, de la Ley de Amparo, en una de sus hipótesis, refiere que el término que prevé se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En el caso, la sentencia reclamada se notificó a los quejosos el mismo día en que se dictó la sentencia reclamada, esto es el trece de mayo de dos mil veintidós19, de conformidad con el artículo 1390 Bis 2220, del Código de Comercio y surtió sus efectos el dieciséis siguiente, conforme lo dispuesto por el artículo 107521, del referido ordenamiento. En consecuencia, el plazo a que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, trascurrió del diecisiete de mayo al seis de junio de dos mil veintidós; una vez excluidos de ese periodo los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo y cuatro y cinco de junio del año en cita, por corresponder a sábados y domingos. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficialía de Turnos, Segunda Instancia, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el ocho de agosto de dos mil veintidós22, como se aprecia de manera legible del sello de recibido, estampado por la autoridad responsable en la parte superior de la página primera de la demanda de amparo. En tales condiciones, es evidente que, en esa fecha, ya había transcurrido en exceso el término de quince días, que concede el artículo 17, de la Ley de Amparo, para solicitar la protección de la Justicia Federal de que se trata y, en consecuencia, debe tenerse por consentido tácitamente el acto reclamado, en términos de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de dicha normatividad. Desahogo de vista. No es obstáculo a lo anterior, y no ha lugar a acordar de conformidad lo manifestado por los quejosos mediante escrito presentado el veintidós de marzo del año en curso, en atención a la vista otorgada por este Tribunal, mediante ejecutoria de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que solicitan, que se remitan los autos al Juzgado de Distrito en Turno, a efecto de que se dé tramite en la vía indirecta, a su demanda de garantías, respecto del acto que reclamaron del Juzgado Primero Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, consistente en la sentencia de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en el Juicio Oral Mercantil; pues como ya se dijo, este Tribunal colegiado, sí fue competente para conocer de la demanda de amparo, promovida en contra de la citada sentencia; sin embargo, la presentación de la misma, resultó extemporánea; en ese tenor, la no remisión de las constancias a la vía indirecta, no supone restricción o limitación del derecho a un recurso judicial efectivo y tampoco supone alguna vulneración a la igualdad de las partes, ya que las mismas deben someterse a los plazos establecidos para la promoción y sustanciación de los recursos previstos en la Ley de Amparo, con lo cual no se produce un tratamiento diferenciado. Por otro lado, remitir las constancias de la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en Turno, respecto del acto reclamado, consistente en el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el Toca , del índice de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a ningún fin práctico conduciría, pues el Juzgador Federal que en su caso conociera del asunto, se vería obligado a observar las Disposiciones Generales que establece el Código de Comercio, relativas al trámite de los Juicios Orales Mercantiles, y como ya se dijo en la presente ejecutoria, de conformidad con el artículo 1390 Bis, segundo párrafo, del Código de Comercio, contra las sentencias dictadas en los juicios orales mercantiles, no procede recurso ordinario alguno; por lo que dicho proveído, no podría ser susceptible de confirmación o modificación alguna, mediante la vía de Amparo Indirecto. Luego, dichos argumentos dados por la Superioridad, constituyen para este Juzgador hechos notorios que, poseen fuerza convictiva plena en este asunto, pues aun cuando los quejosos, en su inicio del escrito aclaratorio presentado en este Juzgado y sin haber precisado en la demanda inicial de amparo, como autoridad responsable al Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en la localidad, ni haberle atribuido acto reclamado alguno, refiere que por auto de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, dicta un proveído en el cual confirma la sentencia combatida, estableciendo: "...Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1390 Bis, segundo párrafo, no se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil veintidós, publicada en la lista del día dieciséis del mismo mes y año, con el número 19; en razón de que la resolución apelada se emitió en un Juicio Oral Mercantil, y conforme al mencionado ordinal del Código de Comercio contra las resoluciones pronunciadas en este juicio, no se dará recurso ordinario alguno. En consecuencia, se revoca la calificación y la admisión realizada por el Juez y no se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarándose firme la sentencia impugnada". También de dicho tema, se ocupó la Superioridad, en el sentido de que estableció: ". Desahogo de vista. No es obstáculo a lo anterior, y no ha lugar a acordar de conformidad lo manifestado por los quejosos mediante escrito presentado el veintidós de marzo del año en curso, en atención a la vista otorgada por este Tribunal, mediante ejecutoria de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que solicitan, que se remitan los autos al Juzgado de Distrito en Turno, a efecto de que se dé tramite en la vía indirecta, a su demanda de garantías, respecto del acto que reclamaron del Juzgado Primero Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, consistente en la sentencia de trece de mayo ; pues como ya se dijo, este Tribunal colegiado, sí fue competente para conocer de la demanda de amparo, promovida en contra de la citada sentencia; sin embargo, la presentación de la misma, resultó extemporánea; en ese tenor, la no remisión de las constancias a la vía indirecta, no supone restricción o limitación del derecho a un recurso judicial efectivo y tampoco supone alguna vulneración a la igualdad de las partes, ya que las mismas deben someterse a los plazos establecidos para la promoción y sustanciación de los recursos previstos en la Ley de Amparo, con lo cual no se produce un tratamiento diferenciado. Por otro lado, remitir las constancias de la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en Turno, respecto del acto reclamado, consistente en el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el Toca del índice de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a ningún fin práctico conduciría, pues el Juzgador Federal que en su caso conociera del asunto, se vería obligado a observar las Disposiciones Generales que establece el Código de Comercio, relativas al trámite de los Juicios Orales Mercantiles, y como ya se dijo en la presente ejecutoria, de conformidad con el artículo 1390 Bis, segundo párrafo, del Código de Comercio, contra las sentencias dictadas en los juicios orales mercantiles, no procede recurso ordinario alguno; por lo que dicho proveído, no podría ser susceptible de confirmación o modificación alguna, mediante la vía de Amparo Indirecto. Asimismo, con lo anterior, se evita una innecesaria dilación procesal, sin que se violente el derecho de los quejosos al debido proceso, ya que éste se ve vulnerado únicamente cuando el quejoso tramita algún recurso en una vía incorrecta, y el órgano jurisdiccional que conoce del caso, lo inadvierte y no ordena su remisión al órgano judicial correspondiente, siempre y cuando el proveído que se pretenda impugnar, sea el idóneo. Entonces, se colige que dicha determinación es correcta, por interpretación evolutiva al principio de economía procesal, ya que seguir el proceso constitucional respecto del acto reclamado consistente en un proveído en el que se tuvo por no admitido un recurso tramitado en una vía incorrecta, genera costos de tramitación innecesarios, tanto para el erario público como para las partes y autoridades responsables. Finalmente, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. UNA VEZ REENCAUSADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO REQUERIR AL QUEJOSO Y DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCIÓN", que citan los quejosos como apoyo a su petición, resulta inaplicable al caso, ya que la misma refiere que el Tribunal Colegiado que conozca de una demanda de amparo tramitada de manera errónea, se declarará incompetente para conocer de la misma y la remitirá al Juzgado de Distrito en turno, cuando el acto reclamado carezca de ejecución por razón de territorio; sin embargo, en el caso concreto la remisión que en su caso operaria, sería la remisión de autos al Juzgado de Distrito en turno por razón de grado; empero, como ya se dijo en párrafos precedentes, en aras de respetar el debido proceso y la economía procesal dicha medida, dicha medida a ningún fin práctico conduciría. En tales condiciones, por similitud jurídica a lo argumentado por la Superioridad, se estima que la promoción de este juicio de amparo respecto del acto que pretende atribuir al Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en la localidad y que refiere como auto de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, en el que dice dicha autoridad confirma la sentencia combatida, al establecer que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1390 Bis, segundo párrafo, no se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil veintidós, publicada en la lista del día dieciséis del mismo mes y año, con el número 19; en razón de que la resolución apelada se emitió en un Juicio Oral Mercantil, y conforme al mencionado ordinal del Código de Comercio contra las resoluciones pronunciadas en este juicio, no se dará recurso ordinario alguno. Y revoca la calificación y la admisión realizada por el Juez y no admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, declarándose firme la sentencia impugnada. En tales condiciones, es evidente que también deviene extemporánea la demanda de amparo indirecto que aquí se plantea, máxime que los promoventes del amparo, exhibieron resoluciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado, del Decimoséptimo Circuito, residente en la localidad, la Superioridad, de las que se advierte, que contestaron la vista otorgada por la Superioridad, mediante ejecutoria de quince de marzo de dos mil veintitrés, a través del escrito que le presentaron el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que los solicitantes el amparo, le pidieron a la Superioridad en esa fecha, reencausara este asunto como amparo indirecto al juez de distrito competente y se les precisó por la Superioridad que, la no remisión de las constancias a la vía indirecta, no supone restricción o limitación del derecho a un recurso judicial efectivo y tampoco supone alguna vulneración a la igualdad de las partes, ya que las mismas deben someterse a los plazos establecidos para la promoción y sustanciación de los recursos previstos en la Ley de Amparo, con lo cual no se produce un tratamiento diferenciado. Y a mayor abundamiento, también se les dijo por la Superioridad que, de conformidad con el artículo 1390 Bis, segundo párrafo, del Código de Comercio, contra las sentencias dictadas en los juicios orales mercantiles, no procede recurso ordinario alguno; por lo que dicho proveído, no podría ser susceptible de confirmación o modificación alguna, mediante la vía de Amparo Indirecto. Consecuentemente, por resultar extemporánea la promoción de la demanda de amparo en la vía indirecta y por similitud de razones a las expuestas por la Superioridad, de conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma. Además, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2017123, Décima Época, Materias Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe. FSC.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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