Ricardo Vieyra Cadena

Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
846/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Salvador Delgado Ochoa, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con Jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares
  • Ricardo Vieyra Cadena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 162/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por este juzgado que desechó la demanda de amparo; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, . . . este expediente es susceptible de destrucción conforme al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al diverso artículo 15. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por Michell Pacheco Torres, quien se ostenta como defensor particular de Ricardo Vieyra Cadena, en atención a su contenido, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno; por lo que con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito que se provee al juicio en que se actúa y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad; el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el arábigo último citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución reclamada. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DICE: "Acapulco, Guerrero; veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Michell Pacheco Torres, quien se ostenta como defensor particular de Ricardo Vieyra Cadena, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 846/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda, se tiene que el quejoso Ricardo Vieyra Cadena, en su carácter de imputado dentro de la carpeta judicial C-32/2021, que se le instruye por el delito de violación equiparada en agravio de la victima de identidad reservada E.V.O, con seudónimo "Cenicienta", reclama lo siguiente: a) La resolución dictada en audiencia de seis de julio en el recurso de revocación interpuesto, en contra de la determinación por la que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, negó la solicitud de la defensa del imputado de referencia, en el sentido de que se solicitara al Centro de Convivencia Familiar, un perito en psicología forense especializado en menores, a fin de que determinara si existe una posible alienación parental y/o manipulación de la víctima. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, si el acto reclamado consiste en el desechamiento del recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa del juez de control, de solicitar al Centro de Convivencia Familiar, un perito en psicología forense especializado en menores, a fin de que determinara si existe una posible alienación parental y/o manipulación de la víctima, la cual fue emitida dentro de la etapa de investigación complementaria; se estima que esa determinación no produce una afectación material, sino a un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, y en todo caso sería reclamable al término de la etapa intermedia, esto al controvertir el auto de apertura juicio, sí que es la violación procesal que reclama le causa perjuicio en la decisión que adopte el juzgador al momento de dictar este. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.1o.P.27 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en la página 3502 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, Décima Época, Materia Común, Penal, del rubro y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que obste que el promovente del amparo no haya acreditado la personalidad que dice ostentar y no se hubiera prevenido para tal efecto, dado que lo anterior no cambiaría el sentido del presente acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Velázquez de León número 8, interior 102, colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Christian Olea Gandarillas y Marco Antonio Reyes Alejandro, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. DATOS DE CONTACTO De igual forma, téngasele proporcionando el correo electrónico que al efecto indica, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, es decir para comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica al promovente del amparo que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general 21/2020. Notifíquese personalmente". LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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