Ricardo Velazquez Rugeiro

Expediente 1110/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1110/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Velazquez Rugeiro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran del acuerdo dictado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 175 a 177), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de julio dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el anexo I que se formó con el duplicado de la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa del acuerdo de veintiocho de junio pasado, dictado en el presente asunto, en el domicilio ubicado Avenida Juárez No. 2104, Interior 3 Colonia La Paz, de la ciudad de Puebla, pues refiere que se constituyó en dicho domicilio el uno de julio de dos mil diecinueve (a las quince horas con diez minutos), encontrando que se trata de un inmueble con zaguán color negro, con un letrero en la parte superior de la entrada principal que dice "La Chachara", que se encuentra junto a un restaurante de comida china, que del lado derecho hay tres timbre, uno de ellos identificado con el número 3, -del interior buscado-, por tanto, tocó el correspondiente y espero por un largo rato, sin que ninguna persona atendiera su llamado, sin haber podido ingresar libremente al inmueble porque dicho zaguán está cerrado y sin posibilidad para entrar. Asimismo, acudió nuevamente a dicho domicilio el dos (a las once horas con cincuenta minutos) y tres (a las once horas con veinticinco minutos y veintitrés horas con diez minutos) de julio de dos mil diecinueve, tocó el timbre en repetidas ocasiones, esperando durante varios minutos, pero tampoco hubo persona que atendiera a su llamado, motivo por el cual no fue posible realizar dicha notificación No dejó aviso de ley, por no tener la certeza de que fijarlo en la puerta de acceso común llegue al destinatario correspondiente. En consecuencia, y al encontrarse ante una imposibilidad de carácter transitorio; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el acuerdo de veinmtiocho de junio pasado y el presente proveído, por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 28 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, el quejoso reclamó de la 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE de su índice: La dilación de integrar la averiguación previa, iniciada en contra de Ricardo Cortés Ronquillo y/o quien resulte responsable, del delito de fraude; donde tiene el carácter de ofendido. Ahora bien, por sentencia firmada y autorizada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 47 a 65), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ricardo Velázquez Rugeiro, contra los actos reclamados al 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), para los efectos siguientes: "(.) Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, el 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE, de su índice, realice lo siguiente 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar -de forma fundada y motivada- qué pruebas debe recabar o resultan necesarias para la integración de dicha averiguación previa, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. Se precisa que, para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener como consecuencia limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." (fojas 63 vuelta y 64). Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Ricardo Cortés Ronquillo, interpuso revisión (fojas 74 a 77); que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número R-65/2019 (foja 110). Por ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 113 a 144), el tribunal de alzada resolvió dicho medio de impugnación en los términos siguientes: "PRIMERO.-Se confirma en la materia, la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Velázquez Rugeiro o Ricardo Velázquez Rugerio, contra del acto que reclamó de la Agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistemas Tradicional, para los efectos precisados en la sentencia recurrida".(Foja 144 y vuelta). Con motivo de lo anterior, en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 145 a 147). Mediante oficio 1482/2019-MU, de catorce de junio de dos mil diecinueve, la 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), remitió copia certificada de la resolución de en esa misma fecha, dictada en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE de su índice (fojas 160 a 164). Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este juzgador se avoca a su estudio de acuerdo a lo ahí precisado. Del análisis de la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictada en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE, del índice de la autoridad responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte lo siguiente: En relación con el punto 1., de los efectos del fallo protector, mediante oficio 1482/2019-MU de catorce de junio de dos mil diecinueve, la responsable informó que continuará con la investigación de la averiguación previa antes citada, y para tal efecto, determinó lo siguiente: "(.) CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIÓ POR LOS ARTÍCULOS 21 CONSTITUCIONAL, 44, 47 FRACCIÓN II, 73, 83, 108 Y 123 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO. 6°. DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA FISCALÍA, GÍRESE: CITATORIO AL C. RICARDO VELÁZQUEZ RUGEIRO, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EL DÍA 01 UNO DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE (.), PARA EL DESAHOGO DE UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER MINISTERIAL, CONSISTENTE EN QUE SE IMPONGA DEL CONTENIDO DE LAS COMPARECENCIAS DE LOS CC. RICARDO CORTES RONQUILLO Y EDGAR PIEDRAS ARCE (.) CITATORIO AL C. RICARDO CORTES RONQUILLO, A FIN DE QUE COMPAREZCA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADO DE ABOGADO PARTICULAR (...), EL DÍA 01 UNO DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE (.) A FIN DE QUE EXHIBA TODA LA DOCUMENTACIÓN (.). GÍRESE OFICIO A AL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A FIN DE SOLICITARLE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA A FIN DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SI SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EL VEHÍCULO (.), Y EN CASO DE SER AFIRMATIVO COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE EMPLAZAMIENTO, ASÍ COMO INFORME EL NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO DE LOS PROPIETARIOS A PARTIR DEL AÑO 2018 (.)." (foja 161) De lo anterior, se aprecia que la responsable determinó continuar con la investigación en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE, por lo que ordenó recabar las pruebas necesarias para integrar dicha averiguación. En consecuencia, de la comparación del efecto contenido en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se acató en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, el quejoso reclamó de la 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE de su índice: La dilación de integrar la averiguación previa, iniciada en contra de Ricardo Cortés Ronquillo y/o quien resulte responsable, del delito de fraude; donde tiene el carácter de ofendido. Ahora bien, por sentencia firmada y autorizada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 47 a 65), por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ricardo Velázquez Rugeiro, contra los actos reclamados al 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), para los efectos siguientes: "(.) Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, el 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE, de su índice, realice lo siguiente 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar -de forma fundada y motivada- qué pruebas debe recabar o resultan necesarias para la integración de dicha averiguación previa, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. Se precisa que, para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener como consecuencia limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." (fojas 63 vuelta y 64). Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Ricardo Cortés Ronquillo, interpuso revisión (fojas 74 a 77); que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número R-65/2019 (foja 110). Por ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 113 a 144), el tribunal de alzada resolvió dicho medio de impugnación en los términos siguientes: "PRIMERO.-Se confirma en la materia, la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Velázquez Rugeiro o Ricardo Velázquez Rugerio, contra del acto que reclamó de la Agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistemas Tradicional, para los efectos precisados en la sentencia recurrida".(Foja 144 y vuelta). Con motivo de lo anterior, en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 145 a 147). Mediante oficio 1482/2019-MU, de catorce de junio de dos mil diecinueve, la 1. Agente del Ministerio Público de la mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Sistema Tradicional (en su denominación correcta), remitió copia certificada de la resolución de en esa misma fecha, dictada en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE de su índice (fojas 160 a 164). Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este juzgador se avoca a su estudio de acuerdo a lo ahí precisado. Del análisis de la resolución de catorce de junio de dos mil diecinueve, dictada en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE, del índice de la autoridad responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se advierte lo siguiente: En relación con el punto 1., de los efectos del fallo protector, mediante oficio 1482/2019-MU de catorce de junio de dos mil diecinueve, la responsable informó que continuará con la investigación de la averiguación previa antes citada, y para tal efecto, determinó lo siguiente: "(.) CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIÓ POR LOS ARTÍCULOS 21 CONSTITUCIONAL, 44, 47 FRACCIÓN II, 73, 83, 108 Y 123 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO. 6°. DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA FISCALÍA, GÍRESE: CITATORIO AL C. RICARDO VELÁZQUEZ RUGEIRO, A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL EL DÍA 01 UNO DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE (.), PARA EL DESAHOGO DE UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER MINISTERIAL, CONSISTENTE EN QUE SE IMPONGA DEL CONTENIDO DE LAS COMPARECENCIAS DE LOS CC. RICARDO CORTES RONQUILLO Y EDGAR PIEDRAS ARCE (.) CITATORIO AL C. RICARDO CORTES RONQUILLO, A FIN DE QUE COMPAREZCA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADO DE ABOGADO PARTICULAR (...), EL DÍA 01 UNO DE JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE (.) A FIN DE QUE EXHIBA TODA LA DOCUMENTACIÓN (.). GÍRESE OFICIO A AL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A FIN DE SOLICITARLE INSTRUYA A QUIEN CORRESPONDA A FIN DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SI SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EL VEHÍCULO (.), Y EN CASO DE SER AFIRMATIVO COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE EMPLAZAMIENTO, ASÍ COMO INFORME EL NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIO DE LOS PROPIETARIOS A PARTIR DEL AÑO 2018 (.)." (foja 161) De lo anterior, se aprecia que la responsable determinó continuar con la investigación en la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE, por lo que ordenó recabar las pruebas necesarias para integrar dicha averiguación. En consecuencia, de la comparación del efecto contenido en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se acató en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista, la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa, el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, pues refiere que al constituirse en el domicilio señalado por dicha parte para recibir notificaciones (Avenida Juárez No. 2104, Interior 3 Colonia La Paz, de la ciudad de Puebla), y cerciorado de ser el domicilio correcto por tener a la vista el número 2104 fijado en la pared del inmueble, el cual es de tres plantas, con portón de metal color negro, en la parte superior tiene un letrero que dice "la chachara", a la derecha hay tres timbres entre los que se encuentra el número 3; acudió a dicho domicilio el dieciocho y diecinueve de junio del actual, a las diecinueve horas con doce minutos y a las nueve horas con cincuenta y dos minutos, respectivamente, tocó el timbre marcado con el número 3, esperó por un lapso de cinco minutos pero nadie acudió a su llamado. No dejó aviso de notificación, porque no pudo entrar al lugar en que se encuentra el interior 3 y no tener la certeza de que al dejarlo en la puerta de entrada general la notificación llegue a su destinatario. En consecuencia, y al encontrarse ante una imposibilidad de carácter transitorio; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el acuerdo de diecisiete de junio pasado y el presente proveído, por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 17 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional; visto su contenido, téngase a la referida autoridad informando el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo anterior es así, ya que de un análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que remite copia certificada del acuerdo emitido el catorce de junio pasado, dictado en autos de la averiguación previa 403/2011/DMZS/NORTE de su índice. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta; dese vista al quejoso y tercero interesado por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano