Ricardo Vazquez Malpica
Expediente 523/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Vazquez Malpica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 523/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Jueza de Primera Instancia, De Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 523/2019-IV, promovido por RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado ese día, RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: Ordenadora: 1.- Jueces de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial. Ejecutoras de la Fiscalía General del Estado de Morelos: 2.- Fiscal Regional Zona Oriente. 3.- Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente. 4.-Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente (denominación correcta de la señalada como Comandante General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Zona Oriente). Actos que hizo consistir en la orden de aprehensión y/o detención decretada en la causa penal JCC/569/2018 y su ejecución. SEGUNDO.- Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve (día hábil siguiente) se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número 523/2019-IV, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 8 a 11 del expediente principal). TERCERO.- Mediante auto de quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 42 y 43 del expediente principal), se ordenó emplazar a los terceros interesados y al Fiscal que interviene en la causa penal JCC/569/2018. Los terceros interesados Bertha Zamora Medrano en representación del menor de iniciales I.D.V.Z., y por derecho propio Brandon Uriel Vázquez Zamora fueron emplazados el dieciséis y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 46 a 49 del expediente principal). El Fiscal que interviene en la causa penal JC/569/2018, fue emplazado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 59 del expediente principal). Una vez substanciado el juicio se inició la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; siendo que las autoridades responsables radican en este Estado. SEGUNDO. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: 1) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Adolfo González López; 2) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Tomás Mateo Morales; 3) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Jesús Valencia Valencia; 4) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Leticia Damián Avilés; 5) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias y 6) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, David Ricardo Ponce González. Pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa, hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa (foja 33 del expediente principal). Lo que se encuentra acreditado con las copias certificadas de la causa penal JCC/569/2018, remitidas por la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias del Tercer Distrito Judicial en el Estado que obra a foja 253, documental a la que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que no está desvirtuada la inexistencia de actos reclamados a las autoridades citadas y, por ende debe sobreseerse en el juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917 -Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". TERCERO. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión decretada el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/569/2018, en contra del quejoso, toda vez que así lo aceptó al rendir el informe justificado la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos Patricia Soledad Aguirre Galván. Certeza que además se corrobora con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, al cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Asimismo, son ciertos los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones de la Zona Oriente, con sede en Cuautla, Morelos (denominación correcta de la señalada como Comandante General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Zona Oriente), toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 37 del expediente principal). De igual forma, si bien las autoridades responsables: Fiscal Regional Oriente y Director de la Policía de Investigación Criminal, en sus informes justificados negaron los actos de ejecución que se les atribuye (foja 34 y 35 del expediente principal); sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con el informe rendido por la Juez responsable citada, que acredita la existencia de la orden de aprehensión reclamada, la cual puede ser ejecutada por las referidas autoridades responsables en razón de las funciones legales que desempeñan, de ahí que se encuentra acreditada la existencia de los actos de ejecución que se les reclaman. CUARTO.- Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna De oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) La disposición legal transcrita, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos: a) Por revocación: cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, b) Por sustitución procesal: cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones jurídicas en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 201346, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia Común, página: 2546 del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Así como en la tesis I.3o.C.92 K, de la Novena Época, registro 165870, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página: 1491 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso concreto, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la orden de aprehensión decretada el diecinueve de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/569/2018, por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado, por las consideraciones jurídicas que enseguida se explican: A efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante oficio sin número de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Diverso de Yautepec, Morelos, solicitó al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia para la formulación de imputación al aquí quejoso RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria agravada (fojas 3 a 7 anexo I). 2.- Por acuerdo dictado en la fecha mencionada emitido en la causa penal JC/569/2018 la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado, señaló las nueve horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia inicial, ordenó citar a RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, apercibiéndolo de que en caso de no presentarse, previa petición del Agente del Ministerio Público sería declarado sustraído de la acción de la justicia lo que daría lugar a girar orden de aprehensión en su contra (foja 19 anexo I). 3.- El doce de septiembre de dos mil dieciocho se difirió la audiencia inicial, toda vez que la Juez responsable no estaría presente en la misma, motivo por el cual se fijaron las nueve horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 49 anexo I). 4.- Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho se difirió la audiencia inicial, en virtud que la Juez de origen tenía diversos juicios orales por desahogar, en consecuencia señaló las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil dieciocho para su desahogo (foja 57 anexo I). 5.- El dos de octubre de dos mil dieciocho, la Juez natural ante el desconocimiento de las técnicas de litigio por parte del Agente del Ministerio Público, decretó el remplazo de la Agente del Ministerio Público y dio por terminada la audiencia inicial, señalando nuevamente las trece horas del nueve de octubre de dos mil dieciocho para el desahogo de la misma (foja 69 anexo I). 6. En audiencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Juez de origen a petición del Agente del Ministerio Público, tuvo por retirada su petición de formular imputación al aquí quejoso, dejando a salvo los derechos de la representación social para hacerlos valer en el momento procesal oportuno; toda vez que dicho fiscal en ese momento se estaba imponiendo de la carpeta de investigación (foja 83 anexo I). 7. Mediante oficio sin número de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Oriente en el Estado, solicitó a la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia para la formulación de imputación al aquí quejoso RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria agravada (fojas 85 a 89 anexo I). 8.- Mediante acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal JCC/569/2018 la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado, señaló las doce horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de ese mismo año, para la celebración de la audiencia inicial, ordenó citar a RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, apercibiéndolo de que en caso de no presentarse, previa petición del Agente del Ministerio Público sería declarada sustraída de la acción de la justicia lo que daría lugar a girar orden de aprehensión en su contra (foja 91 anexo I). 9.- El veintiuno de noviembre de dos dieciocho, la Juez natural difirió la audiencia inicial señalando las trece horas del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho; en virtud de que la defensa particular no contaba con la totalidad de las copias de la carpeta de investigación (foja 113 anexo I). 10.- Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho se difirió la audiencia inicial, toda vez que la Juez responsable tenía diversos juicios orales por desahogar señalando las trece horas del seis de diciembre de dos mil dieciocho para su desahogo (foja 117 anexo I). 11.- En audiencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, ante la incomparecencia del Agente del Ministerio Público, en términos del artículo 131 fracción XX del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez de origen dejo a salvo los derechos de la representación social para que los haga valer en el momento procesal oportuno (foja 129 anexo I). 12.- Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez natural, señaló las nueve horas del veintitrés de enero del mismo año, para el desahogo de la audiencia inicial (foja 143 anexo I). 13.- En audiencia inicial de veintitrés de enero del año en curso, ante la incomparecencia del RICARDO GUTIÉRREZ MALPICA, la Juez responsable en términos del artículo 57 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró abandonada del cargo de defensa, dado que no se pudo notificar al quejoso de marras, por lo que dejo a salvo los derechos de la representación social para el efecto de que una vez que proporcionara el domicilio donde pudiera ser citado se proveería lo conducente (foja 165 anexo I). 14.- Por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público, proporcionó nuevamente el domicilio del quejoso y solicitó se señalara nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, motivo por el cual la Juez natural señaló las diez horas del veintiocho de marzo de ese año para que tuviera verificativo la misma (foja 185 anexo I). 15.- En audiencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, ante la inasistencia de RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, a petición del Agente del Ministerio Público, la Juez responsable lo declaró sustraído de la acción de la justicia (foja 223 anexo I). 16.- El nueve de abril de dos mil diecinueve, a las once horas con seis minutos se llevó a cabo la audiencia privada en la que la Juez de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado, a solitud del Agente del Ministerio Público, decretó orden de aprehensión en contra de RICARDO VÁZQUE MALPICA por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria para el efecto de que fuera presentado a la audiencia inicial de formulación de imputación, medidas cautelares y vinculación a proceso (disco de video digital). 17.- El ocho de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la orden de aprensión decreta contra el aquí quejoso, motivo por el cual se señalaron las trece horas del ocho de junio del mismo año, para el desahogo de la audiencia inicial (foja 89 del expediente principal). 18.- El doce de junio de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del impetrante RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, cometido en agravio de los menores de iniciales I.D.Z. y B.U.V.Z., representados por su madre Bertha Ángeles Zamora Medrano y se decretó como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos cada mes y la prohibición de salir del Estado en términos de los numerales 155 fracciones I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales (disco de video digital). Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, se actualiza la causal invocada, en virtud de que el acto que se combate en esta instancia constitucional es la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/569/2018 para el efecto de que fuera presentada a la audiencia inicial de formulación de imputación, medidas cautelares y vinculación a proceso; sin embargo, los efectos de dicha resolución han cesado, pues, se reitera, dicho mandamiento de captura tenía como finalidad que una vez aprehendido el quejoso fuera presentado ante el Juez responsable en términos del artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual aconteció el ocho de junio de dos mil diecinueve, fecha en que el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión decretada el nueve de abril de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia inicial, dictando auto de vinculación a proceso por el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, el doce de junio del mismo año, así como la medida cautelar respectiva. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada en virtud de que la orden de aprehensión de nueve de abril de dos mil diecinueve, fue sustituida procesalmente por el dictado del auto de doce de junio de dos mil diecinueve, en el que se ordenó dejar en libertad al aquí quejoso, decretándose como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos cada mes, debiendo realizarlo los primero cinco días y la prohibición de salir del Estado, conforme a lo establecido en el numeral 155 fracción I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales; determinación ésta que sustituyó los efectos para los cuales fue librada la orden de aprehensión combatida, relativos a la presentación del quejoso ante el Juez de Control para la continuación del procedimiento. De ahí que por esta razón no pueda analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que la emisión del auto de doce de junio de dos mil diecinueve, actualmente rige la situación jurídica del quejoso, no así la resolución de nueve de abril de dos mil diecinueve, por haber cesado sus efectos al ser sustituida procesalmente. Lo anterior es así al apreciar que el objeto por el que fue librado el mandamiento de captura ante la incomparecencia del quejoso, fue para que fuese presentada a escuchar imputación en la audiencia inicial fijada en la causa penal de origen y poder sujetarlo al procedimiento penal respectivo; sin embargo al haberse dictado auto de vinculación a proceso por considerarlo probable responsable de la comisión del hecho que la ley sanciona como delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria e imponerle la medida cautelar ya señalada, en el que ya prescindió de ordenar la presentación vía orden de aprehensión del imputado y sustituyó procesalmente la resolución reclamada, prescindiendo de la misma atento a la naturaleza jurídica y constitucional del sistema penal acusatorio en el cual la libertad es la regla y lo opuesto su excepción, es decir, continuar el proceso con restricción preventiva de la libertad. En mérito de lo anterior, al haber cesado los efectos de la orden de aprehensión reclamada por sustitución procesal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de antes invocada. Sobreseimiento que, se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Fiscal Regional, Director de la Policía de Investigación Criminal y Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones todos de la Zona Oriente, con residencia en Cuautla, Morelos, toda vez que no se reclamaron por vicios propios sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión reclamada. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, contra los actos reclamados a los Jueces de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, Fiscal Regional Zona Oriente, Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente, Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente, por los motivos expuestos en el segundo y último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de julio de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Paulo Yair García Meza. Doy fe
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 523/2019-IV, promovido por RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado ese día, RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: Ordenadora: 1.- Jueces de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial. Ejecutoras de la Fiscalía General del Estado de Morelos: 2.- Fiscal Regional Zona Oriente. 3.- Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente. 4.-Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente (denominación correcta de la señalada como Comandante General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Zona Oriente). Actos que hizo consistir en la orden de aprehensión y/o detención decretada en la causa penal JCC/569/2018 y su ejecución. SEGUNDO.- Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve (día hábil siguiente) se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número 523/2019-IV, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 8 a 11 del expediente principal). TERCERO.- Mediante auto de quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 42 y 43 del expediente principal), se ordenó emplazar a los terceros interesados y al Fiscal que interviene en la causa penal JCC/569/2018. Los terceros interesados Bertha Zamora Medrano en representación del menor de iniciales I.D.V.Z., y por derecho propio Brandon Uriel Vázquez Zamora fueron emplazados el dieciséis y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 46 a 49 del expediente principal). El Fiscal que interviene en la causa penal JC/569/2018, fue emplazado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 59 del expediente principal). Una vez substanciado el juicio se inició la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; siendo que las autoridades responsables radican en este Estado. SEGUNDO. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: 1) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Adolfo González López; 2) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Tomás Mateo Morales; 3) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Jesús Valencia Valencia; 4) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Leticia Damián Avilés; 5) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias y 6) Juez de Primera Instancia, Control Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, David Ricardo Ponce González. Pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa, hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa (foja 33 del expediente principal). Lo que se encuentra acreditado con las copias certificadas de la causa penal JCC/569/2018, remitidas por la Jueza de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias del Tercer Distrito Judicial en el Estado que obra a foja 253, documental a la que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que no está desvirtuada la inexistencia de actos reclamados a las autoridades citadas y, por ende debe sobreseerse en el juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917 -Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". TERCERO. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión decretada el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/569/2018, en contra del quejoso, toda vez que así lo aceptó al rendir el informe justificado la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos Patricia Soledad Aguirre Galván. Certeza que además se corrobora con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, al cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Asimismo, son ciertos los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones de la Zona Oriente, con sede en Cuautla, Morelos (denominación correcta de la señalada como Comandante General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Zona Oriente), toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado (foja 37 del expediente principal). De igual forma, si bien las autoridades responsables: Fiscal Regional Oriente y Director de la Policía de Investigación Criminal, en sus informes justificados negaron los actos de ejecución que se les atribuye (foja 34 y 35 del expediente principal); sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con el informe rendido por la Juez responsable citada, que acredita la existencia de la orden de aprehensión reclamada, la cual puede ser ejecutada por las referidas autoridades responsables en razón de las funciones legales que desempeñan, de ahí que se encuentra acreditada la existencia de los actos de ejecución que se les reclaman. CUARTO.- Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna De oficio se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) La disposición legal transcrita, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos: a) Por revocación: cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, b) Por sustitución procesal: cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones jurídicas en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 201346, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia Común, página: 2546 del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Así como en la tesis I.3o.C.92 K, de la Novena Época, registro 165870, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página: 1491 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso concreto, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la orden de aprehensión decretada el diecinueve de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/569/2018, por la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado, por las consideraciones jurídicas que enseguida se explican: A efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante oficio sin número de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Diverso de Yautepec, Morelos, solicitó al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia para la formulación de imputación al aquí quejoso RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria agravada (fojas 3 a 7 anexo I). 2.- Por acuerdo dictado en la fecha mencionada emitido en la causa penal JC/569/2018 la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado, señaló las nueve horas del trece de septiembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia inicial, ordenó citar a RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, apercibiéndolo de que en caso de no presentarse, previa petición del Agente del Ministerio Público sería declarado sustraído de la acción de la justicia lo que daría lugar a girar orden de aprehensión en su contra (foja 19 anexo I). 3.- El doce de septiembre de dos mil dieciocho se difirió la audiencia inicial, toda vez que la Juez responsable no estaría presente en la misma, motivo por el cual se fijaron las nueve horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 49 anexo I). 4.- Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho se difirió la audiencia inicial, en virtud que la Juez de origen tenía diversos juicios orales por desahogar, en consecuencia señaló las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil dieciocho para su desahogo (foja 57 anexo I). 5.- El dos de octubre de dos mil dieciocho, la Juez natural ante el desconocimiento de las técnicas de litigio por parte del Agente del Ministerio Público, decretó el remplazo de la Agente del Ministerio Público y dio por terminada la audiencia inicial, señalando nuevamente las trece horas del nueve de octubre de dos mil dieciocho para el desahogo de la misma (foja 69 anexo I). 6. En audiencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Juez de origen a petición del Agente del Ministerio Público, tuvo por retirada su petición de formular imputación al aquí quejoso, dejando a salvo los derechos de la representación social para hacerlos valer en el momento procesal oportuno; toda vez que dicho fiscal en ese momento se estaba imponiendo de la carpeta de investigación (foja 83 anexo I). 7. Mediante oficio sin número de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional Oriente en el Estado, solicitó a la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, audiencia para la formulación de imputación al aquí quejoso RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria agravada (fojas 85 a 89 anexo I). 8.- Mediante acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal JCC/569/2018 la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado, señaló las doce horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de ese mismo año, para la celebración de la audiencia inicial, ordenó citar a RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, apercibiéndolo de que en caso de no presentarse, previa petición del Agente del Ministerio Público sería declarada sustraída de la acción de la justicia lo que daría lugar a girar orden de aprehensión en su contra (foja 91 anexo I). 9.- El veintiuno de noviembre de dos dieciocho, la Juez natural difirió la audiencia inicial señalando las trece horas del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho; en virtud de que la defensa particular no contaba con la totalidad de las copias de la carpeta de investigación (foja 113 anexo I). 10.- Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho se difirió la audiencia inicial, toda vez que la Juez responsable tenía diversos juicios orales por desahogar señalando las trece horas del seis de diciembre de dos mil dieciocho para su desahogo (foja 117 anexo I). 11.- En audiencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, ante la incomparecencia del Agente del Ministerio Público, en términos del artículo 131 fracción XX del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Juez de origen dejo a salvo los derechos de la representación social para que los haga valer en el momento procesal oportuno (foja 129 anexo I). 12.- Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez natural, señaló las nueve horas del veintitrés de enero del mismo año, para el desahogo de la audiencia inicial (foja 143 anexo I). 13.- En audiencia inicial de veintitrés de enero del año en curso, ante la incomparecencia del RICARDO GUTIÉRREZ MALPICA, la Juez responsable en términos del artículo 57 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró abandonada del cargo de defensa, dado que no se pudo notificar al quejoso de marras, por lo que dejo a salvo los derechos de la representación social para el efecto de que una vez que proporcionara el domicilio donde pudiera ser citado se proveería lo conducente (foja 165 anexo I). 14.- Por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público, proporcionó nuevamente el domicilio del quejoso y solicitó se señalara nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, motivo por el cual la Juez natural señaló las diez horas del veintiocho de marzo de ese año para que tuviera verificativo la misma (foja 185 anexo I). 15.- En audiencia de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, ante la inasistencia de RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, a petición del Agente del Ministerio Público, la Juez responsable lo declaró sustraído de la acción de la justicia (foja 223 anexo I). 16.- El nueve de abril de dos mil diecinueve, a las once horas con seis minutos se llevó a cabo la audiencia privada en la que la Juez de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado, a solitud del Agente del Ministerio Público, decretó orden de aprehensión en contra de RICARDO VÁZQUE MALPICA por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria para el efecto de que fuera presentado a la audiencia inicial de formulación de imputación, medidas cautelares y vinculación a proceso (disco de video digital). 17.- El ocho de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la orden de aprensión decreta contra el aquí quejoso, motivo por el cual se señalaron las trece horas del ocho de junio del mismo año, para el desahogo de la audiencia inicial (foja 89 del expediente principal). 18.- El doce de junio de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del impetrante RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, cometido en agravio de los menores de iniciales I.D.Z. y B.U.V.Z., representados por su madre Bertha Ángeles Zamora Medrano y se decretó como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos cada mes y la prohibición de salir del Estado en términos de los numerales 155 fracciones I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales (disco de video digital). Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, se actualiza la causal invocada, en virtud de que el acto que se combate en esta instancia constitucional es la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal JCC/569/2018 para el efecto de que fuera presentada a la audiencia inicial de formulación de imputación, medidas cautelares y vinculación a proceso; sin embargo, los efectos de dicha resolución han cesado, pues, se reitera, dicho mandamiento de captura tenía como finalidad que una vez aprehendido el quejoso fuera presentado ante el Juez responsable en términos del artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual aconteció el ocho de junio de dos mil diecinueve, fecha en que el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión decretada el nueve de abril de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia inicial, dictando auto de vinculación a proceso por el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, el doce de junio del mismo año, así como la medida cautelar respectiva. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada en virtud de que la orden de aprehensión de nueve de abril de dos mil diecinueve, fue sustituida procesalmente por el dictado del auto de doce de junio de dos mil diecinueve, en el que se ordenó dejar en libertad al aquí quejoso, decretándose como medida cautelar la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos cada mes, debiendo realizarlo los primero cinco días y la prohibición de salir del Estado, conforme a lo establecido en el numeral 155 fracción I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales; determinación ésta que sustituyó los efectos para los cuales fue librada la orden de aprehensión combatida, relativos a la presentación del quejoso ante el Juez de Control para la continuación del procedimiento. De ahí que por esta razón no pueda analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que la emisión del auto de doce de junio de dos mil diecinueve, actualmente rige la situación jurídica del quejoso, no así la resolución de nueve de abril de dos mil diecinueve, por haber cesado sus efectos al ser sustituida procesalmente. Lo anterior es así al apreciar que el objeto por el que fue librado el mandamiento de captura ante la incomparecencia del quejoso, fue para que fuese presentada a escuchar imputación en la audiencia inicial fijada en la causa penal de origen y poder sujetarlo al procedimiento penal respectivo; sin embargo al haberse dictado auto de vinculación a proceso por considerarlo probable responsable de la comisión del hecho que la ley sanciona como delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria e imponerle la medida cautelar ya señalada, en el que ya prescindió de ordenar la presentación vía orden de aprehensión del imputado y sustituyó procesalmente la resolución reclamada, prescindiendo de la misma atento a la naturaleza jurídica y constitucional del sistema penal acusatorio en el cual la libertad es la regla y lo opuesto su excepción, es decir, continuar el proceso con restricción preventiva de la libertad. En mérito de lo anterior, al haber cesado los efectos de la orden de aprehensión reclamada por sustitución procesal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por lo que debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de antes invocada. Sobreseimiento que, se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Fiscal Regional, Director de la Policía de Investigación Criminal y Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones todos de la Zona Oriente, con residencia en Cuautla, Morelos, toda vez que no se reclamaron por vicios propios sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión reclamada. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR RICARDO VÁZQUEZ MALPICA, contra los actos reclamados a los Jueces de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, Fiscal Regional Zona Oriente, Director de la Policía de Investigación Criminal Zona Oriente, Comandante de la Policía de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente, por los motivos expuestos en el segundo y último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de julio de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Paulo Yair García Meza. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el signado por Patricia Soledad Aguirre Galván, Jueza de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sentencias del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual informa lo solicitado en el auto de once de junio de dos mil diecinueve, asimismo remite disco versátil digital (DVD), que contiene la videograbación correspondiente a las audiencias de la causa penal natural JCC/569/2018. En virtud de lo anterior, con el informe de cuenta, las constancias anexas y el disco compacto digital (DVD) dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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