Ricardo Vazquez Larrauri

Expediente 541/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
541/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Vazquez Larrauri

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme al ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. ARCHIVO. Por ende, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del juez Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 541/2018-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, el promovente hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; Artículo 156, en su última parte que refiere literalmente sin que pueda nombrarse nuevo perito, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, publicado en el Anexo del Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el 8 de marzo de 1934. Decretado por la Honorable Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato y mandado imprimir, publicar y circular por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, refrendado por el Ciudadano Secretario General de Gobierno de Guanajuato y/o Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato; y Resolución a recurso de revocación de 30 de mayo de 2018, por el que confirma el auto de 08 del mismo mes y año, ambos emitidos por la Ciudadana titular del Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de este municipio, dentro del expediente civil 573/2016, notificada personalmente a las 17:14 minutos del día 31 de mayo de2018, en la Dirección Electrónica del Sistema Informático del Poder Judicial Local. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en forma contraria, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. En efecto los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Lo anterior es así, toda vez que del contenido integral de la demanda, así como de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresa el quejoso ***, se advierte que reclama la resolución del recurso de revocación pronunciado el treinta de mayo de dos mil dieciocho, por la Juez Cuarto Civil de Partito de esta ciudad, en la cual confirmó el auto de ocho del nombrado mes y año, en la cual el juez responsable, a solicitud del apoderado de la parte demandada en el juicio de origen, dado que el médico ***, perito nombrado por la parte actora, aceptó y protesto el cargo que le fue conferido, sin que hubiese rendido el dictamen que le fuera encomendado, respecto de la pericial en materia de medicina legal, de conformidad con el artículo 294 de la legislación adjetiva civil, declaró precluído el derecho para dicho efecto, haciéndole saber además que conforme al artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles, sería responsable de los perjuicios que se causen a la parte actora, por no haber emitido su dictamen pericial en tiempo; sin que lo anterior, constituya un acto cuya ejecución sea de imposible reparación en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues a criterio del que resuelve únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal. En efecto, el suscrito juzgador federal estima que los actos reclamados no constituyen violaciones que sean de imposible reparación, habida cuenta que la resolución que reclama el quejoso ***, está vinculada con el no desahogo de la prueba pericial en materia de medicina legal a cargo del médico ***, perito ofrecido por parte del aquí quejoso en el juicio ordinario civil número C**/2016 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, de donde deriva el acto reclamado. Lo que constituyen actos procesales que no afectan derechos sustantivos del ahora promovente del amparo, y no le acarrea perjuicio alguno que sea de carácter irreparable, pues, aún cuenta con la posibilidad de obtener su reparación, al obtener resolución favorable a sus intereses, o bien en caso de continuar dicha violación, la puede hacer valer como agravio en el recurso correspondiente que interponga contra esta última determinación. Incluso, de ser el caso, impugnar tal circunstancia como violación procesal vía amparo directo. Por tanto, al no tratarse de actos de imposible reparación, ya que como se dejó explicado, constituyen únicamente violaciones intraprocesales, reclamables, en su caso, a través del amparo, cuando se reclame la resolución definitiva y lo procedente es desechar por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. De igual forma, resulta aplicable la tesis número XII.2o.17 K., publicada en la página 307, Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia común, con número de registro 213050, del contenido siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL ACUERDO QUE DESECHA UN RECURSO DE APELACION CONTRA EL DIVERSO QUE NO ADMITE PRUEBAS, NO ES COMBATIBLE EN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, en relación con los diversos 114, párrafo IV, 158, y 159, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al juicio. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha un recurso de apelación en contra de un proveído que niega admitir pruebas, no debe reclamarse en amparo indirecto pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo en caso de que se dicte una resolución desfavorable. También es aplicable al caso la tesis número: I.7o.P.9 K, publicada en la página 1670 del tomo XXVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2007, materia común, sustentada por los tribunales Colegiados de Circuito, novena época, con el número de registro 170864, del rubro: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EMITIDO EN LA TRAMITACIÓN DE UN INCIDENTE SEGUIDO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia número IV.2°J/13, visible en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el quejoso haya reclamado de la honorable Legislatura Constitucional, Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guanajuato, todos con sede en la ciudad de Guanajuato, la inconstitucionalidad del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, toda vez que el estudio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algún precepto, vía amparo indirecto está sujeto a que sea procedente el ejercicio de la acción de amparo. Lo cual no es el caso, según se expuso en el presente proveído. AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO, QUIENES PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Previa autorización. Es aplicable a lo anterior la tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común, bajo el rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, tomando en consideración que el promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE. Se tiene como autorizados de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tiene registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último, aplicado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: UNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

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