Ricardo Vargas Guillén
Expediente 570/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ricardo Vargas Guillén
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto; del estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de once de junio de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido. (...) Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Vargas Guillen, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 570/2019, y fórmese expediente. Improcedencia de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. En lo que interesa, la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 188/2019, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Ricardo Vargas Guillen, en contra del auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, que tuvo por contestada la demanda instaurada en contra de Jorge Ochoa Jiménez, en su carácter de notario público, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 424/2018-I. Bajo esa óptica, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V , interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, ya que el acto que se reclama constituye una afectación que no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento jurisdiccional que no tiene una ejecución de imposible reparación. De conformidad con la mencionada fracción V del artículo 107, el amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Dichos actos son aquéllos que afectan directamente derechos sustantivos públicos de las partes, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, a saber: a) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquéllos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Pues bien, en el caso en estudio, como ya se estableció la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 188/2019, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Ricardo Vargas Guillen, en contra del auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el cual se tuvo por contestada la demanda instaurada en contra de Jorge Ochoa Jiménez, en su carácter de notario público, en el juicio ordinario civil 424/2018-I, acto reclamado que a criterio de esta juzgadora, no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Se asume así, en virtud de que el quejoso esencialmente se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento, y aun cuando alega violaciones a la legislación procesal civil del Estado de Guerrero, la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en comento, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino en todo caso, como una violación de carácter adjetivo, subsanable en el caso de obtener una sentencia favorable o en su defecto la pueda hacer valer como violación procesal en vía de amparo directo en caso de considerar que trascienda al resultado de un fallo adverso. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Ricardo Vargas Guillen, por notoriamente improcedente. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.54/20111 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 160910, de rubro y texto siguientes: DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII. 2°. T. 43 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo". Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jessica López Mora y Rafael Jiménez González, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a en tanto que Francisco Hernández Bautista, por no tener dicho registro. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma José María Pliego Moreno, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asistido de la secretaria Ivonne García Silva, que da fe.
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