Ricardo Vallín González
Expediente 1768/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Ricardo Vallín González
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que firma el Coordinador de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por el que informa sobre la suspensión de plano dictada el veintiuno de diciembre de este año, agréguese sin mayor proveído, toda vez que no fue señalada como autoridad responsable. -Requerimiento- Por otra parte, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la Clínica de Rehabilitación en Adicciones "Misión Renace" a la fecha no ha informado sobre la suspensión de oficio y de plano que se concedió el veintiuno de diciembre pasado, no obstante haber quedado legalmente notificada por conducto del encargado en turno Alejandro Hernández García, tal como se aprecia del citatorio que corre agregado a fojas catorce y quince de autos, y que en lo conducente se proveyó lo siguiente: "En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si el directo quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención del quejoso haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente". Por lo tanto, con transcripción de este acuerdo, requiérase a la autoridad Clínica de Rehabilitación en Adicciones "Misión Renace" de Aguascalientes, para que de inmediato cumpla con lo ordenado e informe la observancia que se dio al mandato de veintiuno del presente mes y año; apercibida que de no dar cumplimiento, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización... Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Razón- Finalmente, vista la razón levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se aprecia que no le fue posible entregar el oficio 33468 dirigido a la autoridad responsable Clínica de Rehabilitación en Adicciones "Misión Renace" por los motivos que expone; por tanto, se tiene por hecha la notificación a tal autoridad, conforme al numeral 28, fracción I de la Ley de Amparo,...(II)
- Principal
Vista la razón actuarial de veintiuno del mes y año en curso, de la que se advierte que el quejoso Ricardo Vallín González ratificó la demanda de amparo presentada a su favor; en consecuencia, se le tiene promoviendo juicio de amparo, en contra de actos de la Clínica de Rehabilitación en Adicciones "Misión Renace", con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 15, 20, 107, 108, 109, 113, 115, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. -Suspensión- No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión que solicita el quejoso, toda vez que el acto reclamado lo es la incomunicación de que afirma es objeto, así como la detención, siendo precisamente dichos actos respecto de los cuales se concedió la suspensión de plano conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo; resultando innecesario el trámite de la citada incidencia. -Informe Justificado- Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberá exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibida que, en caso de ser omisa a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización... En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las nueve horas con diez minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de... -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General.(II)
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José Alfredo Vallín González, a favor de Ricardo Vallín González, contra actos de la Clínica de Rehabilitación en Adicciones "Misión Renace"; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 1768/2019-II. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Ricardo Vallín González, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física del quejoso; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso o donde sea entrevistado por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. 2. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si el directo quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención del quejoso haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero del año en curso; que arroja el importe de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional). Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. Se acota también que es un hecho notorio para este Tribunal, que la clínica de adicciones antes precisada, fue señalada también en el diverso juicio de amparo 20/2018-I de este índice, donde se levantó razón actuarial sobre la imposibilidad para verificar la reclusión material del quejoso en aquél sumario constitucional, derivado de la actitud asumida por el encargo de la clínica multicitada. Consecuentemente, se reitera a la clínica responsable que de no acatar los efectos de la suspensión decretada, se dará vista a la representación social con la denuncia correspondiente en términos de lo preceptuado en el numeral 237 de la ley de la materia. Por otra parte, toda vez que es obligación de este juzgado dictar las medidas pertinentes a efecto de lograr la localización y comparecencia del agraviado, se comisiona al Actuario Judicial para que se constituya en las instalaciones de la clínica Misión Renace y se cerciore si el directo quejoso se encuentra internado en su lugar, en caso de que la persona que lo atienda se negara a permitirle el acceso, le haga saber que se le dará vista al Ministerio Público y se presentará la denuncia que corresponda, por hechos que pueda constituir el delito de resistencia de particulares, previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal que dice: "Artículo 178. Al que, sin causa legítima, rehusare a prestar un servicio de interés público a que la Ley le obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de quince a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad. (ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999) Al que desobedeciere el mandato de arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, dictados por autoridad judicial competente, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de diez a doscientos días multa." A fin de lograr lo anterior y dada la urgencia que amerita el asunto, por tratarse de actos de incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento, de conformidad con el artículo 237, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes para que, en caso necesario y a petición del fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, comisione a personal de esa dependencia y a su vez acompañen al Actuario al domicilio ubicado en el número 620 de la Calle El Conejal de esta ciudad, para de ser necesario y con la proporcionalidad que el caso lo amerite, irrumpan ese domicilio y resguarden la integridad del Actuario para que éste proceda a recorrer las instalaciones y se cerciore plenamente si está o no ingresado el quejoso en ese lugar. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizado- Se tiene a María Isabel Cervantes Vallín como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Habilitación de días y horas inhábiles - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. - Notificación a quien se señala como responsable- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, al tratarse de la primera notificación al Centro de Rehabilitación señalado como responsable, practíquese de manera personal; sin perjuicio de que las posteriores se realicen mediante oficio, en términos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del mismo numeral.(II)
- Principal
Se notifica por lista a la autoridad responsable Clínica de Rehabilitación en Adicciones "Misión Renace" en términos del proveído de veintiuno de Diciembre del dos mil diecinueve. "...Vista la demanda de amparo promovida...previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Ricardo Vallín González, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: 1. El estado general de la integridad física del quejoso; 2. Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso o donde sea entrevistado por el Actuario; 3. Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular... En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: 1. Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. 2. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si el directo quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención del quejoso haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente... La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización...Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. Se acota también que es un hecho notorio para este Tribunal, que la clínica de adicciones antes precisada, fue señalada también en el diverso juicio de amparo 20/2018-I de este índice, donde se levantó razón actuarial sobre la imposibilidad para verificar la reclusión material del quejoso en aquél sumario constitucional, derivado de la actitud asumida por el encargo de la clínica multicitada. Consecuentemente, se reitera a la clínica responsable que de no acatar los efectos de la suspensión decretada, se dará vista a la representación social con la denuncia correspondiente en términos de lo preceptuado en el numeral 237 de la ley de la materia. Por otra parte, toda vez que es obligación de este juzgado dictar las medidas pertinentes a efecto de lograr la localización y comparecencia del agraviado, se comisiona al Actuario Judicial para que se constituya en las instalaciones de la clínica Misión Renace y se cerciore si el directo quejoso se encuentra internado en su lugar, en caso de que la persona que lo atienda se negara a permitirle el acceso, le haga saber que se le dará vista al Ministerio Público y se presentará la denuncia que corresponda, por hechos que pueda constituir el delito de resistencia de particulares, previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal que dice: "Artículo 178. Al que, sin causa legítima, rehusare a prestar un servicio de interés público a que la Ley le obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de quince a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad. (ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 1999) Al que desobedeciere el mandato de arraigo domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, dictados por autoridad judicial competente, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de diez a doscientos días multa." A fin de lograr lo anterior y dada la urgencia que amerita el asunto, por tratarse de actos de incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento, de conformidad con el artículo 237, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes para que, en caso necesario y a petición del fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, comisione a personal de esa dependencia y a su vez acompañen al Actuario al domicilio ubicado en el número 620 de la Calle El Conejal de esta ciudad, para de ser necesario y con la proporcionalidad que el caso lo amerite, irrumpan ese domicilio y resguarden la integridad del Actuario para que éste proceda a recorrer las instalaciones y se cerciore plenamente si está o no ingresado el quejoso en ese lugar. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizado- Se tiene a María Isabel Cervantes Vallín como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Habilitación de días y horas inhábiles - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. - Notificación a quien se señala como responsable- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, al tratarse de la primera notificación al Centro de Rehabilitación señalado como responsable, practíquese de manera personal; sin perjuicio de que las posteriores se realicen mediante oficio, en términos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción II del mismo numeral.(II)
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