Ricardo Uziel Avila Gonzáles
Expediente 451/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ricardo Uziel Avila Gonzáles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de uno de junio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado Manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable y anexo que acompaña; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, de la lectura de las constancias que la responsable acompaña a su informe, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Bajo esa premisa, este órgano de control constitucional, considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso se actualiza la causal de improcedencia a estudio, en atención a las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del estado de Durango, la dilación en acordar el escrito de demanda presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós. Sin embargo, se tiene que mediante el oficio 418/2022 la responsable remitió copia certificada del acuerdo emitido el treinta de mayo de dos mil veintidós, dictados en el juicio laboral 57/2022, en el cual acordó la promoción presentada por el aquí quejoso y, previo a la admisión de la demanda requirió al promovente, para que dentro del término de tres días hábiles presente las constancias de conciliación respecto de las diversas demandadas, o bien aclare si dichas instituciones demandadas actúan como terceras ajenas al juicio laboral. Constancias con valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En esas condiciones, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez ya se dictó el proveído correspondiente a la admisión o prevención del escrito de demanda promovida por el aquí quejoso, no dejándose huella en la esfera jurídica de la impetrante que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE PROMOVENTE ACUERDO DE FECHA UNO DE JUNIO DEL AÑO 2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable y anexo que acompaña; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, de la lectura de las constancias que la responsable acompaña a su informe, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Bajo esa premisa, este órgano de control constitucional, considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En el caso se actualiza la causal de improcedencia a estudio, en atención a las siguientes consideraciones. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del estado de Durango, la dilación en acordar el escrito de demanda presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós. Sin embargo, se tiene que mediante el oficio 418/2022 la responsable remitió copia certificada del acuerdo emitido el treinta de mayo de dos mil veintidós, dictados en el juicio laboral 57/2022, en el cual acordó la promoción presentada por el aquí quejoso y, previo a la admisión de la demanda requirió al promovente, para que dentro del término de tres días hábiles presente las constancias de conciliación respecto de las diversas demandadas, o bien aclare si dichas instituciones demandadas actúan como terceras ajenas al juicio laboral. Constancias con valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En esas condiciones, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez ya se dictó el proveído correspondiente a la admisión o prevención del escrito de demanda promovida por el aquí quejoso, no dejándose huella en la esfera jurídica de la impetrante que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38, IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede sobreseer en el presente juicio. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para que obre en autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez del Tribunal Laboral Burocrático del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con el que da cumplimiento al requerimiento de veintisiete de abril del año en curso. En mérito de lo anterior y toda vez que ya no se hace necesario que la parte quejosa de cumplimiento al requerimiento de veinte de abril del año en curso, en virtud de que el mismos quedó satisfecho con las constancias que remitió el Juez del Tribunal Laboral Burocrático del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 2º., 33, fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se admite la demanda de amparo promovida por ****, a través de su apoderado legal, ****, lo que se acredita con la copia certificada del poder que se agrega en copia certificada, contra actos del Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango. Regístrese el juicio en el libro de gobierno. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación que rendirá dentro del término de quince días, se señalan las nueve horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Requiérase a la autoridad responsable, para que al rendir su informe con justificación, remita a este Juzgado copia certificada legible de las constancias de donde deriva el acto reclamado, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado al correo oficial de este órgano jurisdiccional, 2jdo25cto@correo.cjf.gob.mx; con la finalidad de resguardar la integridad del personal que interviene en la entrega y recepción de documentos, en el entendido que podrá rendirlo en la vía que determine y/o suela hacerlo. Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ****, Zona centro de esta ciudad. Sin que sea necesario autorizar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ****, toda vez que como se advierte de los párrafos que anteceden, se tiene reconocida su calidad de apoderado legal de la parte quejosa. Resérvese emplazar al tercero interesado una vez que se reciban las constancias de las que deriva el acto reclamado. De conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del seis de mayo de dos mil veinte, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Dese al Ministerio Público de la Federación la intervención que le concede la Ley y, toda vez que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de varios que se lleva en este órgano jurisdiccional, se acordó el oficio 05/2021, presentado por la licenciada ***en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que se autorizó la consulta de los expedientes electrónicos en trámite, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como la notificación vía electrónica. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "****". Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "verde" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. En otro aspecto, se requiere a las partes para que en caso de contar con firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL); continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3o de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con las denominaciones que se indican, no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia, se le dará vista para que aclare su denominación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, al dictar resolución, se considerará que no existen; salvo que el inconforme señale correctamente a las autoridades. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no le serán notificados por oficio, sino por lista, la cual puede consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), con número de registro 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Finalmente, comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituye información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 8 y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese.
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