Ricardo Uriel Cantu Olivares
Expediente 1093/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo Uriel Cantu Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veinte, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
(04/AGO/2020) (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE 10/MZO/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1093/2019-III, promovido por RICARDO URIEL CANTÚ OLIVARES, por su propio derecho, contra actos del Director General del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el treinta siguiente a este juzgado, Ricardo Uriel Cantú Olivares, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se indican: III. Autoridad o autoridades responsables: Señalo como autoridades responsables las siguientes: ..3. Director General del Consejo de Honor y Justicia y 4. Integrantes del Consejo de Honor y Justicia, todos de la Secretaría de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Por el juicio de control constitucional que ahora se inicia, se reclama: ? Del Director General del Consejo de Honor y Justicia y los Integrante del Consejo de Honor y Justicia, se reclama el acuerdo de radicación de fecha once de junio de dos mil diecinueve, por medio del cual se me instrumenta el procedimiento administrativo a manera de juicio, en el expediente número CCC/0514/19-06, señalado en la cédula de notificación, que se anexa en versión original al presente escrito. [.] La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dada la naturaleza de los actos reclamados, no se designó tercero interesado. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 20 a 22), previo desahogo de una prevención, se admitió la demanda de amparo respecto a determinado acto reclamado, registrada con el expediente 1093/2019-III; precisándose que ciertos actos combatidos, se constituían en violaciones procesales, motivo por el cual no se tuvieron como tales ni autoridades responsables a quien se les atribuyeron; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 103 y 104), en atención al informe justificado rendido por Apoderado General para la Defensa Jurídica en representación del Director General y los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia, todos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 108 y 111, de la Ley de Amparo, se requirió al quejoso, para que dentro del plazo de quince días, manifestara por escrito y bajo protesta de decir verdad, si a su interés legal convenía ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el acta del doce de junio de dos mil diecinueve, relativa a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Honor y Justicia y como autoridad responsable a los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, apercibida que de no desahogar lo requerido, únicamente se tendría como acto reclamado y autoridades responsables los señalados de manera destacada en su demanda. CUARTO. Por ocurso presentado en la oficina receptora el dos de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 157 a 160), la quejosa amplió la demanda, en que señaló como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: III. Autoridad responsable. Se señala como autoridad responsable la siguiente: Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes debieron aprobar en Pleno, el acuerdo de Radicación del expediente administrativo número CCC/0514/19-06. IV. Acto reclamado. Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día doce de junio de dos mil diecinueve, celebrada por los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde aprobó en Pleno el Acuerdo de Radicación del expediente número CCC/0514/19-06, acuerdo que se aprobó un día después de haberlo firmado por el Director General del Consejo de Honor y Justicia. QUINTO. En proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 161 a 163), se admitió la ampliación a la demanda; se hizo del conocimiento al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró en términos del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución y; C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 6, 35, 37, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia que residen en la jurisdicción que corresponde a este juzgador. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, cuyo rubro es el siguiente. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 900169, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo I, página: 207) La jurisprudencia transcrita señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, del contenido integral que al efecto se realiza de la demanda y su ampliación se colige que los actos reclamados consisten en: ? El acuerdo de radicación de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo CCC/0514/19-06 (atribuido al Director General e Integrantes, ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México). ? El acta del doce de junio de dos mil diecinueve, relativa a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria (atribuido a los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México). TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Director General e Integrantes, ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, consistentes, en el acuerdo de radicación de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente administrativo CCC/0514/19-06 y el acta del doce de junio de dos mil diecinueve, relativa a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, pues de la lectura de los informes justificados rendidos por dichas autoridades (fojas 27 vuelta y 168 vuelta), se advierte que reconocieron la existencia de los actos reclamados CUARTO. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En principio, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dice lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 814, aplicada por analogía, de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. (Registro: 394770, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página: 553). En el caso, las autoridades responsables aseveran que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud que el quejoso no agotó el principio de definitividad previamente a promover el juicio de amparo, en contra de los actos reclamados, al no promover el juicio contencioso administrativo. Los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la concatenación de los anteriores normativos, se obtiene que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto de autoridad que estime violenta su esfera de derechos. Por tanto, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución General de la República, se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. De manera que dicha fracción, señala como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Establece, además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación. Así el primero de los requisitos se acredita, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a la autoridad Director General e Integrantes, ambos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Igualmente, se acredita el segundo requisito, toda vez que los actos reclamados, consistentes en la emisión del acuerdo de radicación de once de junio de dos mil diecinueve, en el que se decretó el inicio del procedimiento administrativo disciplinario de separación número CCC/0514/19-06, en contra del quejoso y el acta del doce de junio de dos mil diecinueve, relativa a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, los cuales son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados mediante el juicio de nulidad previsto en el artículo 3, fracción I de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que establece: Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; [.] Por otro lado, se impone destacar que el artículo 13, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, textualmente establece lo siguiente: Artículo 13. La Administración Pública de la Ciudad de México será: I. Centralizada: a) La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Oficialía Mayor, y b) Los Órganos Desconcentrados. II. Paraestatal: Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. La Administración Pública de la Ciudad de México contará con órganos políticoadministrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías, cuya integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. [.] Del análisis sistemático de dichos preceptos se advierte que el juicio de nulidad procede contra actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; además, del segundo de dichos preceptos, se advierte que la Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México constituyen dependencias que integran la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior hace patente que los actos aquí reclamados, constituyen actos administrativos emitidos por una autoridad dependiente de la Administración Pública de la Ciudad de México, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que le causan un agravio al aquí quejoso. De igual manera, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México publicada el uno de septiembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en vigor a partir del cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 2a./J. 125/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 496, Libro II, noviembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 160,630, de rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL." Máxime que en términos del artículo 61 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México el término para resolver la suspensión del acto impugnado, será dentro del plazo de veinticuatro horas, término similar al estipulado por la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en relación con la Ley de Amparo vigente, prevé los mismos alcances para la suspensión; además de la suspensión prevista en citado artículo, existe la posibilidad en términos del numeral 73 de la citada ley de que, tratándose de la única actividad del promovente o que se impida el acceso a su domicilio, basta así indicarlo, para que proceda la suspensión, lo que se reitera, no ocurre en la Ley de Amparo, que prevé como requisitos para otorgarla la acreditación del interés suspensional; posteriormente el análisis de orden público y el interés social, de modo tal que los alcances de la suspensión en el juicio contencioso administrativo son mayores a los de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior por el criterio que informa y por analogía, la jurisprudencia número PC.I.A. J/112 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Libro 46, septiembre de 2017, página 1476, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DEL ACTO RECLAMADO. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA LEY DE AMPARO PREVÉN, RESPECTIVAMENTE, LOS MISMOS ALCANCES AL CONCEDERLA, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD.". Además, la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa del juicio de amparo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, lo que no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la medida cautelar, además los alcances de los efectos restitutorios se prolongan mientras se dicta sentencia ejecutoria. Se insiste, los efectos de los actos impugnados en la vía contenciosa se suspenden con los mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para la suspensión definitiva, respecto a las etapas del juicio en las cuales puede solicitarse y en relación con el alcance de la duración de los efectos restitutorios. Por tanto, es necesario agotar el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes de promover el amparo. Conviene señalar que no resulta inadvertido que las jurisprudencias antes analizadas se emitieron a la luz de lo regulado en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal, sin embargo, en esencia, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México vigente, prevé los mismos alcances que la primera normatividad en mención, pues en su texto resulta similar, de ahí que resulte aplicable en lo conducente los citados criterios, en los que se determinó que los actos impugnados en la vía contenciosa administrativa se suspenden con los mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para la suspensión definitiva, respecto a las etapas del juicio en las cuales puede solicitarse y en relación con el alcance de la duración de los efectos restitutorios. Asimismo, no se inadvierte la aplicación del requisito de procedibilidad que alude el artículo 73, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, consistente en la razonabilidad, lo anterior es así ya que el artículo 128, de la Ley de Amparo, establece el estudio razonable, fundado y motivado para emitir la suspensión del acto reclamado, y al momento de que la suscrita, de ser el caso, se pronuncie respecto a la suspensión provisional atendería a dichos requisitos, esto es, la Ley de Amparo y la jurisprudencia en lo relativo a la suspensión definitiva han establecido el estudio que se debe realizar, y análisis de los requisitos para el otorgamiento de la suspensión. De ahí que si bien la Ley de Amparo en el capítulo de la suspensión no incluyó la palabra o requisito de "razonabilidad", lo anterior, no debe entenderse como que no exista una obligación tacita o implícita de los juzgadores de emitir sus determinaciones de forma razonada, fundada y motivada, esto es, al emitirse las resoluciones se debe entender al principio de razonabilidad jurídica. Sustenta lo anterior la tesis 1a. CXLV/2015 (10a.), visible en la página 391, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y contenido siguiente: ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESTÁN FACULTADOS PARA REALIZAR UN ESCRUTINIO DE RAZONABILIDAD A LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA CUANDO EN ELLA SE IMPONGAN REQUISITOS DISTINTOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES QUE PROTEJAN BIENES JURÍDICOS SIMILARES. Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece expresamente parámetros para realizar un análisis ordinario o estricto de la actividad legislativa, también lo es que reconoce que el ejercicio de los derechos humanos sólo podrá restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca; asimismo, señala que los derechos deben interpretarse de forma que favorezca la protección más amplia de la persona e impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos; de ahí que las normas constitucionales busquen que las autoridades, por regla general, permitan el goce y disfrute de los derechos y, de forma excepcional, impongan alguna restricción. De la misma forma, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la restricción a éstos debe aplicarse conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Consecuentemente, el hecho de que el artículo 17 constitucional permita al legislador regular los plazos y términos en los que debe garantizarse el acceso a la justicia, no implica que pueda establecer libremente requisitos que inhiban el ejercicio del derecho o alteren su núcleo esencial, por lo que los órganos jurisdiccionales están facultados para realizar un escrutinio de razonabilidad cuando el legislador imponga requisitos distintos para el ejercicio de acciones que protejan bienes jurídicos similares. Sin que en el caso se actualice excepción al principio de definitividad en materia administrativa por las razones que se exponen a continuación: En primer término, se impone señalar que tal y como se advierte de la copia certificada recabada por este Juzgador (fojas 57 a 151) los actos reclamados no carecen de fundamentación, pues tanto el acuerdo de radicación (fojas 78 a 80) y el acta de sesión ordinaria (fojas 33 a 37), se encuentra fundamentados en diversas normas generales, entre ellas, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México). En consecuencia, está acreditado que el quejoso conoce los fundamentos de las responsables para emitir los actos reclamados, lo que revela que el perjuicio que hace valer el aquí quejoso estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación, respecto de lo cual es aplicable, únicamente por el criterio que informa, la jurisprudencia IV.2o.C. J/12, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXIII, febrero de 2011, Novena Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA." Por otra parte, es necesario destacar que el quejoso no es tercero extraño al procedimiento de origen toda vez que de las constancias de autos se advierte que, precisamente, el acuerdo reclamado, constituye el primer auto dentro del procedimiento administrativo de separación número CCC/0514/19-06, en el cual, se le cita para que comparezca al procedimiento y se le otorga el derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, de ahí que se encuentre enterado de tal procedimiento y, por lo tanto, se insiste, no resulta tercero extraño a él, lo que implícitamente conlleva considerar que está enterado del sentido de dicha acta de sesión ordinaria. De igual forma, es preciso destacar que el quejoso tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso no se aducen sólo violaciones a preceptos constitucionales, sino que de sus conceptos de violación se advierte que alega la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado; y la vulneración al debido proceso, es decir, la parte quejosa controvierte la legalidad de dichos actos, especialmente por estimar que no se emitió el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal que tenía para hacerlo ni que fue dictado por autoridad competente para ello, como tampoco que se cumplieron con la formalidades necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." La parte quejosa, tampoco reclama la inconstitucionalidad de alguna ley ni se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número P./J. 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 8, Junio de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Tampoco es obstáculo para resolver lo anterior, que los actos reclamados pudieran tener como consecuencia la separación en el cargo del aquí quejoso, sin posibilidad de reinstalarlo, pues si bien es cierto que ello, genera que el acuerdo de inicio de procedimiento, se trate de un acto de imposible reparación, ello NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD que rige el juicio de amparo, debido a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado y, al respecto, valoró que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, los quejosos tienen el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, con el fin de generar su modificación, revocación o nulidad, de modo tal que la observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Las consideraciones anteriores, tienen sustento en la jurisprudencia número 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, que dispone lo siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. También sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número PC.II.A. J/14 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Publicación, el viernes 04 de octubre de 2019, con el número de registro 2020726, del rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O RESOLUCIONES DEFINITIVAS), NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ INVOLUCRADO UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. De las tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) y 2a./J. 18/2015 (10a.), de la Primera y de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." e "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", deriva que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de estos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, la regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, se concluye que la irreparabilidad, como característica de los actos reclamados (intraprocedimentales o resoluciones definitivas), no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, aun cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que la circunstancia de que el quejoso se encuentre sujeto al régimen especial establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.", ya que ésta alude a la causal de improcedencia del juicio constitucional, apoyada en la aplicación, a contrario sensu, del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que contra los actos u omisiones acaecidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, deviene improcedente la acción de amparo; por tanto, dicha causal de improcedencia es distinta a la prevista en el numeral 61, fracción XX, de la ley citada, pues no es lo mismo promover el juicio constitucional contra los actos u omisiones dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, a tener que agotar los medios ordinarios de defensa contra los actos reclamados en el juicio de amparo. De las citadas jurisprudencias, se advierte que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, por lo cual, todo órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En otras palabras, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo, máxime que ante la posibilidad de suspender los actos reclamados a través del medio ordinario de defensa a través del juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo, el auto de inicio de procedimiento, encuentra reparabilidad por ese medio. Corolario de lo anterior, se concluye que si los actos reclamados en este juicio, deben ser combatidos mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en términos de su Ley Orgánica y, tal disposición no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados, es de concluirse que el aquí quejoso, previamente a instar el juicio constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis número I.1o.A.69 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2100, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, del rubro: PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. En tales condiciones, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio por lo que hace a los actos reclamados precisados, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto al contenido de los alegatos propuestos por el quejoso, no es el caso de hacer mayor pronunciamiento, en razón que atento a su naturaleza constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas, sin que sean materia de este juicio de amparo analizarlas. En apoyo a lo anterior, en lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia P./J.27/94, de rubro siguiente: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. (Época: Octava Época. Registro: 205449. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 80, agosto de 1994. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 27/94. Página: 14). En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77 y 225 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en la parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy diez de marzo de dos mil veinte, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe. """""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(10/MZO/2020) (SENTENCIA).- SE DICTÓ SENTENCIA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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(10/MZO/2020) (SENTENCIA).- SE DICTÓ SENTENCIA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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