Ricardo Uribe Piña

Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
63/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Uribe Piña

Actuaciones

  1. Principal

    El catorce de mayo de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario de Juzgado certifica: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    CERTIFICACION. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, el Secretario Certifica: Que se realizó la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el que se advierte que ante este Juzgado de Distrito, se encuentra registrado el juicio de amparo 34/2021, del que se obtienen los siguientes datos: El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado, la demanda de amparo promovida por Ricardo Uribe Piña. Se señaló como acto reclamado el sobreseimiento del recurso de inconformidad dictado mediante número de oficio PMZ 333/2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Las autoridades señaladas como responsables son: 1) Secretario de Servicios Públicos Municipales de la Capital; 2) Presidente del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas. Asimismo, se advierte que mediante proveído de veinte de enero de dos mil veinte, se tuvo por presentada la demanda de amparo promovida por Ricardo Uribe Piña y con fundamento en lo previsto en los artículos 110 y 114, fracciones I, IV y V en relación con el diverso 109, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, se le previno para que cumpliera lo siguiente: 1. Exhibiera en forma legible su demanda de amparo. 2. Bajo protesta de decir verdad, señalara la fecha en que fue notificado, tuvo conocimiento o bien, se ostentó sabedor del acto reclamado consistente en el sobreseimiento del recurso de inconformidad, marcado con el número PMZ333/2020. 3. Manifestara la denominación correcta y completa de la autoridad o autoridades a las que le atribuye el acto reclamado que refiere como amenazas; y bajo protesta de decir verdad la fecha en la que tuvo conocimiento de dicho acto. 4. Exhibiera ocho copias legibles de su demanda de derechos (pues las tres copias que acompañó no son íntegramente legibles), para cada una de las partes, a saber: dos para las autoridades señaladas como responsables; tres más, para emplazar a los terceros interesados señalados en la demanda, dos más para aperturar el incidente de suspensión y una última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Y de igual forma, exhibiera ocho copias legibles del escrito aclaratorio de demanda para correr traslado a cada una de las partes, antes señaladas. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Por otro lado, en esta misma fecha, el secretario, da cuenta con la demanda de amparo promovida por Ricardo Uribe Piña registrada con el folio 907. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ricardo Uribe Piña, contra actos del Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 63/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". De esta manera, es de indicarse, que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Ricardo Uribe Piña, señaló como acto reclamado el sobreseimiento del recurso de inconformidad dictado mediante número de oficio PMZ 333/2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, señaló como autoridades responsables al Secretario de Servicios Públicos Municipales de la Capital y Presidente del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas. Empero, de la certificación que antecede se advierte que dicho quejoso ya había promovido diversa demanda de amparo, sustancialmente en los mismos términos en contra de las autoridades citadas y por el mismo acto combatido, por tanto, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]". De lo anterior se advierte que la fracción transcrita prevé la improcedencia del juicio constitucional cuando los actos reclamados sean materia de un juicio de amparo anterior, esto es, cuando sobre lo planteado en la demanda de amparo existe una instancia constitucional en trámite. En otras palabras, la hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan, en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. De esta manera, para la actualización de dicha causa de improcedencia, en lo que interesa, es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, aunado a lo anterior, que se haya admitido a trámite la demanda promovida en primer término. Así lo sostuvo el la tesis de jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos procedimientos de amparo de manera simultánea, lo que responde a un principio de seguridad jurídica con el objeto de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Cabe señalar que no será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Así se desprende, en lo conducente, de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Ahora bien, como se dijo, de la certificación que antecede se advierte que ante este propio juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 34/2021, promovido por dicho quejoso, en el que se duele del sobreseimiento del recurso de inconformidad dictado mediante número de oficio PMZ 333/2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, lo cual, constituye un hecho notorio para el juzgador. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia VI.1o.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." (Lo resaltado es propio). Efectivamente, de las constancias que integran el expediente electrónico número 34/2021, se advierte lo siguiente: Que dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado, la demanda de amparo promovida por Ricardo Uribe Piña, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. En dicho juicio constitucional, la parte promovente señaló como acto reclamado el sobreseimiento del recurso de inconformidad dictado mediante número de oficio PMZ 333/2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y como autoridades responsables al Secretario de Servicios Públicos Municipales de la Capital y Presidente del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas. En esa virtud, por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida con el número 34/2021, se formó el expediente y con fundamento en lo previsto en los artículos 110 y 114, fracciones I, IV y V en relación con el diverso 109, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, se le previno para que cumpliera lo siguiente: a). Exhibiera en forma legible su demanda de amparo. b). Bajo protesta de decir verdad, señalara la fecha en que fue notificado, tuvo conocimiento o bien, se ostentó sabedor del acto reclamado consistente en el sobreseimiento del recurso de inconformidad, marcado con el número PMZ333/2020. c). Manifestara la denominación correcta y completa de la autoridad o autoridades a las que le atribuye el acto reclamado que refiere como amenazas; y bajo protesta de decir verdad la fecha en la que tuvo conocimiento de dicho acto. d). Exhibiera ocho copias legibles de su demanda de derechos (pues las tres copias que acompañó no son íntegramente legibles), para cada una de las partes, a saber: dos para las autoridades señaladas como responsables; tres más, para emplazar a los terceros interesados señalados en la demanda, dos más para aperturar el incidente de suspensión y una última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Y de igual forma, exhibiera ocho copias legibles del escrito aclaratorio de demanda para correr traslado a cada una de las partes, antes señaladas. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que el solicitante del amparo señala, el mismo acto reclamado en el juicio de amparo número 63/2021 y en el diverso 34/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Cierto, en el juicio de amparo 34/2021, el quejoso señaló como acto reclamado el sobreseimiento del recurso de inconformidad dictado mediante número de oficio PMZ 333/2020 de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y como autoridades responsables al Secretario de Servicios Públicos Municipales de la Capital y Presidente del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas; mientras que en el presente juicio de amparo reclama el mismo acto y señala las mismas autoridades responsables. En tal virtud, resulta evidente que el acto reclamado en el presente juicio no pueden ser objeto de análisis constitucional, puesto que el juicio de amparo 34/2021, en donde reclama el mismo acto a las mismas autoridades, se encuentra en trámite, por haberse prevenido acorde a lo previsto en los artículos 110 y 114, fracciones I, IV y V en relación con el diverso 109, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Uribe Piña. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír notificaciones el que se señala en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. REMISIÓN DE COPIA CERTIFICADA. En otro aspecto, remítase copia certificada de la demanda de amparo con folio 907, al diverso juicio de amparo 34/2021, a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda. Notifíquese personalmente.

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