Ricardo Tostado Lizárraga y Otros.
Expediente 253/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ricardo Tostado Lizárraga y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de diecinueve de abril del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. I. Radicación. Ténganse por recibida la demanda de amparo y anexos presentada por la Comunicad de San Miguel del Carrizal, municipio de Concordia, Sinaloa, por conducto de Ricardo Tostado Lizárraga, Pablo Rodríguez Flores y María Luisa Ontiveros Osuna, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, del citado Comisariado de Bienes Comunales; contra los actos que reclaman de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito treinta y Nueve, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 253/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Es menester precisar que los actos materia de reclamo en esta sede constitucional, consisten en síntesis en: a) De la autoridad responsable ordenadora el auto o acuerdo de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio Agrario de expediente TUA39-612/2014, dentro cual se niega prórroga para la emisión de dictamen pericial en biodiversidad. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Conforme a los numerales citados, relacionados a su vez con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se debe desechar la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Novena Época Registro: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Página: 1931 DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). De escrito de cuenta, se advierte que la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que fueron notificada del acto reclamado el doce de marzo de dos mil dieciocho, del auto de seis de ese mes y año, dictado en el juicio agrario TUA39-612/2014, donde la autoridad responsable consideró improcedente la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el perito de su parte, biólogo René Sauceda López. Por lo que, tomándose en cuenta la data que bajo protesta de decir verdad, menciona que tuvo conocimiento (doce de marzo de dos mil dieciocho), debe tomarse ésta como base para realizar el cómputo para la presentación de la demanda respecto de los actos reclamados. Esto es, si la parte promovente manifiesta tener conocimiento de los actos reclamados desde el doce de marzo de dos mil dieciocho, es evidente que el plazo de quince días con que contaban para la oportuna presentación de su demanda de amparo, transcurrió en demasía, esto es, inició el catorce de marzo del año en curso y feneció el día diez de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veintiuno, veinticuatro veinticinco, treinta y uno de marzo; uno, siete y ocho de abril del año que transcurre, por ser inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, así como el diecinueve de marzo, inhábil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al igual que del veintiocho al treinta, del citado mes y año, inhábiles por disposición del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, como la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, de lo que se colige de forma diáfana que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que su presentación es extemporánea y deben tenerse como tácitamente consentidos los actos que ahora pretenden reclamar, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la siguiente tesis: Séptima Época Registro: 240475 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 13 AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. IV. Domicilio procesal y autorizado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guadalupe González Bush, toda vez que como se desprende de la certificación de cuenta tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que, únicamente para oír y recibir notificaciones a Ramón Felipe Rojo Navarro; toda vez que no acredita tener cédula registrada en el sistema de referencia. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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