Ricardo Torres Villeda

Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
911/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Ricardo Torres Villeda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente juicio de garantías ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de SEIS MESES. Aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto que el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha sido omiso en desahogar el requerimiento formulado en auto de cuatro y veinticuatro de agosto de dos mil veinte, a fin de evitar mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad por última ocasión, al Subdelegado de Prestaciones y al Titular de la Delegación Regional en la Zona Sur de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de manera previa a hacer efectivo el apercibimiento que se formula, para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente al que se haga la notificación del presente auto, remitan los oficios registrados en el Libro de Correspondencia de este Juzgado, con los números 6433, 7219 y 7220, con firma autógrafa, electrónica (Firel), firma electrónica (e.firma), o con las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, así como original o copia certificada de las constancias con las cuales aduce dar cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, de los oficios ****, ******, del acta administrativa de comparecencia de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del acuse de recibo de veinticinco de marzo de dos mil veinte, con los cuales adujo el cumplimiento de la sentencia de amparo. Con el mismo fundamento requiérase al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable en cita, dentro del plazo de CINCO DÍAS, acredite haber girado la orden respectiva a tal autoridad conminándole a cumplir la ejecutoria de amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida como superior jerárquico, que debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para conseguirlo, haciéndolo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, ya que de no proceder así, incurre en responsabilidad en los mismos términos que la autoridad requerida. Se apercibe, a las autoridades requeridas, que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, no manifiesten el impedimento legal que tengan para ello, se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, además, se ordenará tramitar incidente de inejecución de sentencia y remitir los autos del presente juicio a la Superioridad a fin de que resuelvan respecto del desacato al fallo protector y se analice la posible destitución del funcionario contumaz. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.-

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Juez Décimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, por el cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, en razón de que no decretó orden de arresto alguna en contra del quejoso; asimismo, remite diversas constancias relativas a diversos procedimientos donde figura como parte el quejoso, los cuales se encuentran radicados en el Juzgado Decimosegundo de lo Civil de la Ciudad de México. Al respecto se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la parte quejosa ratifique la demanda de amparo presentada en su nombre, o bien, fenezca el término concedido para ello, mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente de la Ciudad de México, por el que exhibe constancias con las que aduce el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso con el ********************de cuenta y sus anexos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución correspondiente, con base en las documentales que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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