Ricardo Torres Elizondo
Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo Torres Elizondo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual, comunica el auto de trece de mayo de dos mil veintidós, e informa que no insiste en declinar la competencia y se avoca el conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley federal en consulta, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1033/2020, promovido por Proyectos y soluciones CODEX, sociedad anónima de capital variable, en contra del acto reclamado al Encargado de la Oficina para Cobros de la Subdelegación "1" Magdalena Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintidós de octubre de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Proyectos y soluciones CODEX, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada Iliana Cristina Colorado Tori, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se señalan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLES. a) Autoridad Ordenadora: 1. C. Encargado de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. C. Titular de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. b) Autoridad Ejecutora: 3. El C. Ejecutor PEDRO MORALES ALBA, adscrito a la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas, de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. C. Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 5. La Institución Bancaria BANORTE, S.A. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. De las autoridades señaladas como ordenadoras: C. Encargado de la Oficina para Oficina para Cobros de la Subdelegación "1" Magdalena Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social: a) El ilegal embargo de depósitos bancarios de las cuentas bancarias que se realicen en cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano a nivel nacional, así como todos los valores de los que sea titular mi mandante hasta por la cantidad de $278,927.89, más los accesorios que se sigan generando hasta la fecha de pago de los créditos adeudados por el patrón; y en el caso en concreto las cuentas números 1055935251 y 1054859752 aperturadas a nombre de mi mandante en BANORTE, S.A., las cuales fueron inmovilizadas y bloqueadas por las autoridades Ejecutoras Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la referida Institución Bancaria. b) La ilegal emisión del Mandamiento de Ejecución del 28 de septiembre del 2020 y su ejecución a través del Requerimiento de Pago y Embargo del 30 de septiembre del año en curso, el cual se llevó a cabo sin respetar las formalidades y términos administrativos para su ejecución: conculcando con ello el contenido de los artículos 16 y 22 de la Constitución; así como el 134, 137, 145, 155, 156 y 156-Bis del Código Fiscal de la Federación. c) Las consecuencias legales y económicas que deriven de la inmovilización, bloqueo y/o embargo de depósitos bancarios, consistentes en alguna disposición o retención por parte de la autoridad hasta por la cantidad que señaló la autoridad, que se encuentren en las cuentas bancarias de mi mandante." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 5, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Prevención. Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el expediente 1033/2020, y entre otros puntos, se previno a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación respectiva, manifestara, bajo protesta de decir verdad, (i) si intentó realizar alguna operación bancaria anterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues el embargo materia del juicio, lo hizo derivar únicamente del acta de embargo y no de la imposibilidad material de operar la cuenta bancaria; (ii) si le informaron que las cuentas bancarias que señaló en su escrito inicial de demanda fueron congeladas o inmovilizadas con motivo de un crédito fiscal; (iii) de ser el caso, informara la fecha en que realizó dicho movimiento y exhibiera el documento que lo acreditara; y, (iv) exhibiera copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes (fojas 77 a 80). Al efecto, por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa desahogó en los siguientes términos (fojas 91 a 93): "(.) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, le informo que sí se intentó realizar movimientos bancarios respecto a la cuenta 1054859752 con fecha 16 de octubre de 2020 se rechazaron operaciones; asimismo, de la cuenta 1055935251, con la misma fecha no se pudo ejecutar una operación ya que la cuenta estaba bloqueada. Lo anterior se acredita con la impresión de los estados de las citadas cuentas bancarias de fecha de consulta 19 de noviembre del año en curso, de donde se desprende que las operaciones se realizaron el 16 de octubre del 2020, las cuales en la primera de ellas fueron rechazadas y en la segunda no se pudo ejecutar por el bloqueo de la misma, documentos que se acompañan al presente desahogo. (.) i) Si intentó realizar movimientos en su cuenta bancaria. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se reitera que sí se intentó realizar movimientos bancarios respecto a la cuenta 1054859752 con fecha 16 de octubre del 2020 se rechazaron 3 operaciones; asimismo, de la cuenta 1055935251, con la misma fecha no se pudo ejecutar una operación ya que la cuenta estaba bloqueada. Lo anterior se acredita con la impresión de los estados de las citadas cuentas bancarias de fecha de consulta 19 de noviembre del año en curso, de donde se desprende que las operaciones se realizaron el 16 de octubre del 2020, las cuales en la primera de ellas fueron rechazadas y en la segunda no se pudo ejecutar por el bloqueo de la misma, documentos que se acompañan al presente desahogo. ii) Si le informaron que dichas cuentas están congeladas o inmovilizadas con motivo de un crédito fiscal BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, le informo que una vez que se tuvo conocimiento de que las operaciones bancarias realizadas no habían sido permitidas, el día 16 de octubre del 2020 se entabló comunicación con la institución Bancaria, cuyo personal que nos atendió de manera verbal informó que el bloqueo de las cuentas derivó de un requerimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin dar más información al respecto. iii) Informe la fecha en que realizó dicho movimiento y exhiba el documento que así lo acredite. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, le informo que los movimientos fueron realizados el día 16 de octubre del 2020, como se acredita con la impresión de los estados de las citadas cuentas bancarias de fecha de consulta 19 de noviembre del año en curso, de donde se desprende que las operaciones se realizaron el 16 de octubre del presente año, las cuales en la primera de ellas fueron rechazadas y en la segunda no se pudo ejecutar por el bloqueo de la misma, documentos que se acompañan al presente desahogo. (.)." CUARTO. Admisión de demanda. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, entre otros puntos, se admitió a trámite la demanda propuesta, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que compete al Fiscal ejecutivo titular adscrito a este Juzgado; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación en el Primer Circuito. En atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad México, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En ese sentido, toda vez que el presente juicio encuadró en las hipótesis previstas en la fracción I del citado precepto, es decir, el asunto fue calificado como caso "urgente", se continuó en su trámite. SEXTO. Vista para ampliar. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, derivado del informe rendido por el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días contados a partir de la notificación respectiva, manifestara su deseo en ampliar la demanda de amparo, en relación con los siguientes actos (fojas 296 a 298): Oficio SIARA IMSSCC3911/2020/001495, de trece de octubre dos mil veinte. Oficio SIARA IMSSCC3911/2020/001928, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Oficio SIARA IMSSCC3911/2020/001921, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Mandamiento de ejecución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, requerimiento de pago y acta de embargo de veinticinco de agosto de dos mil vente, efectuados por la Ejecutora adscrita a la Oficina para Cobros de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mandamiento de ejecución de siete de octubre de dos mil veinte y requerimiento de pago y acta de embargo de quince de octubre de dos mil veinte, llevados a cabo por el Ejecutor adscrito a la Oficina para Cobros de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mandamiento de ejecución de cinco de noviembre de dos mil veinte y requerimiento de pago y acta de embargo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, llevados a cabo por el Ejecutor adscrito a la Oficina para Cobros de la Subdelegación 1 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social. Determinación que fue notificada a la parte quejosa por lista de acuerdos, previo citatorio, el seis de abril de dos mil veintiuno (fojas 306 a 308). Al efecto por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa pretendió desahogar el requerimiento antes citado (fojas 309 a 313); sin embargo, por acuerdo de veinticinco de abril siguiente, este Juzgado de Distrito le previno para que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación respectiva, exhibiera tres copias de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del diverso de ampliación a fin de correr traslado a las partes (foja 314). Determinación que le fue notificada por lista de acuerdos, previo citatorio, el tres de mayo siguiente (fojas 316 a 318). SÉPTIMO. Efectivo el apercibimiento, no ampliada. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de veintiséis de abril pasado, por lo que se tuvo por no presentado el escrito de ampliación de demanda (foja 325). Determinación que le fue notificada por lista de acuerdo, previo citatorio, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 327 a 329). OCTAVO. Audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, la audiencia constitucional se celebró el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de naturaleza administrativa que tienen ejecución en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Adscripción del titular de este órgano jurisdiccional. Por oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se adscribió al Juez Ulises Oswaldo Rivera González, como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, lo que se comunica a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: De la Encargada de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social y Encargado de la Oficina para Cobros adscrito: a) El mandamiento de ejecución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte derivado de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas y multa de los créditos 203005315 y 208005315. Del Ejecutor adscrito a la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social: b) La diligencia de requerimiento de pago y embargo efectuadas el treinta de septiembre de dos mil veinte. Del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: El oficio 214-1-4416135/2020, de quince de octubre de dos mil veinte que retransmitió el diverso requerimiento SIARA IMSSCC3911/2020/001375, de cinco del mismo mes y año que ordenó la inmovilización de cuentas bancarias administradas en nombre de la quejosa, para solo depósitos. De la Institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Integrante del Grupo Financiero Banorte: La ejecución de la orden de inmovilización de las cuentas bancarias 1055935251 y 1054859752, a nombre de la quejosa. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido a la Encargada de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado con el inciso a), toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado (fojas 212 a 231). Se dice lo anterior pues destaca de las constancias que obran en autos que el mandamiento de ejecución que se atribuye a la autoridad responsable, a fin de efectuar el procedimiento administrativo de ejecución derivado de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas y multa de los créditos 203005315 y 208005315, fue emitido por una diversa autoridad. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, ante la inexistencia del acto reclamado analizado en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de las autoridades aludidas. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Encargado de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el mandamiento de ejecución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, como parte del procedimiento de ejecución que derivó de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas y multa de los créditos 203005315 y 208005315, pues así lo manifestó al rendir informe justificado (fojas 212 a 231). Máxime que de las constancias relacionadas en el considerando anterior, se advierte que emitió el mandamiento de ejecución para hacer efectiva la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas y multa de los créditos 203005315 y 208005315, de tres de agosto de dos mil veinte. También son ciertos los actos para diligenciar el referido mandamiento de ejecución, efectuados por el Ejecutor adscrito a la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el requerimiento de pago y embargo efectuadas el treinta de septiembre de dos mil veinte, en términos del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que fue omiso en rendir informe justificado. A más de lo anterior, destaca de autos la copia certificada de la referida diligencia de requerimiento de pago y embargo, efectuadas el treinta de septiembre de dos mil veinte por el referido Ejecutor (fojas 101 a 105). Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También es cierto el acto atribuido al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en el oficio 214-1-4416135/2020, de quince de octubre de dos mil veinte que retransmitió el diverso requerimiento 3911/COB/OC/RI/2020/001375, de cinco del mismo mes y año que ordenó la inmovilización de cuentas bancarias administradas en nombre de la quejosa, para solo depósitos, no obstante que no lo haya aceptado en esos términos al rendir informe justificado (fojas 292 a 295). Se dice lo anterior, ya que de las constancias que obran en autos se advierte que en cumplimiento al oficio SIARA IMSSCC3911/2020/001375, de cinco de octubre de dos mil veinte, ordenó a las diversas entidades del sistema financiero mexicano la inmovilización de cuentas a nombre de la aquí quejosa Proyectos y soluciones CODEX, sociedad anónima de capital variable, entre estos el oficio 214-1-4416135/2020, de quince de octubre de dos mil veinte. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente es cierto el acto atribuido a la Institución Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Integrante del Grupo Financiero Banorte, consistente en ejecución de la orden de inmovilización de las cuentas bancarias 1055935251 y 1054859752, a nombre de la quejosa, pues así lo reconoció al rendir informe justificado (fojas 199, 271 a 273). Se dice lo anterior, pues destaca de las constancias que acompañó a su informe justificado, que en cumplimiento al oficio 214-1-4416135/2020, de quince de octubre de dos mil veinte que retransmitió el diverso requerimiento SIARA IMSSCC3911/2020/001375, de cinco del mismo mes y año, por parte de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, realizó la inmovilización de las cuentas 1055935251 y 1054859752, bajo su administración. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEXTO. Antecedentes relevantes del caso. Para mejor comprensión del presente asunto, se relatan los antecedentes relevantes que se advierten de las documentales ofrecidas en el juicio, así como aquellas recabadas oficiosamente las cuales tienen valor probatorio pleno. 1. A través de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas de tres de agosto de dos mil veinte, el titular de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social fincó el crédito fiscal y multa identificados 203005315 y 208005315, en contra de la aquí quejosa (fojas 110 a 123). 2. Inconforme con la anterior determinación, por escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la aquí quejosa interpuso inconformidad en su contra, ante el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 353 a 354). Seguido en sus trámites, se registró bajo el expediente C.C.D.F.N. 0800/2020, mismo que por resolución de quince de diciembre de dos mil veinte, se determinó confirmar el acto impugnado (fojas 544 a 590). 3. Por mandamiento de ejecución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, derivado de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas y multa de los créditos 203005315 y 208005315, el Encargado de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social ordenó la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución en contra de la aquí quejosa. 4. Por diligencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, el ejecutor adscrito a la subdelegación referida, efectuó el requerimiento de pago y embargo, que derivó en el embargo de TODOS LOS DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS QUE SE REALICEN EN CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO TODOS LOS VALORES DE LOS QUE SEA TITULAR LA EMPRESA PROYECTOS Y SOLUCIONES CODEZ S.A. DE C.V., HASTA POR LA CANTIDAD DE $278,927.87 (.). 5. A través del oficio SIARA IMSSCC3911/2020/001375, de cinco de octubre de dos mil veinte, el Jefe de la Oficina para Cobros requirió a la Comisión Nacional Bancaria, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, retransmitiera la orden de inmovilización a las entidades del sistema financiero mexicano, entre estos el oficio 214-1-4416135/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, dirigido a Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Integrante del Grupo Financiero Banorte. 6. En ejecución a lo anterior, la referida institución bancaria procedió a la inmovilización de las cuentas 1055935251 y 1054859752, a nombre de la quejosa. SÉPTIMO. Improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados, procede el análisis de las causas de improcedencia, debido a que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que respecto de los actos indicados en el considerando tercero, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para demostrarlo resulta necesario hacer las siguientes precisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, dado que éste incluye también al propio demandado, cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los elementos necesarios para defenderse. Para efectos del juicio de amparo indirecto, en términos del precepto citado, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto por equiparación, la parte procesal que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por tanto, quien se ostenta como persona extraña, sólo tiene la prerrogativa de hacer valer su derecho a través del juicio de amparo indirecto, cuando se encuentra plenamente acreditado el carácter con que se ostenta, es decir, que no se vinculó de manera alguna a la controversia o procedimiento de origen o que no tuvo conocimiento de la existencia de este. En ese sentido, la interpretación en sentido contrario del referido artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se traduce en que la calidad de tercero extraño por equiparación al juicio o procedimiento de origen, se pierde cuando se tiene conocimiento de este, sin que sea un requisito adicional su comparecencia al referido proceso judicial o procedimiento administrativo, pero que de suceder y no ser objetada tal circunstancia, deja constancia plena de tal conocimiento. En el caso, la parte quejosa acude al juicio de amparo a controvertir la inmovilización de sus cuentas bancarias, ya referidas anteriormente, puesto que no ha sido notificada o requerida por autoridad judicial o administrativa para dar cumplimiento a algún acto o requerido de crédito fiscal, tal como lo manifestó en diversos puntos de su escrito inicial de demanda, como sigue: Escrito inicial de demanda "(.) En la especie es flagrante la violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no haber sido notificado de la existencia del inicio de procedimiento administrativo de ejecución, que contenga los fundamentos legales que sustenten la existencia de algún adeudo que nos lleve la inmovilización de cuentas bancarias que se reclama y de la disposición del numerario que se encontraba en mi cuenta de fondos de inversión, ya señalada. Derivado de ello, es obligación de toda autoridad realizar el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que su acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular en la esfera del gobernado, teniendo que cumplir forzosamente con las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual en el presente caso no aconteció." Así, se advierte que la quejosa se duele de la inmovilización efectuada en sus cuentas bancarias del que aduce no conocer el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, pues si bien conoce la resolución determinante no tuvo oportunidad de ser oída ni vencida previamente a la inmovilización. Del mismo modo, sostiene que tuvo conocimiento de la inmovilización de sus cuentas el dieciséis de octubre de dos mil veinte, cuando trató de operar en alguna de éstas, sin conocer el origen de la determinación que derivó en dicho actuación. De lo anterior, se concluye que la quejosa conoció la resolución determinante con anterioridad a la promoción del juicio de amparo; por ende, no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento, con el que compareció al juicio; ya que al haber tenido conocimiento de dicha resolución e incluso impugnarla, es claro que también conoció el procedimiento administrativo de ejecución posterior, que bien pudo combatir a través de los medios ordinarios procedentes. Apoya el anterior razonamiento, la tesis 2ª./J. 11/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." Precisado lo anterior debe reproducirse el contenido del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". En el artículo transcrito de la Ley de Amparo se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual constituye un medio ordinario de defensa que puede tener esos efectos. En efecto, en el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se prevé lo siguiente: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;". De dicho precepto se desprende que el juicio contencioso administrativo es procedente, entre otros, contra actos administrativos que generen un agravio en materia fiscal. Sobre dicho concepto, resulta relevante tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe entenderse como una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida, por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales, o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales. En ese sentido, se debe tomar en consideración que a través de los actos indicados en el considerando tercero, la quejosa reclama la diligencia relativa al procedimiento administrativo de ejecución que busca hacer efectivo diversos créditos fiscales que le fueron determinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, reclama la diligencia efectuada con motivo de dichas determinaciones, tal como mandamiento de ejecución, requerimientos de pago y acta de embargo que se practicaron. Por ello, se trata de actos que generan un agravio fiscal a la promovente, en la medida en que derivan de la relación jurídica tributaria existente entre la quejosa, en tanto contribuyente, y la autoridad fiscal administrativa, por la determinación de obligaciones fiscales en cantidad líquida. De modo que tales actos son impugnables a través del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo las violaciones que durante el procedimiento administrativo de ejecución se hayan verificado, en términos del artículo 51, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 109/2005, de rubro: "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.", y la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), que lleva por rubro: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Cabe señalar que similar criterio sostuvieron el Tercer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 166/2018 y 261/2019. En específico, en la segunda ejecutoria indicada el órgano colegiado señaló, en lo que interesa, lo siguiente: "Por otra parte, en el agravio tercero refiere que la Juez de Distrito utiliza una interpretación contraria a la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal para sobreseer en el juicio respecto del oficio 400-75-00-03-05-2018-8491, con base en la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la ejecución de un embargo de cuentas, es un acto de imposible reparación, por contravenir los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, por lo que no tiene que agotar el juicio de nulidad, pues además mencionó que ese oficio derivaba del pliego de responsabilidades, como del crédito fiscal ya declarado nulo por la Sala del conocimiento. Para dar respuesta a tales planteamientos, debe analizarse la procedencia del juicio de amparo en contra de la inmovilización de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la parte quejosa, para lo cual es indispensable traer a contexto, en lo que aquí interesa, las consideraciones que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 361/2014, en sesión celebrada el veintiocho de enero de dos mil quince. (.) En esta ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el embargo de cuentas bancarias decretado dentro de un procedimiento de ejecución, afecta de manera irremediable derechos fundamentales, en tanto se priva al particular de disponer libremente de sus recursos económicos, durante el tiempo que dure el procedimiento; sin embargo, ello no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debe hacer valer el recurso de revocación y/o el juicio de nulidad federal, en tanto no prevén mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo. El criterio decantó en la tesis de jurisprudencia de rubro, datos de identificación y contenido, siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (.) En esos términos, atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 18/2015 (10a.), invocada por la Juez de Distrito, la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso de revocación y/o el juicio contencioso administrativo para combatir el oficio 400-75-00-03-05-2018-8491, con folio SIARA AGRADRDFED4/2018/000521, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, por el que se ordenó la inmovilización de los depósitos localizados a favor de la parte quejosa, en las instituciones de crédito ahí detalladas, antes de promover el juicio de amparo; dado que aquéllos tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dichos actos. Además, como lo analizó la Juez Federal, no se actualiza alguna de las excepciones para que la parte quejosa estuviera en posibilidad de acudir directamente al juicio de amparo para combatir los referidos actos, pues atento a lo establecido en la ejecutoria que dio lugar a la citada jurisprudencia, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamientos legales que regulan el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo, no exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni tampoco establecen un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Igualmente, no se observa que los actos reclamados carezcan de fundamentación; ni que la quejosa sólo alegue violaciones directas a la Constitución Federal en relación con esos actos; ni tampoco que el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo se encuentren previstos en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 361/2014, de la cual derivo la jurisprudencia número 2a./J.18/2015 (10a), el hecho de que la inmovilización pueda tener consecuencias de imposible reparación, no exime al impetrante para que previamente a la interposición del juicio de amparo agote el principio de definitividad que lo rige, pues los efectos pueden ser suspendidos, de conformidad con el precepto 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Criterio que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, es aplicable al caso, puesto que el acto reclamado consiste en la inmovilización de las cuentas bancarias del quejoso, incluso, cuando -como en el caso- sostenga desconocer el acto que la ordenó, dado que la responsable al rendir su informe con justificación, exhibió el oficio 400-75-00-03-05-2018-8491, con folio SIARA AGRADRDFED4/2018/000521, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, momento en el cual estuvo en posibilidad de hacer valer el recurso de revocación y/o el juicio de nulidad. Incluso, en el juicio de nulidad, con fundamento en el artículo 17, fracción II, el actor puede ampliar la demanda contra el acto principal del que deriva la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación. Por ende, el quejoso estaba en posibilidad de impugnar en el juicio contencioso federal la inmovilización de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre y, una vez que diera contestación las autoridades demandadas, ampliar su demanda en contra del acto que le dio origen". Asimismo, debe precisarse que en el juicio contencioso administrativo se puede obtener la suspensión con los mismos alcances, requisitos y plazos que los previstos en la ley de la materia. Lo anterior ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALESS A LOS QUE SE OTORGAN COFNORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCISOO ADMINISTRATIVO." Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que con los actos reclamados a la vista, se advierte que en las diligencias que se reclaman, las autoridades responsables invocaron diversos preceptos para justificar su actuar, por lo que no puede considerarse la actualización de una falta absoluta de fundamentación. Asimismo, en el caso no sólo se hacen valer violaciones directas a la Constitución Federal, sino también indirectas, puesto que en el escrito de ampliación la quejosa contrapone las diligencias precisadas en el considerando segundo con lo dispuesto en los artículos 134, 137, 145, 155, 156 y 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, lo que implica que la materia del juicio de amparo involucra la contraposición de los actos reclamados en relación con disposiciones de carácter secundario, y no únicamente respecto de la Constitución Federal. Ello deriva en que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En efecto, en dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Por otro lado, es claro que el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. Finalmente, no pasa inadvertido que los actos reclamados a que se ha hecho referencia en este considerando pueden considerarse como actos de ejecución irreparable, en la medida en que inciden en la libre disposición de los depósitos bancarios de la promovente y, en esa medida, en su derecho de propiedad. No obstante, la irreparabilidad de un acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. De esta forma, el hecho de que los actos puedan considerarse de imposible reparación, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; mientras que la regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado. Así, el solo hecho de que un acto sea irreparable, no implica que por sí mismo sea impugnable a través del juicio de amparo. En conclusión, toda vez que en el caso que nos ocupa, aun estimando que el acto reclamado pudiera ser considerado un acto irreparable, lo cierto es que ello no exime de agotar el principio de definitividad. Máxime que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015 en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos el criterio consistente en que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero que este medio de defensa extraordinario es procedente, una vez que los quejosos ha agotado los medios ordinarios de defensa que se establecen en la ley que rige al acto reclamado; es decir, que la irreparabilidad y la definitividad son dos supuestos distintos, independientes entre sí. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 11/2018, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". En ese orden de ideas, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. No es obstáculo a lo anterior que la quejosa alegue que a pesar de que interpuso el recurso de inconformidad, la autoridad exactora ejecutó la cedula de liquidación determinante, puesto que ese tema no es materia del juicio de amparo, ya que al solicitar la suspensión en el recurso referido, debió hacer valer tal situación ante el Consejo Consultivo de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social que conoció del medio ordinario de impugnación o incluso el juicio contencioso administrativo. Puesto que las diligencias que reclama se encuentran dirigidas a la promovente en específico y respecto de aquéllas sí existen diligencias de notificación que la promovente puede combatir también a través de ese medio de defensa, en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se prevé: "16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes: I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida". Según ese precepto, cuando se controvierta la notificación del acto administrativo, si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, debe hacer valer conceptos de impugnación en contra de esta última y de su notificación desde la demanda, manifestando la fecha en que la conoció; sin embargo, si afirma que no conoce la resolución, la autoridad demandada, al contestarla, exhibirá la resolución administrativa y la constancia de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. Por tanto, aun cuando la quejosa alegue que conoció de las diligencias combatidas con motivo de este juicio, ello no le otorga el carácter de tercero extraño, pues en ese supuesto debe atender a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se ha transcrito. Cabe señalar que sobre este último punto, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 175/2018, sostuvo lo siguiente: "En mérito de lo expuesto, la Sala del Máximo Tribunal del país resolvió que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo federal, cuya sentencia podía ser reclamada en el juicio de amparo uniinstancial. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10ª.), de epígrafe y contenido siguientes: (.) Por lo anterior, las consideraciones que dan lugar a la referida jurisprudencia cobran aplicación en el presente asunto, pues, en principio, dicho criterio es obligatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo tanto para este órgano colegiado como para el juzgado de origen, y además, es exactamente aplicable al caso por referirse a un acto reclamado en el juicio de amparo idéntico. Ahora, no se soslaya que tanto en sus argumentos de agravio como en la demanda de amparo la quejosa refiere que desconoce el crédito fiscal que dio motivo al aseguramiento que reclama, pues no le ha sido debidamente notificada la resolución respectiva, de modo que desconoce su contenido, así como el hecho que lo motivó, lo que -en su opinión- la convierte en persona extraña al procedimiento, con lo cual actualiza la hipótesis de excepción al principio de definitividad; sin embargo, esa circunstancia no es motivo para considerar a la quejosa como extraña al procedimiento pues ante el desconocimiento de la determinación administrativa que ordenó el bloqueo de su cuenta bancaria, la moral quejosa válidamente puede promover el juicio de nulidad en términos del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone lo siguiente: Artículo 16. (.) Del citado precepto legal se advierten las reglas para el caso en que en el juicio contencioso administrativo se alegue que no se conoce la resolución administrativa que se pretende impugnar, para lo cual, quedará a cargo de la autoridad demandada la obligación de probar, con las constancias respectivas, la existencia de la resolución administrativa impugnada y que la notificó a la parte actora y, a su vez, mediante ampliación de demanda, esta última tendrá oportunidad de combatirlas, así como lo que manifieste dicha autoridad. Además la propia recurrente reconoce que el acto reclamado es susceptible de impugnarse optativamente mediante el recurso de revocación o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; no obstante, desacertadamente estima que sólo por desconocer cualquier crédito fiscal y negar haber sido legalmente notificada de éste, la convierte en tercero extraño y por ello la inmovilización reclamada puede impugnarse a través del juicio de amparo; sin embargo, como se dijo, la existencia del crédito fiscal o el procedimiento administrativo de ejecución así como su legal notificación serán circunstancias que deberá probar la autoridad demandada en el juicio de nulidad que se promoviera, aunado a que al contestar la demanda de nulidad, aquélla daría noticia de la autoridad que efectivamente emitió el acto combatido, así como el procedimiento que le dio origen y, en ese evento, la gobernada válidamente podrá formular el o los conceptos de impugnación que estime pertinentes. Adoptar una postura distinta, esto es, por ese sólo hecho hacer procedente el juicio de amparo, se estaría contraviniendo la naturaleza de este medio extraordinario de defensa, pues la inconforme soslaya que el juicio constitucional es el recurso judicial efectivo para determinar si ha habido o no una violación de derechos fundamentales en contra del quejoso a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, de manera que, en el caso concreto, el juicio de amparo no puede promoverse con la finalidad de conocer cuál es el crédito fiscal de origen o procedimiento administrativo de ejecución que dio motivo a la inmovilización de su cuenta bancaria ni si fue legalmente notificado o no. Similares consideraciones fueron sustentadas por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad el diverso recurso de queja Q.A. 226/2017, en sesión ordinaria de quince de noviembre de dos mil diecisiete. Por lo anterior, en el caso concreto, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO.", ya que la propia Segunda Sala, pero en la diversa 2a./J. 18/2015 (10a.) intitulada "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", puntualizó que en el caso específico de inmovilización de cuentas bancarias, no procede el juicio de amparo". Asimismo, se estima aplicable la tesis I.7o.A. 39 A, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR MANIFIESTA DESCONOCER LA MULTA QUE PRETENDE IMPUGNAR, LA SALA DEBERÁ ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD FORMULADOS CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE ESA SANCIÓN, CON ANTELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE IMPROCEDENCIA PROPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, REFERENTE A QUE AQUÉL DEBIÓ AGOTAR EL RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)." Así, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XX y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos precisados en el considerando segundo. Sobreseimiento que se hace extensivo al oficio 214-1-4416135/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, ya que no se reclamó por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista al Fiscal ejecutivo titular adscrito, en términos del artículo 26, fracciones I, inciso e); II, inciso a); y, III de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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