Ricardo Toríz Flores
Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo Toríz Flores
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de once de mayo del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****************** por derecho propio y quien se ostentó como representante de su menor hija **************.; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de la parte quejosa los documentos catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del acuerdo general citado. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio y quien se ostenta como representante de su menor hija, quien en lo sucesivo será identificada bajo las iniciales ****.; contra actos del titular y del notificador, ambos del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar, de la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y de la Subdirección de Control y ejecución de Multas, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las prerrogativas contenidas en los artículos 4, 14, 16 y 17 constitucionales, fórmese expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 265/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y provéase lo que en derecho corresponde. Ahora, visto el contenido de la demanda de mérito, la misma debe desecharse. Se arriba a la conclusión anterior, dado que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte inconforme se hacen consistir en: El proveído de siete de abril de la presente anualidad, dictado en el divorcio incausado, expediente ***, de la estadística del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por ***, en contra de **** aquí quejoso. Cabe precisar que en dicho proveído el juzgador natural ordenó la entrega de la menor hija de las partes a su progenitora, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría al inconforme una medida de apremio. El auto de cuatro del mes y año en curso, pronunciado en el sumario anteriormente señalado mediante el cual se impuso al enjuiciado una multa al no haber dado incumplimiento al mandato descrito en el inciso anterior. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad, se deduce lo siguiente: El promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandado. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en trámite. De lo anteriormente precisado, este juzgador considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual establece que la instancia constitucional es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto, en lo conducente, establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, en el presente caso, el quejoso incumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de amparo, al no haber agotado el recurso de apelación que pudo hacer valer en contra de los proveídos de siete de abril y cuatro de mayo, ambos del año en curso; medio de impugnación que se encuentra previsto en los artículos 688, 692 Quáter, 693, 696, 950 y 951, todos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los que a la letra establecen: Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. - - - En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata. Artículo 692 Quáter.- Al apelarse la sentencia definitiva se deberán expresar los agravios en su contra. Dentro del plazo de doce días a que se refiere el artículo 692, el apelante deberá hacer valer también, en escrito por separado, los agravios que considere le causaron las determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas en efecto devolutivo cuyo trámite se reservó para hacerlo conjuntamente con la apelación de la definitiva. El secretario de acuerdos deberá revisar siempre escrupulosamente el expediente, y certificar en el mismo, bajo su responsabilidad, que en su caso, no existen apelaciones admitidas en el efecto devolutivo de tramitación preventiva. Tratándose de apelaciones de tramitación inmediata, el secretario de acuerdos deberá verificar que quede en el expediente original, previo a la integración del o los correspondientes cuadernos de agravios para su remisión a la alzada, copia certificada tanto del escrito de interposición del recurso en cita como del de la expresión de agravios, de la contestación a los mismos, y los acuerdos recaídos a tales escritos; al infractor de este artículo, se le impondrá, como corrección disciplinaria el equivalente a diez días del salario que perciba. - - - La parte que obtuvo todo lo que pidió, en el mismo término señalado en el párrafo anterior, podrá expresar los agravios en contra de las resoluciones que se recurrieron a través de la apelación en el efecto devolutivo de tramitación preventiva, manifestando de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, a efecto de que el tribunal de alzada proceda a estudiarlas. - - - Dándose vista en los supuestos anteriores a la contraria para que en el término de seis días conteste los agravios. Artículo 693. Interpuesta una apelación, el Juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando el juzgador en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo. El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última apelación admitida y las subsecuentes hasta la apelación de que se trate, incluyéndose todos los documentos que las partes hayan exhibido desde el escrito inicial de demanda y durante la tramitación del juicio, hasta la etapa en que se encuentre. De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva. Transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al tribunal, conjuntamente con el testimonio de apelación o los autos originales según corresponda, los cuadernos de agravios respectivos, conformados con el original del escrito de interposición del recurso con la expresión de agravios, el de la contestación a los mismos, y los originales de los autos que les recaigan a tales escritos. El testimonio deberá integrarse de manera fiel y en el orden en que se contengan las actuaciones en el expediente de origen, sin que pueda modificarse la forma de integrarse el testimonio de apelación, por el juzgado de origen o por el tribunal de alzada. El testimonio de apelación que se forme, se remitirá al tribunal de apelación que le corresponda, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar los agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por contestados, haciendo constar en el expediente el número de fojas con que se integra el que se envía al Tribunal, así como las fechas de la providencia impugnada, y del auto que admitió el recurso, precisando si se trata del primer testimonio que se envía o el que corresponda en los sucesivos envíos. - - - El tribunal al recibir el testimonio formará un solo toca, en el que se vayan tramitando todas las apelaciones que se interpongan en el juicio de que se trate. El tribunal de apelación, al recibir las constancias, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el juez. De encontrarla ajustada a derecho, así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos previstos en el Artículo 704." Artículo 696.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. Artículo 950.- Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. - - - Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 951.- Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía. Conforme a los normativos reproducidos, el recurso de apelación procede contra los autos y las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la cual se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En ese sentido, el inconforme estaba obligado a interponer el recurso de apelación en contra de los actos reclamados, previamente a la instauración del juicio de amparo, no obstante que a través de las alegaciones que vierte el promovente se pretenda demostrar que las determinaciones combatidas sean de difícil reparación, pues, tal como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, considerar lo contrario implicaría restringir sin sustento legal alguno, la procedencia genérica prevista por el legislador, de ahí que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, resulta notoriamente improcedente la demanda de cuenta. Por las razones que se mencionan, ilustra el sentido de lo analizado la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, visible a página 350, cuyo tenor es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, robustece lo razonado, la diversa jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual forma, respalda lo determinado por analogía, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Mayo de 1991, consultable a página 277, la cual establece: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA CIVIL. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si interpuesto el recurso de apelación extraordinaria el juez de primer grado lo desecha, previamente al juicio de garantías, procede el recurso de queja, por denegada apelación, previsto en el artículo 723, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; pero, cuando el desechamiento de tal apelación, lo dicta el tribunal de alzada, también previamente al juicio constitucional, debe agotarse el recurso ordinario de reposición, previsto en el artículo 686 del ordenamiento citado. Consecuentemente, estándose en el primer supuesto, procede confirmar el sobreseimiento decretado por la juez de Distrito, ya que, el peticionario, previamente a la demanda de garantías, debió agotar el citado recurso ordinario de queja y no el de apelación que erróneamente promovió." Ahora, a consideración de este juzgador, no constituye obstáculo para el criterio establecido en el presente asunto, la existencia de la jurisprudencia número 1a./J. 77/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." Lo anterior, en razón de que en dicho criterio se establece una excepción al principio de definitividad, en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, esto es, cuando dicho recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad. No obstante, ese supuesto no se actualiza en el presente asunto, pues como ya se estableció en párrafos precedentes, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dispone que los autos y las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, el recurso de mérito podrá ser admitido en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el medio de impugnación. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que el promovente del amparo no incumplió con el principio de definitividad-lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Ahora, dado que el promovente del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por ese medio, hasta en tanto el inconforme realice la designación correspondiente. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que tiene inscrita su cédula profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a ****, quien no cuenta con dicho registro, por lo que sólo se le tiene por autorizada en los términos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumpla con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte del quejoso, se provea lo conducente. Sin que haya lugar a proveer de conformidad lo solicitado respecto de tener por señalado para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y los números telefónicos proporcionados, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla la posibilidad de realizar las notificaciones respectivas por dicho medio; lo que si se encuentra previsto, es que las mismas pueden practicarse vía electrónica a través del nombre de usuario que en su caso proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y previa petición expresa para tal fin en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Con independencia de lo anterior, se toma nota de la citada herramienta tecnológica, para contacto con la parte de que se trata en términos del artículo 5°, fracción I,4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el reinicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus: "COVID-19". Finalmente, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos, en términos de los artículos 1°, quinto párrafo, 6°, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista al inconforme.
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