Ricardo Tomeoni Aguilera

Expediente 901/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 32 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Tomeoni Aguilera
  • Jaime Miranda Hernández
  • Gloria Virginia Loyola Luna
  • Eduardo Ibarra Rodríguez
  • Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. I. Análisis de cumplimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Al respecto, se transcriben los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, los cuales estatuyen lo siguiente: "QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, corresponde al último considerativo de la sentencia precisar los efectos de la concesión del amparo que deberá acatar el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, a saber: 1. Dejará insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución dictada en audiencia de tres de agosto de dos mil veintiuno, trascrita el trece del mismo mes y año, que declaró improcedente la concesión del beneficio de libertad anticipada al aquí quejoso en los autos de la carpeta única de ejecución de sentencia 368/2015, únicamente el parte en la que declaró no colmado el requisito de la fracción V, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2. Hecho lo cual, con base en los lineamientos precisados en la presente resolución deberá tener por colmado el requisito inherente a haber cubierto la reparación del daño y la multa, previsto en la fracción V, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé el beneficio de libertad anticipada, y en consecuencia, en audiencia y en presencia de las partes, continúe con el trámite inherente al citado beneficio a favor del sentenciado aquí quejoso." En auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. En ese orden de ideas, mediante oficio agregado en autos, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Querétaro, informó el cumplimiento dado al fallo protector; y al efecto determinó lo siguiente: (.) Dejo sin efectos la resolución dictada en audiencia de tres de agosto de dos mil veintiuno, trascrita el trece del mismo mes y año, únicamente la parte en la que se declaró no colmado el requisito de la fracción V, del artículo 141, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. (.) De ahí, que resulta infundada la oposición de la fiscalía, y en consecuencia, acorde al fallo protector que ahora se cumple, tengo por colmado el requisito previsto en la fracción V, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inherente a haber cubierto la reparación del daño y la multa. Siendo la consecuencia jurídica de ello, resolver que: es procedente conceder la libertad anticipada a Ricardo Tomeoni Aguilera, y por lo tanto, se extingue la pena de prisión, (.) Documentales, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Así, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con la documental allegada se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Archivo del expediente. Ahora, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XVIII del artículo 3, del referido Acuerdo General. IV. Devolución de constancias. En virtud de lo anterior, devuélvanse al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Querétaro, los dos tomos de prueba correspondiente a las copias certificadas de la carpeta única de ejecución de sentencia 368/2015, de su índice y los 3 CD´s. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesada y mediante oficio al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Querétaro y al Fiscal adscrito al Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro (tercero interesado).

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de marzo de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quince de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio con el que la autoridad responsable considera haber dado cumplimiento al fallo protector; sin que se haya ordenado dar vista a la parte tercero interesada. II. Se turnan autos a actuaria. Ahora bien, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que le reviste el carácter de tercero interesada se turnan los autos al personal de actuaria, para que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, notifique la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, al tercero interesado por conducto de su asesora jurídica pública.Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de marzo de dos mil veintitrés. I. Informa cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio del Juez Provisional de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, remite las constancias con las que estima dar cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. III. Guarda de disco de audio y video. Ahora bien, a fin de preservar el contenido del dispositivo en comento, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, obténgase copia digital del archivo correspondiente, y resguárdese en el equipo de cómputo de la Secretaría de este Juzgado, y una vez que el presente expediente se remita al archivo definitivo, sin mayor proveído aquél deberá ser eliminado. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época con registro: 2004362 de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese; y personalmente al autorizado del quejoso en el domicilio procesal señalado para tal efecto, así como por oficio al Fiscal tercero interesado.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de marzo de dos mil veintitrés. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el nueve de enero de dos mil veintitrés. IV. Responsabilidad de las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. V. Escritos. Agréguense a los autos, los escrito signados por ..., a través de los cuales solicita se requiera a la autoridad el cumplimiento de la sentencia dictada en autos; al respecto, dígase que deberá a lo acordado en líneas que anteceden, en las que se realizó el pronunciamiento respectivo. VI. Revoca autorizados. Por otra parte, se le tiene revocando a los autorizados señalados en autos, por así haberlo solicitado expresamente la ocursante. VII. Nuevo autorizado. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. VIII. Copias. De igual forma, en atención a su solicitud, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de 2º numeral, no prevén la expedición de copias simples a las partes, se expide copia certificada de lo que solicita y que obre en autos, previa constancia que se otorgue en autos por su entrega. Notifíquese; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y mediante oficio a la autoridad responsable y al Fiscal tercero interesado.

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