Ricardo Tomás Cruz Martínez y Otros.
Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Tomás Cruz Martínez
- Ricardo Tomás Cruz Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
XII... Agréguese sin mayor proveído el oficio del Secretario de Salud, toda vez que por auto de veintinueve de junio del año en curso, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa fuera de audiencia. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto. En términos del capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción. ... el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán destruirse y depurarse, respectivamente; conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. De conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), se establece que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado Federal a la destrucción del mismo, en términos de lo establecido en el Acuerdo en comento.
- Principal
XII... Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, con relación al 61 fracción XXI, por las siguientes consideraciones: Primeramente es dable precisar que los actos que en esta vía que se combaten, consisten esencialmente en: la omisión de aplicar la vacuna para la prevención de la COVID-19 en México al grupo de niños y niñas adolescentes de doce a dieciocho años de edad, derivado de que dicho rango de edad no se encontraba considerado en la política de vacunación. Asimismo, de las pruebas que exhibe la parte quejosa, se advierte que la menor de edad con iniciales F.C.L., a la fecha de presentación de la demanda contaba con quince años de edad. Así, antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México.... Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la quinta ola de contagio COVID, y la falta de vacunación es un factor de riesgo. Con relación a ello, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veinte, el Gobierno de México a través del Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, publicó en la página oficial electrónico www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector"; documento que fue autorizado por el Secretario de Salud, según se advierte de su contenido, y desde entonces, se publica su actualización periódica, mismo que se previó contar con una estrategia de vacunación en cinco etapas, en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en función de los seis grupos de priorización. La primera etapa de vacunación comprendió de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud de Primera Línea de Control de COVID-19; la segunda, de febrero a mayo de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud restante y personas de sesenta y más años; la tercera, de mayo a junio de dos mil veintiuno, se incluyó a personas de cincuenta a cincuenta y nueve años; en la cuarta etapa, se incluyó a personas de cuarenta a cuarenta y nueve años; y por último, en la quinta etapa que comprende de julio del presente año a marzo de dos mil veintidós, al resto de la población. En lo que aquí interesa, debe decirse que el grupo etario de doce a dieciocho años de edad se encuentra comprendido en la quinta y última etapa de vacunación. Además, debe destacarse que en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se aprecia el registro para la vacunación de los jóvenes de entre quince y diecisiete años de edad que no tengan comorbilidades. En ese tenor, se pone de manifiesto que en dicha página oficial ya se abrió el registro para personas de quince a diecisiete años de edad que no cuenten con morbilidades, para que sean vacunados contra el COVID-19, por lo que la parte menor quejosa tal y como se advierte de su acta de nacimiento, ya está dentro de los grupos incluidos para recibir la vacuna contra el SARSCOV-2. De ahí que los jóvenes de entre quince y diecisiete años de edad, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación, ni las personas de dieciocho años en adelante, como es el caso de la parte quejosa al momento en que se resuelve. En este sentido, de lo manifestado por los promoventes en su demanda de amparo y del acta de nacimiento que exhibieron a su escrito de demanda, se observa que la menor F.C.L. se encuentra dentro del rango de edad que hace posible la vacunación a través del registro respectivo. En ese tenor, es pertinente señalar que la citada fracción XXI, establece la figura de cesación de efectos del acto reclamado, lo cual significa que la autoridad que genera la afectación que se combate deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija.... Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID19, a su menor hija de identidad reservada con F.C.L. y, si se toma en consideración que dicha menor de edad -directa quejosa- a la presente fecha, cuenta con una edad de quince años (de acuerdo con la acta de nacimiento exhibida con su escrito de demanda); es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye la materia del acto reclamado en la demanda que se provee. En esa virtud, se estima que la omisión reclamada en esta instancia relativa a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de doce a dieciocho años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, puesto que la parte quejosa a partir del marzo de dos mil veintidós, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de cinco a once años o más sin comorbilidades, y de doce a diecisiete años con comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de los menores de edad. Por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la dicha ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil veintidós; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
XII... Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que a la fecha las autoridades responsables: - Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud. - Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. - Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. - Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. - Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. No han rendido su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificadas, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. ... requiérase a dichas autoridades, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación de este proveído remitan copia certificada de las constancias de donde derivan los actos reclamados; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio. Por otra parte, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con relación en el precepto 75 de esta última, requiérase al Director General del Instituto de Salud del Estado de México y a la parte quejosa, para que en el término de tres días legalmente computado remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten que la menor quejosa fue vacunada de la primera y segunda dosis contra el virus SARS-CoV-2, a efecto de que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente. Con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se apercibe tanto al Director General referido, como a la solicitante de amparo que para el caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán de comunicarlo de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En la inteligencia que para el caso de ser omisas a lo anterior, se les podrá imponer una medida de apremio consistente en treinta unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el numeral 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, indíquese a Director General del Instituto de Salud del Estado de México que para el caso de que sea omiso en acatar el presente proveído o bien no informar los impedimentos legales que para ello tenga, este juzgado de Distrito procederá en términos de lo establecido en la fracción V, del artículo 262 de la ley invocada... Por ende, a fin de dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil veintidós.
- Principal
XII... Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que a la fecha las autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Salud. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. No han rendido su informe justificado a pesar de estar debidamente notificadas, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. ... requiérase a dichas autoridades, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación de este proveído remitan copia certificada de las constancias de donde derivan los actos reclamados; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto admisorio. Por otra parte, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con relación en el precepto 75 de esta última, requiérase -por última ocasión- al Secretario de Salud del Estado de México y a la parte quejosa, para que en el término de tres días legalmente computado remitan copia certificada de las constancias con las que acredite que la menor quejosa fue vacunada de la primera y segunda dosis contra el virus SARS-CoV-2, a efecto de que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por ende, a fin de dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincunta minutos del quince de junio de dos mil veintidós.
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