Ricardo Talavera Rosas
Expediente 853/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Talavera Rosas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio en el que se le remitió la demanda de amparo promovida por ... y comunica que mediante auto de nueve de octubre del presente año, se avocó al conocimiento del mismo. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa de recibo de los diversos oficios 11231 y 11232 dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, asimismo, rinde informe en relación a la suspensión de plano, en representación de las autoridades responsables, e informa que se programó cita médica para el quejoso -para el día martes nueve de octubre del presente año, a las trece horas en el Hospital General de Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social; con el dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses legales convenga. Por último, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad capital, y como delegados de su parte a las personas que menciona en su informe. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por********************contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Uruapan, Michoacán, y otra autoridad; ahora bien como de la demanda de garantías se desprende que señala como actos reclamados consistentes en: ".ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como responsable reclamo: Su negativa a proporcionarme atención médica y medicamentos para el control de las enfermedades que vengo padeciendo desde el día 24 de mayo de 2002, pese a que en mi calidad de pensionado ante la Autoridad Responsable en forma definitiva de acuerdo al artículo 5ª fracción XIV y relativos de la Ley del Seguro Social tengo el derecho a que se me otorguen; tal negativa conlleva a una negligencia médica que violenta mi derecho humano a la salud, ya que en reiteradas ocasiones acudí ante la Autoridad Responsable a solicitar atención médica en mi carácter de pensionado, así como que me fuera proporcionado los medicamentos necesarios para el control de mis padecimientos, sin embargo, la autoridad responsable se ha negado a proporcionarme atención médica, con el pretexto de que en su sistema me encuentro como "inactivo", sin tomar en cuenta que existe un Laudo Firme dentro del procedimiento especial, que me reconoce como Pensionado por Incapacidad Permanente Total por riesgo de trabajo, generando por tanto, el derecho al acceso a dicha atención y medicamentos. De igual forma, la falta de cumplimiento voluntario del laudo de fecha 21 de febrero del año 2014, dentro del procedimiento especial 519/05 seguido en la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que condena a la autoridad responsable a: Reconocimiento y pago de las diferencias que resultan de la pensión de incapacidad total permanente por el riesgo de trabajo, el pago de asignaciones familiares y ayuda asistencial, mismas que fueron cuantificadas en la resolución incidental de fecha 04 de agosto de 2017 (resolución que la autoridad también ha sido omisa en dar cumplimiento voluntario), resultando la cantidad de $60,014.74: La sustitución de la Pensión de Invalidez que vine gozando y que reclame, en términos del artículo 59 de la Ley del Seguro Social; y El aguinaldo que establece el artículo 58 fracción IV de la Ley del Seguro Social." Lo expuesto permite advertir que los actos reclamados son distintos y se encuentran desvinculados uno del otro. Por tanto, este juzgado considera que no procede tramitar en un mismo asunto los actos reclamados, en principio porque son dos actos distintos que se desvinculan uno del otro, por lo que no se justifica que el amparo solicitado sea tramitado y resuelto en un mismo expediente. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo no contempla procedimiento específico para la separación de autos, atendiendo al principio de economía procesal que establece el artículo 17 constitucional, de oficio se decreta la separación de autos respecto de los actos reclamados por el promovente. En esas condiciones, el presente juicio de amparo, deberá resolverse únicamente respecto de los actos reclamados al Instituto Mexicano y Director de la Unidad, ambos del Seguro Social, con residencia en Uruapan, Michoacán, consistente en su negativa a proporcionar atención médica y medicamentos para el control de las enfermedades que el aquí quejoso dice padecer. En tanto que deberá formarse una demanda nueva por lo que hace al segundo acto reclamado consistente en: De igual forma, la falta de cumplimiento voluntario del laudo de fecha 21 de febrero del año 2014, dentro del procedimiento especial 519/05 seguido en la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que condena a la autoridad responsable a: Reconocimiento y pago de las diferencias que resultan de la pensión de incapacidad total permanente por el riesgo de trabajo, el pago de asignaciones familiares y ayuda asistencial, mismas que fueron cuantificadas en la resolución incidental de fecha 04 de agosto de 2017 (resolución que la autoridad también ha sido omisa en dar cumplimiento voluntario), resultando la cantidad de $60,014.74: La sustitución de la Pensión de Invalidez que vine gozando y que reclame, en términos del artículo 59 de la Ley del Seguro Social; y El aguinaldo que establece el artículo 58 fracción IV de la Ley del Seguro Social." Atento a lo anterior, resulta innecesario fijar fecha y hora para la audiencia de alegatos, pues la separación de autos se decreta de oficio, lo cual constituye una facultad que se ejerce unilateralmente por el juzgador, con potestad plena y sin tramitación alguna y que implica que al decretarse de plano no requiere de substanciar el incidente de separación de autos; máxime que ésta no afecta los derechos procesales de las partes. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 354, Pleno, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de o oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto, se requiere hacer la separación." De igual manera, es sustentable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 77/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Las cuales son aplicables en virtud de que no contraponen con la Ley de Amparo de conformidad con el artículo 6° transitorio. En virtud de lo anterior, remítase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, un juego de copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a fin de que sea turnado como nueva demanda de conformidad con el criterio de relación establecido en el número 5 contenido en el oficio SCTCCNO/1683/2015, emitido por la Secretaria Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-853/2018. Luego, al ser la salud, un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° Constitucional, que amerita trato prioritario; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten lo necesario a fin de que el quejoso********************continúe recibiendo atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Uruapan, Michoacán; asimismo se le prescriban y suministren los medicamentos que requiere para tratar de manera adecuada las enfermedades que dice padecer, esto a fin de salvaguardar su integridad física y preservar su vida; sin que ello afecte derechos de terceros, y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo anterior, se determina de esa forma, dado que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho a la protección de la salud, consistente en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios, a fin de que todos los mexicanos, tengan acceso a los servicios de salud que comprenden entre otros, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, que entre otros tiene obligación de proporcionar el Estado a todas las personas inscritas o no, en un régimen, quien como lo refiere tiene derecho a recibir la protección a su salud que en su favor consagra el citado artículo de nuestra Constitución Federal, entendido como un estado de bienestar físico y mental. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que tengan conocimiento de este proveído, informen a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimento que hayan dado a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden, deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las referidas autoridades responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se procederá a tramitar el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie, es o no, el que tiene que conocer de la demanda de garantías de cuenta. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si el acto reclamado por el impetrante de garantías, se hace consistir en la falta de atención medica dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Uruapan, Michoacán, y otra autoridad, resulta evidente que tal acto lleva implícita una ejecución material, la cual se materializara en aquella población. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por********************a un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama, pues los bienes inmuebles adjudicados se encuentran en la ciudad de Colima. Ahora, como en el particular el acto que se reclama en esta vía lo es atendido a lugar de ejecución del acto reclamado, tiene sustento la tesis consultable en la página 73, Tercera Parte, Segunda Sala, Séptima Época, Volumen 217-228, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.- Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el Juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro juez de Distrito que pudiera inducir a estimar competente a éste, por que dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Así como por identidad jurídica la Jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Septiembre de 2018, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene por señalando el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente de los licenciados - quienes se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se desprende de la certificación que antecede; en tanto, que a las restantes personas que indica les faculta para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
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