Ricardo Sol Palestina
Expediente 218/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Sol Palestina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, en el que se determinó desechar de plano la demanda promovida por Ricardo Sol Palestina, sin que éste lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, en la inteligencia de que ello ocurrirá con posterioridad al DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con posterioridad al DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Sol Palestina contra actos reclamados a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 218/2019 - I - B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juzgado de Distrito dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "Toda orden verbal o escrita dirigida a la Institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para asegurar o inmovilizar fondos en cantidad de $6,762,121.50 (seis millones setecientos sesenta y dos mil ciento veintiún pesos 50/100 M.N.) al adeudo fiscal presunto y provisional, en especial la cuenta 1522007170 aperturada en la sucursal 0568 "JALAPA PLAZA CRYSTAL" de la ciudad de Xalapa, Veracruz, correspondiente a la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, lo que provoca que el quejoso no pueda obtener los pagos producto de mi trabajo, que en calidad de Analista "B" percibo, del patrón Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso debió impugnar el oficio DGF/TN/502/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a través del juicio contencioso administrativo a que alude la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 2° En lo que interesa, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.[.]" El precepto legal referido prevé la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto. A su vez, la fracción en cita, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia del rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, en sesión del veintiocho de enero de dos mil quince, determinó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Bajo ese contexto, existen requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, los cuales son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es el primer requisito. En el caso, dicho requisito se encuentra satisfecho, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa, esto es al Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, que ordenó el aseguramiento de la cuenta 1522007170 aperturada en la sucursal 0568 "Jalapa Plaza Crystal". 2) El segundo requisito señala que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, Lo señalado se acredita, toda vez que en contra del acto reclamado relativo a la orden de aseguramiento o inmovilización de la cuenta 1522007170 aperturada en la sucursal 0568 "Jalapa Plaza Crystal", del aquí quejoso, resulta procedente el juicio contencioso administrativo, pues al efecto el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contempla que dicho juicio es medio de defensa previsto contra actos de la Administración Pública Federal, en los términos siguientes: "ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;[.]" En relación con este supuesto de procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el agravio consiste en la afectación que se genera a la esfera jurídica de un determinado sujeto, y señaló que la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que procede el juicio de nulidad cuando exista un agravio, lo que implica que las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos, son susceptibles de impugnarse en el juicio de nulidad, cuando éstos afecten de manera negativa la esfera jurídica de los sujetos que pretenden acceder a ese medio de defensa. El criterio antes referido, está contenido en la jurisprudencia 1 a./J. 55/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE ESE TRIBUNAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016, AL ESTABLECER COMO HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA LAS RESOLUCIONES QUE "CAUSEN AGRAVIO EN MATERIA FISCAL", NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA". El precepto citado, al establecer que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que causen un "agravio en materia fiscal" distinto de aquel al que se refieren las fracciones I a III del propio artículo, no genera indefinición alguna a los gobernados, ya que permite conocer con claridad sus alcances. Ello es así, pues tomando en cuenta que un agravio consiste en la afectación que se genera a la esfera jurídica de un determinado sujeto, es claro que cuando la fracción IV del artículo 14 del citado ordenamiento legal refiere que procede el juicio de nulidad cuando exista un agravio, lo que implica que las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos, son susceptibles de impugnarse en el juicio de nulidad cuando éstos afecten de manera negativa la esfera jurídica de los sujetos que pretenden acceder a ese medio de defensa. La expresión "en materia fiscal" no hace más que enunciar la rama del derecho en donde debe sufrirse la afectación de la persona que pretende accionar el procedimiento contencioso administrativo, por lo tanto, la norma no genera afectación a los derechos fundamentales de seguridad y legalidad, ya que el uso de esa expresión es clara y de fácil entendimiento para el común de los sujetos que tienen una relación con la hacienda pública, pues no hay duda que el legislador dio pauta a la procedencia del juicio de nulidad para los casos en que una resolución, un acto o un procedimiento genere una afectación o un perjuicio en la esfera de derechos y bienes de los sujetos, en la relación que guardan con la hacienda pública". De ahí que, la orden de inmovilización dictada por la autoridad hacendaria, constituya un acto definitivo, pues tiene como objeto la adjudicación en favor del fisco federal del importe que cubra los créditos fiscales a cargo del quejoso, por lo que resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicio en el que se pueden reclamar vicios propios en su emisión e incluso la ilegalidad de su notificación. En tales condiciones en la vía contenciosa administrativa federal, los contribuyentes pueden impugnar las resoluciones de inmovilización de los recursos en sus cuentas bancarias, aun cuando aleguen que no les fueron debidamente notificadas. Conforme a lo anterior, se concluye que, a través del juicio contencioso administrativo federal, los actos reclamados en este juicio consistentes en la inamovilidad, congelación, bloqueo o embargo precautorio de cuentas bancarias a nombre de Ricardo Sol Palestina, pueden ser modificados, revocados o nulificados, al derivar del ejercicio de facultades de la autoridad para hacer efectivo el crédito fiscal a cargo del quejoso. 3) El último requisito, se refiere a que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Ahora, tal requisito se acredita, en virtud que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, ya que tiene los mismos alcances, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". No se opone a lo anterior, el hecho de el medio legal conducente para combatir el acto reclamado sea del ámbito federal, con el hecho de que el oficio DGF/TN/502/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, haya sido emitido por una autoridad local, como lo es la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, toda vez que el citado acto fue expedido en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, y se tuvo al aquí quejoso como sujeto directo de una contribución federal como lo es el Impuesto Sobre la Renta. También es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, Marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por otra parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece además, como excepciones al principio de definitividad las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En cuanto a la primera excepción señalada con el inciso a), se refirió en párrafos anteriores que, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, la citada ley ordena que en el juicio contencioso administrativo el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme, la cual no es menor a lo previsto en la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Ahora, en el caso, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva. Por otra parte, con respecto a la excepción señalada en el inciso b), relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; no se actualiza dicha excepción, dado que, de la determinación que constituye el acto reclamado, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, pues del oficio DGF/TN/502/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En efecto, de dicho oficio se desprende que al ordenar la inmovilización de las cuentas del quejoso y su materialización, la responsable lo dictó con sustento entre otros, en los artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 40 fracción III, 40-A fracción III, inciso f), IV y V del Código Fiscal de la Federación Vigente; artículo 117 párrafos primero, tercero fracciones I, II, y V, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito y 192 primer párrafo de la Ley de Mercado de Valores; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal Vigente. Ello, sin prejuzgar sobre su legalidad, pues la sola invocación de los mismos, permiten que quien resuelve, concluya que el acto reclamado no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata. Por último, es preciso destacar que el quejoso tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, sin embargo, el quejoso alega como violación directa a la constitución su garantías de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, la cual no se actualiza, supuestos que no deben confundirse con las excepciones al principio de definitividad porque éstas se refieren a los supuestos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, entre los cuales sí cabe la excepción al referido principio, por lo que no se actualiza, en el caso concreto dado que se trata de una autoridad administrativa; máxime que se advierte que el acto reclamado, no carece de fundamentación. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Por otro lado, no pasa desapercibido lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 11/2013, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, Marzo de 2013, página 1242, de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO.", Aunado a lo anterior, también se advierte, que el quejoso no es tercero extraño en el presente juicio; pues exhibió diversas constancias que dieron origen a dicho embargo e inmovilización, de ahí que, no pueda considerarse tercero extraño al procedimiento respectivo. Por último con relación al último supuesto de excepción al principio de definitividad, previsto en párrafos anteriores señalado con el inciso d), el acto reclamado tuvo como consecuencia la inmovilización de las cuentas bancarias del aquí quejoso, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que dicho acto se traduce en un acto de imposible reparación, en términos de la jurisprudencia número 2a./J. 133/2010, consultable en la página 104, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo." Sin embargo, no obstante lo anterior, tal criterio lo sostuvo la citada Sala, con anterioridad a la reforma de diez de diciembre de dos mil diez, al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, motivo por el cual no resulta aplicable al presente juicio. Máxime que en un nuevo análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Por lo tanto, resolvió que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, por lo cual, todo órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, que esté previsto en la ley que rige dicho acto, y en el caso, a través del juicio contencioso administrativo, se puede impugnar cualquier clase de embargo o inmovilización de cuentas bancarias, pues el quejoso puede encontrar reparabilidad por ese medio. Criterio contenido en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 18/2015 de la Décima Época, Materia Común Administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) publicada en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En esta tesitura, es evidente que el promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA en consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Hernández Matías, Efraín Landa Thiel, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 82467, 71618, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Verónica Solís Guevara y Rogerio Hernández Matías, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco acreditaron contar con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Sol Palestina contra actos reclamados a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 218/2019 - I - B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juzgado de Distrito dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "Toda orden verbal o escrita dirigida a la Institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para asegurar o inmovilizar fondos en cantidad de $6,762,121.50 (seis millones setecientos sesenta y dos mil ciento veintiún pesos 50/100 M.N.) al adeudo fiscal presunto y provisional, en especial la cuenta 1522007170 aperturada en la sucursal 0568 "JALAPA PLAZA CRYSTAL" de la ciudad de Xalapa, Veracruz, correspondiente a la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, lo que provoca que el quejoso no pueda obtener los pagos producto de mi trabajo, que en calidad de Analista "B" percibo, del patrón Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso debió impugnar el oficio DGF/TN/502/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a través del juicio contencioso administrativo a que alude la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 2° En lo que interesa, el artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.[.]" El precepto legal referido prevé la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto. A su vez, la fracción en cita, establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que éste se interponga contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia del rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)" Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 361/2014, en sesión del veintiocho de enero de dos mil quince, determinó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Bajo ese contexto, existen requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, los cuales son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es el primer requisito. En el caso, dicho requisito se encuentra satisfecho, en atención a que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa, esto es al Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, que ordenó el aseguramiento de la cuenta 1522007170 aperturada en la sucursal 0568 "Jalapa Plaza Crystal". 2) El segundo requisito señala que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, Lo señalado se acredita, toda vez que en contra del acto reclamado relativo a la orden de aseguramiento o inmovilización de la cuenta 1522007170 aperturada en la sucursal 0568 "Jalapa Plaza Crystal", del aquí quejoso, resulta procedente el juicio contencioso administrativo, pues al efecto el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contempla que dicho juicio es medio de defensa previsto contra actos de la Administración Pública Federal, en los términos siguientes: "ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;[.]" En relación con este supuesto de procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el agravio consiste en la afectación que se genera a la esfera jurídica de un determinado sujeto, y señaló que la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que procede el juicio de nulidad cuando exista un agravio, lo que implica que las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos, son susceptibles de impugnarse en el juicio de nulidad, cuando éstos afecten de manera negativa la esfera jurídica de los sujetos que pretenden acceder a ese medio de defensa. El criterio antes referido, está contenido en la jurisprudencia 1 a./J. 55/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE ESE TRIBUNAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016, AL ESTABLECER COMO HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA LAS RESOLUCIONES QUE "CAUSEN AGRAVIO EN MATERIA FISCAL", NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA". El precepto citado, al establecer que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que causen un "agravio en materia fiscal" distinto de aquel al que se refieren las fracciones I a III del propio artículo, no genera indefinición alguna a los gobernados, ya que permite conocer con claridad sus alcances. Ello es así, pues tomando en cuenta que un agravio consiste en la afectación que se genera a la esfera jurídica de un determinado sujeto, es claro que cuando la fracción IV del artículo 14 del citado ordenamiento legal refiere que procede el juicio de nulidad cuando exista un agravio, lo que implica que las resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos, son susceptibles de impugnarse en el juicio de nulidad cuando éstos afecten de manera negativa la esfera jurídica de los sujetos que pretenden acceder a ese medio de defensa. La expresión "en materia fiscal" no hace más que enunciar la rama del derecho en donde debe sufrirse la afectación de la persona que pretende accionar el procedimiento contencioso administrativo, por lo tanto, la norma no genera afectación a los derechos fundamentales de seguridad y legalidad, ya que el uso de esa expresión es clara y de fácil entendimiento para el común de los sujetos que tienen una relación con la hacienda pública, pues no hay duda que el legislador dio pauta a la procedencia del juicio de nulidad para los casos en que una resolución, un acto o un procedimiento genere una afectación o un perjuicio en la esfera de derechos y bienes de los sujetos, en la relación que guardan con la hacienda pública". De ahí que, la orden de inmovilización dictada por la autoridad hacendaria, constituya un acto definitivo, pues tiene como objeto la adjudicación en favor del fisco federal del importe que cubra los créditos fiscales a cargo del quejoso, por lo que resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicio en el que se pueden reclamar vicios propios en su emisión e incluso la ilegalidad de su notificación. En tales condiciones en la vía contenciosa administrativa federal, los contribuyentes pueden impugnar las resoluciones de inmovilización de los recursos en sus cuentas bancarias, aun cuando aleguen que no les fueron debidamente notificadas. Conforme a lo anterior, se concluye que, a través del juicio contencioso administrativo federal, los actos reclamados en este juicio consistentes en la inamovilidad, congelación, bloqueo o embargo precautorio de cuentas bancarias a nombre de Ricardo Sol Palestina, pueden ser modificados, revocados o nulificados, al derivar del ejercicio de facultades de la autoridad para hacer efectivo el crédito fiscal a cargo del quejoso. 3) El último requisito, se refiere a que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Ahora, tal requisito se acredita, en virtud que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, ya que tiene los mismos alcances, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". No se opone a lo anterior, el hecho de el medio legal conducente para combatir el acto reclamado sea del ámbito federal, con el hecho de que el oficio DGF/TN/502/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, haya sido emitido por una autoridad local, como lo es la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, toda vez que el citado acto fue expedido en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, y se tuvo al aquí quejoso como sujeto directo de una contribución federal como lo es el Impuesto Sobre la Renta. También es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, Marzo de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por otra parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece además, como excepciones al principio de definitividad las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En cuanto a la primera excepción señalada con el inciso a), se refirió en párrafos anteriores que, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, la citada ley ordena que en el juicio contencioso administrativo el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme, la cual no es menor a lo previsto en la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Ahora, en el caso, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva. Por otra parte, con respecto a la excepción señalada en el inciso b), relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; no se actualiza dicha excepción, dado que, de la determinación que constituye el acto reclamado, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales, pues del oficio DGF/TN/502/2019, de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En efecto, de dicho oficio se desprende que al ordenar la inmovilización de las cuentas del quejoso y su materialización, la responsable lo dictó con sustento entre otros, en los artículos 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 40 fracción III, 40-A fracción III, inciso f), IV y V del Código Fiscal de la Federación Vigente; artículo 117 párrafos primero, tercero fracciones I, II, y V, cuarto y quinto de la Ley de Instituciones de Crédito y 192 primer párrafo de la Ley de Mercado de Valores; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal Vigente. Ello, sin prejuzgar sobre su legalidad, pues la sola invocación de los mismos, permiten que quien resuelve, concluya que el acto reclamado no carece de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata. Por último, es preciso destacar que el quejoso tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, sin embargo, el quejoso alega como violación directa a la constitución su garantías de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, la cual no se actualiza, supuestos que no deben confundirse con las excepciones al principio de definitividad porque éstas se refieren a los supuestos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, entre los cuales sí cabe la excepción al referido principio, por lo que no se actualiza, en el caso concreto dado que se trata de una autoridad administrativa; máxime que se advierte que el acto reclamado, no carece de fundamentación. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, 175-180 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237,480, del siguiente rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Por otro lado, no pasa desapercibido lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 11/2013, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, Marzo de 2013, página 1242, de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO.", Aunado a lo anterior, también se advierte, que el quejoso no es tercero extraño en el presente juicio; pues exhibió diversas constancias que dieron origen a dicho embargo e inmovilización, de ahí que, no pueda considerarse tercero extraño al procedimiento respectivo. Por último con relación al último supuesto de excepción al principio de definitividad, previsto en párrafos anteriores señalado con el inciso d), el acto reclamado tuvo como consecuencia la inmovilización de las cuentas bancarias del aquí quejoso, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que dicho acto se traduce en un acto de imposible reparación, en términos de la jurisprudencia número 2a./J. 133/2010, consultable en la página 104, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone lo siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo." Sin embargo, no obstante lo anterior, tal criterio lo sostuvo la citada Sala, con anterioridad a la reforma de diez de diciembre de dos mil diez, al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, motivo por el cual no resulta aplicable al presente juicio. Máxime que en un nuevo análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Por lo tanto, resolvió que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, por lo cual, todo órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, que esté previsto en la ley que rige dicho acto, y en el caso, a través del juicio contencioso administrativo, se puede impugnar cualquier clase de embargo o inmovilización de cuentas bancarias, pues el quejoso puede encontrar reparabilidad por ese medio. Criterio contenido en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 18/2015 de la Décima Época, Materia Común Administrativa, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) publicada en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En esta tesitura, es evidente que el promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA en consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Hernández Matías, Efraín Landa Thiel, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 82467, 71618, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Verónica Solís Guevara y Rogerio Hernández Matías, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparecen los registros correspondientes, ni tampoco acreditaron contar con dichos documentos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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