Ricardo Severiano Ochoa de Jesús

Expediente 782/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
782/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Severiano Ochoa de Jesús

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, con residencia en Santiago de Querétaro, recibido en línea; en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que ACEPTÓ LA COMPETENCIA planteada por este órgano jurisdiccional. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, al tratarse de un cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "...Boca del Río, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por RICARDO SEVERIANO OCHOA DE JESÚS, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro. Fórmese y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 782/2022, y provéase lo conducente. Ahora, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional estima CARECER DE COMPETENCIA para conocer del asunto. Como punto de partida para evidenciar tal aserto, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el suscrito, previo a pronunciarse respecto de cualquier otra cuestión relacionada con la materia del presente juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Ello es así, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que se haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en términos del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37 y 48 de la ley de la materia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 36, tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, registro 218721, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, de la intelección de los artículos 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa-, el establecimiento de tres reglas para fijar la competencia por territorio de los jueces de Distrito: 1) Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residen las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Con ello, el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben de considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el caso, el acto reclamado es el siguiente: "4. ACTO RECLAMADO: El acto que se reclama de las autoridades responsables ordenadoras es el Auto de fecha 19 de agosto de dos mil veintidós emitido por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, que ordena me interne voluntariamente en el CP1 Varonil en San José el Alto, Querétaro." Luego, como antecedentes, la parte quejosa narra, en lo conducente lo siguiente: "I.- El otrora Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2009 dicto en mi contra una sentencia condenatoria por encontrarme responsable del delito de Portación de Arma de fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea previsto y sancionado por el artículo 83 fracción II, en relación con el 11 inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos., imponiéndome una pena de tres años de prisión y 50 días multa, así mismo se me concedieron los sustitutivos de prisión y condena condicional previstos por los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, la cal quedó firma. Acogiéndome a la condena condicional garantizando la cantidad de de $3000 (tres mil pesos m.n) al cual se me tuvo por acogido en 16 de diciembre de 2009. II.- En virtud que tuve otro diverso proceso del fuero local, estando privado de mi libertad en el Cereso de San Andrés Cholula Puebla, no cumplí con las obligaciones de la condena condicional. III.- Por ello el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, abrió incidente donde me revoco parcialmente el beneficio y en su lugar al emitir resolución incidental fecha 11 de marzo de dos mil dieciséis, decidió modificarme el beneficio de condena condicional el cual me encontraba acogido, y modificar las condiciones impuestas para quedar de la siguiente forma: I.- "Se ejecutará la pena de prisión en sentencia firme hasta ¼ parte (nueve meses) II.- Modificaciones al beneficio y medidas alternativas adoptadas, para la reinserción del sentenciado. a.-) Una ¼ parte (nueve meses) de trabajos en favor de la comunidad, cuando este en libertad. b.-) 2/4 partes (dieciocho meses)de la pena suspendida, será con condena condicional y vigilancia, cuando este n libertad, en términos de ley, en cuanto esté en libertad. c.- Incremento de medida de aseguramiento (garantía) por lo que deberá exhibir un billete de depósito por $2000.00 (dos mil pesos moneda nacional). d.- Informe bimestral de trabajo social de acuerdo a los lineamientos precisados." IV. Actualmente el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, por acuerdo plenario cambio de denominación y actualment su denominación corecta es: Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, quién emitió el auto que causa agravio personal directo al hoy quejoso. V.. Dicho Auto de fecha 19 de agosto de 2022, literalmente a la letra dice: se REQUIERE al sentenciado RICARDO SEVERIANO OCHOA DE JESÚS, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, SE INTERNE VOLUNTARIAMENTE EN EL CENTRO PENITENCIARIO CP1 VARONIL EN SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO, apercibido que de no cumplir con ello, con fundamento en el artículos 71 y 90 del Código Penal Federal, se ordenarpa su reaprehensión a fin de que compurgue el resto de la pena de prisión impuesta en sentencia. Auto, del cual me enteré por parte de mi Defensor, con fecha 22 de agosto de esta año, contra el cual no stoy conforme al considerarse transgreden mis derechos humanos de libertad personal, certeza, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y debido proceso, ya que su su emisión imperativa implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que una orden de aprehensión, por lo que al transgredir derechos fundamentales del suscrito quejoso, me veo en la imperiosa necesidad de promovera mi favor la presente Demanda de Amparo Indirecto." (sic). De lo anterior, del cual refiere el promovente tener un proceso penal en el ahora Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, en el que se le concedió el beneficio de codena condicional, mismo que como refiere no pudo cumplir, y la aludida responsable mediante auto de diecinueve de agosto del año en curso, le requirió para que se interne voluntariamente en el Centro Penitenciario CP1 Varonil en San José El Alto, Querétaro, apercibido que en caso de no cumplir se ordenaría su reaprehensión a fin de compurgue la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia, por lo que las consecuencias de dicho acto reclamado tienen ejecución material en Querétaro, Querétaro, lugar donde este juzgador no ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la informan, la siguiente jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Entonces, debe colegirse que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en Turno, con residencia en Querétaro, en cuya jurisdicción tienen ejecución las consecuencias jurídicas del acto reclamado, conforme a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, en el caso, no se advierte la existencia de algún otro acto concreto que se haya ejecutado o trate de ejecutarse en algún lugar en el que tenga jurisdicción este Juzgado Cuarto de Distrito en Veracruz, como tampoco existe alguna autoridad con residencia en esta entidad federativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa y declina su competencia, por razón de territorio, a favor del Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en Turno, con residencia en Querétaro. En consecuencia, remítase la demanda de amparo promovida por el quejoso al aludido juzgador, a quien se estima competente para conocer de ella, para que si lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto; solicitándole que haga del conocimiento de este Juzgado la resolución que al respecto pronuncie y lo remita vía interconexión. Asimismo, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que se esté dentro de los supuestos establecidos en el diverso 15 de la propia ley en cita. AUTORIZADOS Ténganse como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a René Farias Ocampo, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene únicamente como autorizada para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a la diversa persona toda vez que no acreditó encontrarse registrada en el sistema arriba mencionado. DOMICILIO PROCESAL Y NOTIFICACIÓN Asimismo, por única ocasión y a efecto de no dejar al quejoso en estado de indefensión notifíquese lo anterior al domicilio que señala en su demanda de amparo en esta localidad de Veracruz. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se sirva a notificar la presente determinación al quejoso, asimismo, conforme al artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza donde oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26 de la ley de la materia. Indíquese a las actuarias de este Juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el número telefónico 5539672364; sin que a través de dicha mensajería telefónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no son medios de notificación previstos por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley..."

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