Ricardo Severiano Gamboa

Expediente 742/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
742/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Severiano Gamboa

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Substanciación del juicio. Mediante escrito depositado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, turnado a este juzgado federal el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y seguida las formalidades de ley, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos omisivos que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable la siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. ACTO RECLAMADO ( La omisión de dictar el acuerdo de radicación en el juicio laboral ******************** del índice de dicho tribunal, así como la orden de emplazar a juicio al tercero interesado en el citado expediente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por técnica jurídica, ahora procede analizar la inexistencia o certeza de las omisiones controvertidas. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone las hipótesis normativas para decretar la inexistencia de los actos reclamados, a saber: a) Cuando en los autos está claramente demostrado que no existen los actos reclamados; o b) Negados los actos reclamados por la autoridad responsable, cuando no se prueba la existencia de éstos hasta la celebración de la audiencia constitucional. En el caso concreto, es inexistente el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, porque así se aprecia del informe justificado, ello en virtud de que, mediante acuerdo de treinta de marzo del dos mil veintidós, radicó el juicio laboral burocrático ********************y ordeno emplazar a la demanda, en atención a la demanda interpuesta por el aquí quejoso (foja 15); circunstancia que se acredita con la documental que adjuntó a dicho informe, proveído que adquirió certeza jurídica el tres de junio de dos mil veintidós, fecha en que se notificó por boletín judicial. Documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria; por lo que ello, robustece lo determinado en el párrafo que precede. En ese contexto, es válido considerar que el acto reclamado a través de este juicio constitucional no existe, ya que es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda ya había sido subsanada la omisión por la responsable. En este tenor, es por demás claro que al veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda de amparo, no existían las omisiones reclamadas; toda vez que la responsable ya había radicado la demanda del quejoso, dado que lo cierto es que ya existía un pronunciamiento al respecto, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". Ahora, los artículos 1° fracción I y 75° primer párrafo de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; [.] "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad." Como se ve, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan derechos humanos, de lo que se infiere que el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda. Este aserto se corrobora con lo dispuesto por el descrito artículo 75 del ordenamiento invocado, que establece que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De lo anterior se sigue que los actos deben estudiarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, debe probarse que existían a la presentación del libelo. Por tanto, si los actos reclamados en la demanda de amparo presentada el veintidós de mayo de mayo del dos mil veintidós, consisten en el silencio en que incurrió la responsable, al omitir dictar el acuerdo de radicación y como consecuencia ordenar emplazar a la parte demanda dentro del juicio laboral burocrático ******************** respecto de las cuales ya existía un pronunciamiento mediante acuerdos de treinta de mayo de dos mil veintidós, el cual adquirió certeza jurídica al ser notificado el tres de junio siguiente; es claro que procede el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado en estudio, por no existir a la fecha de la presentación de la demanda. Esto, tomando en cuenta que del análisis del artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º y 75, del mismo ordenamiento legal que han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tomando en cuenta que, por regla general, todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho humano transgredido, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. O como en el caso en estudio, si bien pudo existir un plazo de tiempo en el que no se habían acordado sus peticiones, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda las omisiones reclamadas ya no existían, por lo que ya no habría materia sobre la cual restituir al quejoso. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 12, Tomo VI, común, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sobre la base de lo relatado con anterioridad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados, como quedó analizado en párrafos precedentes. Sin que haya lugar a dar vista para que amplié la demanda el quejoso, pues de las constancias de autos se advierte que la respuesta fue notificada el tres de junio de dos mil veintidós, por lo que ya la conocía antes de la presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 73, 74, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado y autoridades responsables indicadas en la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional está fijada para esta fecha, no obstante, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado por el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe rendido por la autoridad responsable en proveído de quince de junio del año en curso. DIFERIMIENTO Por tanto, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional prevista para esta data y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con sustento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por si y en representación de dicho órgano laboral, con su contenido íntegro dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la responsable, la documental que adjuntó a su informe de cuenta en copia certificada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nuevamente relación en la audiencia constitucional. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.

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