Ricardo Serrano Lozano
Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/12/2022
Partes del expediente
- Ricardo Serrano Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que la secretaria proyectista de juzgado verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; así como, con el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el anual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 8, punto 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos" serie 3, al haberse concedido la suspensión provisional pero negado la suspensión definitiva; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años destrúyase el expediente original del incidente de suspensión. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Alegatos sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el pedimento 77/2022 presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual formula alegatos, toda vez que el veintidós de junio del presente año, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. En cuanto a las copias certificadas de la sentencia que solicita el Fiscal Federal adscrito, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las mismas, previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de junio de dos mil veintidós. Certificación secretarial. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveídos de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, a fin de que corrigiera la denominación, o bien, acreditara la existencia de las autoridades responsables que señaló como: Agente del Ministerio Público Titular de la agencia del Mariano Matamoros. Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Receptora la Mesa. Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Receptora Mesa de Otay. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado en Tijuana, Baja California adscrito al grupo de aprehensiones. Comandante de la policía ministerial del estado del Estado con residencia en esta Ciudad de Tijuana, Baja California. Sin que a la fecha la parte quejosa haya dado cumplimiento al mismo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintisiete de mayo del presente año y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a las autoridades antes mencionadas, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Notifíquese.
- Incidental
SEGUNDO. Trámite. En auto de veinte mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, ordenando formar por duplicado y separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "la posible orden de aprehensión, y el cumplimiento que se le pretenda dar a una posible orden de aprehensión o detención." TERCERO. Efectos de la suspensión. Así también la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos siguientes: "Que se mantengan en el mismo estado que guardan las cosas y no sea detenido arbitrariamente" En esa tesitura, ya establecido lo anterior, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019200, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". CUARTO. Negativa de la suspensión. Las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas, rindieron sus informes previos de la manera siguiente: No. Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Juez Tercero Penal. Niega 44 2 Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Niega 46 3 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Orgánica de Lesiones. Niega 47 4 Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio Publico Investigadora de Delitos Patrimoniales. Niega 49 5 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros. Niega 50 6 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación UTMC Zona Mariano Matamoros. Niega 50 7 Juez Segundo de lo Penal Niega 51 8 Juez Cuarto de lo Penal. Niega 56 9 Juez Quinto de lo penal. Niega 56 10 Juez Primero de lo Penal. Niega 58 11 Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad de Tramite Masivo de Causas la Mesa. Niega 59 12 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, Zona Centro. Niega 60 13 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, Zona Centro. Niega 61 14 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, Zona Centro Niega 62 15 Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Niega 63 Y 64 16 Juez de Control del Poder Judicial del Estado Niega 65 17 Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, con sede en Tijuana Niega 67 18 Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, con sede en Tijuana Niega 69 19 Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, con sede en Tijuana Niega 71 Toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dichas negativas; procede negar la suspensión definitiva solicitada al no existir materia sobre la cual decretarla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único. Se niega a Ricardo Serrano Lozano, la suspensión definitiva, contra las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.
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