Ricardo Segovia Pedroza
Expediente 1564/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1564/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ricardo Segovia Pedroza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
Audiencia constitucional. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de veintitrés de enero de este año, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1564/2018. El licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, la secretaría realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos; al respecto, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas (fojas 90 y 91); Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado (fojas 94 y 95); Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas (fojas 97 y 224); Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (fojas 114 y 115); y, Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (fojas 117 y 118); y, además se da cuenta con las constancias aportadas por las tres últimas responsables citadas, como anexo a sus informes con justificación (fojas 98 a 110, 119 a 121 bis y 125 a 137). A continuación, el secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con las constancias relacionadas por la Secretaría, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales aportadas por la parte quejosa (fojas 11 a 73), así como con las constancias reseñadas por la Secretaria; documentales que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo; finalmente, sin más pruebas que relacionar, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no se recibió promoción alguna; por lo que, sin alegatos que relacionar, se cierra este periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1564/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rigoberto Hernández Hernández, Víctor Alejandro Hernández Granados, Rigoberto Hernández Lira, Gonzalo Alcalá Hernández, Eduardo Javier Hernández Granados, Pedro Hernández Lira, J. Refugio Hernández Hernández, Javier Hernández Hernández, José Pedro Hernández González, José Pedro Hernández Hernández, José Álvaro Hernández Gurrola, Jesús Valdiva Hernández, Álvaro Hernández Hernández, Rafael Hernández Hernández, Rafael Hernández Valadez, Francisco Hernández Valadez, Jaime López Ríos, Marisol López Rojas, Rafael Solís Puente, Eleazar Solís Ibarra, Jorge Luis Solís Ibarra, Alfredo Santos Rodríguez, Felipe Bravo González, Alfredo López Ríos, Ricardo Rivera Barrios, Jorge Solís Zapata, Alejandro Solís de Luan, Jorge Solís de Luna, J. Guadalupe Sandoval González, Alfredo Medrano Medrano, Guadalupe Solís Rucobo, Rodolfo Solís Rucobo, Ricardo Solís López, Uriel Solís Ponce, Emilio Solís Rucobo, Juan Monsiváis Esparza, Pedro Solís Santacruz, Víctor Manuel Solís Martínez, Eduardo Solís Rodarte, Saúl Solís Santacruz, Guillermo Nájera Martínez, Fidel Solís Escamilla, Efrén Solís Escamilla, Isidro Solís Rucobo, Mario Solís López, Francisco Solís Zapata, José Emilio Solís Rodarte, Margarita Santacruz Sánchez, Noel Alejandro Méndez Pichardo, Jorge Manuel Pérez Torres, Ricardo Devora Castañeda, Juan García Monsiváis, Oscar Yunel Domínguez Pargas, Isidro Cabral Martínez, Rosa Martha Dávila Martínez, María Elena Dávila Martínez, Víctor Melchor Dávila Martínez, Carlos Erick Devora Castañeda, Arturo Dávila Martínez y Ricardo Segovia Pedroza, por sus propios derechos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad responsable, que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 1564/2018; por auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, los quejosos reclaman, lo siguiente: A la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, lo siguiente: a) La orden de medida de protección impuesta en su contra, prevista en el artículo 137, fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la orden de detención, comparecencia o presentación. Al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: b) La ratificación de la orden de medida de protección impuesta en su contra precisada en el inciso que antecede, así como la orden de aprehensión o reaprehensión, emitida en su contra. Al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas; Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado; y, Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas: La ejecución de la orden de medida de protección; así como de las órdenes de detención, comparecencia, presentación, aprehensión o reaprehensión. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que más adelante se precisan: (i) El reclamado al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas, consistente en la ejecución de la orden de medida de protección emitida contra los quejosos, así como de las órdenes de detención, comparecencia, presentación, aprehensión o reaprehensión. (ii) Los reclamados al Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado; Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas; Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; y, Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; consistentes en las órdenes de detención, comparecencia, presentación, aprehensión o reaprehensión, así como su ejecución. (iii) Los reclamados al Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado; Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas; Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; y, Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en la imposición de medidas de protección, su ratificación y su ejecución, atribuible en el ámbito de sus funciones, al relativa a los quejosos Rigoberto Hernández Hernández, Víctor Alejandro Hernández Granados, Gonzalo Alcalá Hernández, Eduardo Javier Hernández Granados, Pedro Hernández Lira, J. Refugio Hernández Hernández, Javier Hernández Hernández, José Pedro Hernández González, José Álvaro Hernández Gurrola, Jesús Valdiva Hernández, Álvaro Hernández Hernández, Rafael Hernández Hernández, Rafael Hernández Valadez, Francisco Hernández Valadez, Marisol López Rojas, Rafael Solís Puente, Eleazar Solís Ibarra, Jorge Luis Solís Ibarra, Felipe Bravo González, Alfredo López Ríos, Ricardo Rivera Barrios, Jorge Solís Zapata, Alejandro Solís de Luan, Jorge Solís de Luna, J. Guadalupe Sandoval González, Alfredo Medrano Medrano, Guadalupe Solís Rucobo, Rodolfo Solís Rucobo, Ricardo Solís López, Uriel Solís Ponce, Emilio Solís Rucobo, Juan Monsiváis Esparza, Pedro Solís Santacruz, Eduardo Solís Rodarte, Saúl Solís Santacruz, Guillermo Nájera Martínez, Efrén Solís Escamilla, Isidro Solís Rucobo, Mario Solís López, Francisco Solís Zapata, José Emilio Solís Rodarte, Margarita Santacruz Sánchez, Ricardo Devora Castañeda, Oscar Yunel Domínguez Pargas, Rosa Martha Dávila Martínez, María Elena Dávila Martínez, Víctor Melchor Dávila Martínez, Carlos Erick Devora Castañeda, Arturo Dávila Martínez y Ricardo Segovia Pedroza. Lo anterior toda vez que, las responsables de que se tratan así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que para ello obste que la mencionada autoridad, indicó que existe orden de aprehensión en contra del quejoso Carlos Erick Dévora Castañeda, no obstante esa orden conforme quedó precisado en la litis del presente juicio, los actos reclamados son atribuibles a las autoridades ordenadoras Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y todo ello derivado de la orden de medida de protección impuesta en su contra, prevista en el artículo 137, fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, su ratificación y su ejecución; por tanto, la orden que menciona el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas, que existe en contra del quejoso Carlos Erick Dévora Castañeda, no guarda relación con el presente juicio. Manifestaciones de las responsables con las cuales, se dio vista a la parte quejosa, para que desvirtuara tales negativas; sin que dicha parte hubiera manifestado algo al respecto, de ahí que cobra firmeza el contenido de dichos informes. Máxime que, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a la responsable, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso en concreto no aconteció. Cobra aplicación la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, autoridades responsables y quejosos, precisados en este considerando. CUARTO. Certeza del acto. Sí es cierto el acto reclamado, consistente la imposición de medidas de protección, su ratificación y su ejecución, únicamente respecto de los quejosos Noel Alejandro Méndez Pichardo, Fidel Solís Escamilla, Jorge Manuel Pérez Torres, Víctor Manuel Solís Martínez, Isidro Cabral Martínez, Jaime López Ríos, Alfredo Santos Rodríguez, Rigoberto Hernández Lira, José Pedro Hernández Hernández y Juan García Monsiváis, toda vez que las autoridades responsables Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado; Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas; y, Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, reconocieron su existencia al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Asimismo, también es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, pues si bien dicha autoridad negó el acto que se le atribuye, tal negativa queda desvirtuada con los diversos informes rendidos por las demás autoridades responsables. QUINTO. Procedencia del juicio (causales de improcedencia). Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. Apartado A. Respecto del acto reclamado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Conviene recordar que en el presente juicio se reclama a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, la orden de medida de protección impuesta en su contra, prevista en el artículo 137, fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Así es, del informe rendido por la autoridad responsable Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se advierte que el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se realizó el acto de revisión judicial previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, decretó en contra de Noel Alejandro Méndez Pichardo, Fidel Solís Escamilla, Jorge Manuel Pérez Torres, Víctor Manuel Solís Martínez, Isidro Cabral Martínez, Jaime López Ríos, Alfredo Santos Rodríguez, Rigoberto Hernández Lira, José Pedro Hernández Hernández y Juan García Monsiváis (además de diversas personas), por lo que en esa fecha fue ratificada la imposición de las medidas de protección impuestas por el Ministerio Público, para lo cual anexó las constancias relativas al caso (fojas 117 a 121 bis) En ese contexto, se precisa que el artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." (lo subrayado es propio) De la anterior transcripción se evidencia como requisito para orden de medidas de protección previstas en el artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dentro de los cinco días en que se emitan, se celebre audiencia ante un juez, en el que éste las ratifique, cancele o modifique, siendo que es ésta última resolución la que sustituye a la primera, no obstante que el supuesto a analizar sea su ratificación. Entonces es claro que las medidas de imposición reclamadas al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, fueron sustituidas por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, mediante resolución de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en que ratificó las mismas, de ahí que las medidas impuestas por el representante social, ya no pueden ser analizadas a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretende la parte quejosa. Por tanto, no podría estudiarse la legalidad de la orden de medida de protección impuesta en contra de los quejosos, prevista en el artículo 137, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo en la resolución de veintiuno de agosto de la anualidad pasada, dictada por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado marcado con el inciso a), como ya se evidenció. Ilustra la consideración anterior, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.3o.C.769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos.". En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto consistente en la orden de medida de protección impuesta en su contra, prevista en el artículo 137, fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, reclamada al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Apartado B. Respecto del acto reclamado al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Ahora bien, respecto del acto que se reclamó al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y que consiste en la ratificación de la orden de medida de protección impuesta en su contra, prevista en el artículo 137, fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por estos aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre su validez, en atención a que aún y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, perdería eficacia la sentencia pronunciada, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Lo anterior, partiendo que en conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos, obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, se debe entender como "actos consumados" cuando se han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la Jurisprudencia (Administrativa) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" Pues bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, cuenta habida que la responsable al rendir su informe justificado, indicó que el veintiuno de agosto de la anualidad pasada, se ratificó la medida de protección impuesta por el Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y se determinó una duración máxima de sesenta días naturales, en términos del artículo 139, del Código Nacional de Procedimientos. Resolución que, como ya se dijo, se emitió el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, toda vez que las medidas de protección decretadas a favor de la víctima concluyeron, resulta inconcuso que el acto reclamado se consumó de modo irreparable, pues a nada conduciría analizarlo, ya que la sentencia aun y cuando pudiera llegar a conceder la protección constitucional, perdería su eficacia ante la imposibilidad material y jurídica de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano probablemente violado. No cambia el hecho que los quejosos al acudir a juicio de amparo, solicitaran la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, no obstante, al admitir el incidente de suspensión, mediante auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, les fue negada la misma, por lo que hace a la orden de medida de protección impuesta en su contra, prevista en el artículo 137, fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo anterior, respecto a la resolución de veintiuno de agosto de la anualidad pasada, emitida por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en que ratificó la medida de protección impuesta por el Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio por ese acto, ello, en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Director de la Policía Estatal Preventiva del Estado y Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zacatecas, pues al sobreseerse en el juicio respecto al acto reclamado a la autoridad ordenadora, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del procedimiento de ejecución por ser consecuencia directa de aquel. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 647, visible a página 434, tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que textualmente dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Ahora bien, al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Rigoberto Hernández Hernández, Víctor Alejandro Hernández Granados, Rigoberto Hernández Lira, Gonzalo Alcalá Hernández, Eduardo Javier Hernández Granados, Pedro Hernández Lira, J. Refugio Hernández Hernández, Javier Hernández Hernández, José Pedro Hernández González, José Pedro Hernández Hernández, José Álvaro Hernández Gurrola, Jesús Valdiva Hernández, Álvaro Hernández Hernández, Rafael Hernández Hernández, Rafael Hernández Valadez, Francisco Hernández Valadez, Jaime López Ríos, Marisol López Rojas, Rafael Solís Puente, Eleazar Solís Ibarra, Jorge Luis Solís Ibarra, Alfredo Santos Rodríguez, Felipe Bravo González, Alfredo López Ríos, Ricardo Rivera Barrios, Jorge Solís Zapata, Alejandro Solís de Luan, Jorge Solís de Luna, J. Guadalupe Sandoval González, Alfredo Medrano Medrano, Guadalupe Solís Rucobo, Rodolfo Solís Rucobo, Ricardo Solís López, Uriel Solís Ponce, Emilio Solís Rucobo, Juan Monsiváis Esparza, Pedro Solís Santacruz, Víctor Manuel Solís Martínez, Eduardo Solís Rodarte, Saúl Solís Santacruz, Guillermo Nájera Martínez, Fidel Solís Escamilla, Efrén Solís Escamilla, Isidro Solís Rucobo, Mario Solís López, Francisco Solís Zapata, José Emilio Solís Rodarte, Margarita Santacruz Sánchez, Noel Alejandro Méndez Pichardo, Jorge Manuel Pérez Torres, Ricardo Devora Castañeda, Juan García Monsiváis, Oscar Yunel Domínguez Pargas, Isidro Cabral Martínez, Rosa Martha Dávila Martínez, María Elena Dávila Martínez, Víctor Melchor Dávila Martínez, Carlos Erick Devora Castañeda, Arturo Dávila Martínez y Ricardo Segovia Pedroza, por sus propios derechos, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y consideraciones que quedaron plasmadas en los considerandos tercero y quinto, de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y del oficio CCJ/ST/0112/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando ante la licenciada Tiziana Eliana del Carmen Moscoso López, secretaria que autoriza y da fe.
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Visto; el estado de autos, del que se advierte que los informes que obran, no fueron puestos a la vista de la parte tercero interesada con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las diez horas con treinta minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve, para su verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
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Visto; el estado que guardan los presentes autos del que se advierte que se encuentra pendiente la notificación al presente juicio de amparo, del tercero interesado "Rivera y Rivera", Sociedad Anónima de Capital Variable; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las once horas del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, para su verificativo.
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