Ricardo Sarmiento Sosa
Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/05/2023
Partes del expediente
- Ricardo Sarmiento Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte en fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés entró en vigor el Acuerdo General 107/2022, publicado en trece de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; en el que se amplió la competencia de este Juzgado de Distrito, a materia mixta y cambió la denominación, quedando de la siguiente manera: Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. ? Causa estado no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de diciembre del dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que se tuvo por no presenta la demanda de amparo...
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en siete de diciembre de la presente anualidad, de lo cual este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En otro contexto, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizando delegados a los que refiere en los informes, lo anterior en términos de los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar al quejoso ********************, por los motivos que en la misma se asientan. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de diciembre de la presente anualidad, notifíquese por lista el auto de referencia; de igual forma, en los mismos términos realícense las subsecuentes notificaciones de carácter personal que se decreten en autos; ello, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para oír notificaciones en este juicio de amparo. Tijuana, Baja California, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo, promovida por Adalberto López Hernández y Marco Antonio Rodríguez Sánchez, a favor de Ricardo Sarmiento Sosa, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 991/2022-V. Suspensión de Plano. En ese orden de ideas, por lo que hace a los actos reclamados que se hacen consistir en la deportación o expulsión, de que se dice ser objeto Ricardo Sarmiento Sosa, se decreta la suspensión de plano o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traiga como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ello que resulte en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión de plano respecto los actos consistentes en la deportación y expulsión, por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente; igualmente, en relación a la ausencia de asesoría legal, deben cesar sus efectos inmediatamente, ya que conforme al numeral 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tienen derecho a permitirles el acceso de sus representantes legales y tener asesoría legal en el procedimiento migratorio. En torno al acto reclamado consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, dada la naturaleza de la citada autoridad, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del ministerio público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país.
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