Ricardo Santiago Hernández
Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Santiago Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
INC 518/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20, fracción III, y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, el original de este expediente será DESTRUIBLE; por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 518/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintidós de septiembre de este año, firmada y autorizada el veintinueve de septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de I) la autoridad responsable y II) agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 7. Documentos a disposición. En la certificación de cuenta se hizo constar que en la Secretaría de este Juzgado se encuentran resguardados cuatro discos exhibidos por la parte quejosa como prueba documental. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esos discos; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, será destruida junto con este expediente, que es destruible. 8. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 518/2023 MESA 7* Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 518/2023; y ********************R e s u l t a n d o s:********************Primero. Demanda de amparo. ********************Presentación. Mediante demanda de amparo recibida el veintinueve de mayo de este año a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridad responsable que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia.********************1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés se ordenó formar expediente con el número 518/2023 y se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención que legalmente le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, quien no formuló pedimento; se pidió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************Tercero. Emplazamiento de parte tercera interesada. El diecinueve de julio del año que transcurre se ordenó emplazar a este juicio de amparo a María Guadalupe Hernández Badillo, en su carácter de tercera interesada; lo que aconteció el veintisiete de julio último, por lista de acuerdos, previo citatorio. ********************Cuarto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y,********************C o n s i d e r a n d o s:********************Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por tratarse de un asunto de naturaleza civil y los actos se reclaman de una autoridad con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta.********************Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en:********************Omisión de estar presente en la celebración del convenio en el expediente familiar ********************, el día ocho de mayo de dos mil veintitrés.********************Negativa de otorgarle copia certificada del convenio celebrado el ocho de mayo de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************.********************Omisión de darle el derecho de una asesoría adecuada previo a la celebración del convenio en el expediente de referencia.********************Omisión de ordenar la reposición de la audiencia de celebración de convenio para concluir el expediente familiar ********************, bajo su supervisión y asistencia personal como jueza encargada del Juzgado Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca.********************Que atribuye a la jueza Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca.********************Tercero. Inexistencia de dos actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el secretario encargado del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le reclama.********************3.1 Por lo que hace a la omisión de estar presente en la celebración del convenio en el expediente familiar ********************, el día ocho de mayo de dos mil veintitrés, la responsable señaló que no es cierto el acto reclamado, precisamente, porque fue la jueza de ese órgano judicial quien exhortó a los litigantes a que llegaran a un convenio en esa data, esto con auxilio de sus abogados.********************Ahora, debe estimarse que ante actos negativos - simples- esto es, el reclamo de una omisión, no basta la sola manifestación de inexistencia del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, sino que tiene la carga para probar lo contrario [conducta positiva], ya que jurídicamente no es posible acreditar algo que no existe.********************Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: ********************"ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."********************De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: ********************"ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARÁCTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario."********************Precisado lo anterior, para acreditar su negativa, la autoridad remitió copia certificada de diversas actuaciones derivadas del expediente ********************, de su índice, entre las que se encuentra la audiencia celebrada el ocho de mayo de dos mil veintitrés; misma de la que se lee textualmente lo siguiente: ********************"AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS: En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo LAS DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha señalada para que tenga lugar la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, estando presente la Licenciada LETICIA GARCÍA SOTO, Juez Octavo de lo Familiar y conclusión de los asuntos del séptimo civil del Distrito Judicial del Centro, en términos del acuerdo 48/2019, emitido por el pleno del consejo de la judicatura del poder judicial del estado de Oaxaca, que actúa legalmente con el Licenciado JOSÉ LUIS FIGUEROA GOMEZ, Secretario Judicial que autoriza y da fe, con la asistencia de."********************(Transcripción -lo subrayado es propio de este Juzgado-.)********************Documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ********************De lo anterior se advierte que la autoridad responsable sí estuvo presente en la audiencia celebrada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, que concluyó con la celebración de un convenio entre las partes procesales en el referido expediente.********************De ahí que la omisión reclamada no existe, ya que de autos del juicio civil ******************** se desprende que la juez responsable sí estuvo presente en la audiencia celebrada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que las partes llegaron a un convenio para concluir el asunto familiar; sin que la documental ofrecida por la parte quejosa en este juicio de amparo sea suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad, misma que consistió en:********************a) Captura de pantalla de búsqueda de cédula profesional número 19573296. ********************b) Cédula de notificación del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************. ********************c) Acuse del escrito de contestación de demanda con sello de recepción de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés.********************d) Cuatro discos que contienen un audio grabado el nueve de mayo de dos mil veintitrés; exhibidos mediante la promoción registrada con número de folio 8200.********************Pues las documentales marcadas con los incisos a), b) y c) no se desprende que se encuentren encaminadas a demostrar que la juez responsable incurrió en la omisión de estar presente en la audiencia que se le reclama, sino hace referencia a una cédula profesional y constancias diversas que obran en el expediente familiar (una cédula de notificación y el acuse de un escrito); en tanto que de la marcada con el inciso d), una vez reproducidas las respectivas videograbaciones (cuatro), que son de mismo contenido, únicamente se advierte que en fecha posterior a la celebración del convenio en comento, la parte quejosa acudió al Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, a solicitar la consulta del expediente físico ********************, en el que es parte procesal.********************3.2 Ahora, respecto al acto reclamado consistente en la negativa de otorgarle a la parte quejosa copia certificada del convenio celebrado el ocho de mayo de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************, la responsable manifestó que de las constancias procesales no se advierte que el quejoso haya solicitado ya sea de forma verbal o por escrito la expedición de dichas constancias.********************En el caso, el quejoso no acreditó haber ejercido su derecho a formular una petición a una autoridad, pues omitió exhibir el acuse de recibo del escrito de solicitud ante la responsable y en el que conste que elevó la solicitud cuya negativa combate o, bien, señalar la actuación derivada del referido expediente familiar en la que conste que realizó dicha petición; siendo que para reprochar una violación a la autoridad se debe probar con documento idóneo, necesaria y de manera previa, que se presentó la petición, o que se realizaron los trámites para ello, lo que en la especie no ocurrió; pese a que, dada la naturaleza del acto, estaba obligado a ello, ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXLI/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." ****************************************De ahí que el acto reclamado debe tenerse por inexistente, pues, de acuerdo con lo antes expuesto, al quejoso correspondía acreditar la preexistencia de la solicitud que afirma fue negada, lo que, como se vio, no aconteció. ********************Sin que la prueba documental que ofreció, consistente en cuatro discos que contienen un audio grabado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, desvirtúe la negativa de la responsable, pues, como se mencionó en párrafos anteriores, de la reproducción de dichas videograbaciones únicamente se aprecia, en todo caso, que en fecha posterior a la celebración del referido convenio la parte quejosa acudió al Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, a solicitar del expediente físico ********************, en el que es parte procesal.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la jueza Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en la 1) omisión de estar presente en la celebración del convenio en el expediente familiar ********************, el día ocho de mayo de dos mil veintitrés y 2) negativa de otorgarle copia certificada del convenio celebrado el ocho de mayo de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************.********************Cuarto. Existencia de diversos actos reclamados. Por lo que hace a los diversos actos reclamados:********************Omisión de darle el derecho de una asesoría adecuada previo a la celebración del convenio en el expediente de referencia.********************Omisión de ordenar la reposición de la audiencia de celebración de convenio para concluir el expediente familiar ********************, bajo su supervisión y asistencia personal como jueza encargada del Juzgado Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca.****************************************El secretario encargado del Juzgado Octavo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, negó su existencia; además, en lo sustancial, manifestó que:********************En el órgano jurisdiccional a su cargo se tramita el expediente ********************, relativo al juicio promovido en la vía de controversias del orden familiar por María Guadalupe Hernández Badillo, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales R.A.S.H., contra el aquí quejoso ********************en el que se demandó a este último la guarda y custodia provisional de la citada infante y, en su momento, la definitiva, así como el otorgamiento de una pensión alimenticia.****************************************No es cierto que la aquo no estuviera presente en el convenio de fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, ya que es, precisamente, esa autoridad quien exhortó a los litigantes a que llegaran a un convenio, tal como se desprende de la diligencia desahogada en el expediente ********************, relativo al juicio de controversias del orden familiar, promovido por María Guadalupe Hernández Badillo contra el quejoso Ricardo Santiago Hernández.****************************************El demandado (quejoso) compareció a la audiencia de ocho de mayo del año que transcurre con asesoría de su abogado; con su auxilio, indicaron a la juez natural que si llegaban a un acuerdo, por lo que plasmaron las cláusulas que solicitaron se elevaran a categoría de sentencia; siendo lo que la responsable ordenó en la audiencia en mención.****************************************No puede ordenar la reposición de una audiencia, si no es el superior jerárquico quien, en su caso, lo ordene; por lo que el convenio de referencia se aprobó al no contener cláusulas contrarias a la moral y al derecho, se elevó a categoría de sentencia.****************************************Sin embargo, como de las manifestaciones de la responsable se advierte que subsiste el convenio elevado a categoría de sentencia, celebrado en audiencia de ocho de mayo de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************; a efecto de resolver este juicio de amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados. ********************Tiene aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, materia común, octava época, del rubro y texto siguientes: ********************"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen en de dicho informe."****************************************Quinto. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. ********************En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista el numeral 61 de la Ley de Amparo, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. ********************En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ****************************************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] ********************VIII. Los conceptos de violación." ****************************************En relación con el citado motivo de improcedencia, en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 373, registro digital 193829, se expuso lo siguiente: ********************"IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." ********************De acuerdo con este criterio, la improcedencia del juicio de amparo solamente puede derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. ********************Del segundo de los numerales transcritos se desprende que la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la cual se expresarán los conceptos de violación.********************Además, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, establece uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el de estricto derecho, consistente en que la constitucionalidad de los actos reclamados únicamente se puede analizar a la luz de los argumentos expuestos en la demanda.********************En concordancia con lo anterior, el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone que la parte quejosa debe formular en su demanda los conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de los actos o, en su caso, de los preceptos reclamados. ********************De esa forma, se deduce que si la parte quejosa omite formular conceptos de violación relativos al acto reclamado, el juzgador se encuentra impedido para examinar su constitucionalidad, en tanto que aquéllos constituyen el límite y condición en el actuar del órgano jurisdiccional. ********************En el caso, no se aprecia que el quejoso haya formulado conceptos de violación para evidenciar la ilegalidad de los actos reclamados consistentes en:********************Omisión de darle el derecho de una asesoría adecuada previo a la celebración del convenio en el expediente de referencia.********************Omisión de ordenar la reposición de la audiencia de celebración de convenio para concluir el expediente familiar ********************, bajo su supervisión y asistencia personal como jueza encargada del Juzgado Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca.********************Siendo que el quejoso se concretó a exponer en los antecedentes de los actos reclamados de su demanda de amparo, que contestó la demanda entablada en su contra en el juicio familiar ********************, el tres de mayo del año en curso, y se presentó a la audiencia de pruebas y alegatos de ocho de mayo de dos mil veintitrés, pero no se percató de llevar a un abogado titulado, pues las personas que lo ayudaron a contestar su demanda y autorizó en su escrito de contestación carecen de cédula profesional para ser defensores privados; por lo que al no estar la juez presente en dicha audiencia, no se percató de tal circunstancia; siendo la razón por la que el quejoso considera la aquo debe ordenar la reposición de dicha audiencia.********************Y en el título "VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DE SU DEMANDA DE AMPARO", únicamente transcribió el contenido de los artículos 14 y 17 constitucionales e invocó diversas tesis, sin exponer mayor argumentación. ********************Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, registro digital 185425, de rubro y texto: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." ****************************************En ese contexto, no existe planteamiento alguno que obligue a este órgano jurisdiccional a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues no se actualiza alguno de los supuestos para suplir la deficiencia de los conceptos de violación que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. ********************Ello es así, porque los referidos actos no se fundaron en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Plenos de Circuito, ni se advierten violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado a la parte quejosa sin defensa. Además, el quejoso no acreditó encontrarse en ninguno de los supuestos que prevén las fracciones del numeral 79 de la Ley de Amparo. ********************Por tanto, es indudable que al relacionarse el numeral 108, fracción VIII, con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, se obtiene que, respecto del acto antes indicado, el juicio de amparo es improcedente. ********************Sirve de sustento la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 103-108, Sexta Parte, página 17, registro digital 252643, de rubro y texto: ********************"ACTO RECLAMADO, EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL. Conforme a la técnica jurídico procesal del juicio de garantías, la constitucionalidad del acto reclamado debe analizarse únicamente en función de los conceptos de violación que haya hecho valer la parte agraviada y no en forma directa, toda vez que el Juez de amparo debe constreñirse a la litis planteada." ****************************************De igual forma, por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, Primera Parte, página 108, registro digital 232306, del tenor siguiente: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita." ********************También es ilustrativa la jurisprudencia P./J.111/2004, sustentada por el Pleno de ese Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 5, registro digital 180159, de rubro siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO".****************************************Así, no obsta que el quejoso manifieste que se trasgredieron, en su perjuicio, diversas disposiciones legales previstas en la constitución, porque, conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, se encontraba obligado a cumplir los requisitos previstos para la promoción del juicio de amparo, entre ellos, la formulación de los conceptos de violación correspondientes. ********************De esa manera, no se afecta el derecho fundamental a un "recurso judicial efectivo", en perjuicio de la parte quejosa, pues para analizar el fondo de la controversia planteada a través del juicio de amparo, es indispensable que se cumplan con los requisitos y presupuestos procesales establecidos en la Ley de Amparo; como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:********************"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL".******************** ********************En las relatadas condiciones, lo procedente es sobreseer en este juicio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en:********************Omisión de darle el derecho de una asesoría adecuada previo a la celebración del convenio en el expediente de referencia.********************Omisión de ordenar la reposición de la audiencia de celebración de convenio para concluir el expediente familiar ********************, bajo su supervisión y asistencia personal como jueza encargada del Juzgado Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca.********************Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.********************Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: ********************R e s u e l v e:****************************************Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho, contra los actos reclamados consistentes en:********************Omisión de estar presente en la celebración del convenio en el expediente familiar ********************, el día ocho de mayo de dos mil veintitrés.********************Negativa de otorgarle copia certificada del convenio celebrado el ocho de mayo de dos mil veintitrés en el expediente familiar ********************.********************Omisión de darle el derecho de una asesoría adecuada previo a la celebración del convenio en el expediente de referencia.********************Omisión de ordenar la reposición de la audiencia de celebración de convenio para concluir el expediente familiar ********************, bajo su supervisión y asistencia personal como jueza encargada del Juzgado Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca.********************Que atribuye a la jueza Octavo Familiar y Conclusiones de Asuntos del Séptimo Civil de los Juzgados del Centro, Oaxaca; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.********************Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
PRAL 518/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos y emplazamiento. Vistos los autos, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercera interesada a *******************, por ser la contraparte del quejoso en el expediente ***********, del que derivan los actos reclamados en este juicio de amparo, quien señaló ante la autoridad responsable como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ***************, colonia **************************, ***********. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se encomienda al(a) actuario(a) de esta adscripción realice lo siguiente: A. Se haga presente en el domicilio antes señalado y emplace a juicio en su carácter de tercera interesada a ************; además, le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y copia autorizada de este acuerdo; a fin de que, si a sus intereses conviene, comparezca al procedimiento constitucional. B. La requiera para que dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la ciudad de Oaxaca de Juárez o San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, o bien, proporcione un usuario a fin de realizarle dichas notificaciones mediante la vía electrónica; con apercibimiento que, en caso de no hacerlo, sin previo acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. 2. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere, y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. .
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